Sala de Prensa

03/10/2019

Columna de opinión

Pensando en (todos) los niños dentro del sistema de justicia penal

El siguiente artículo, escrito por el Defensor Regional de Aysén, Jorge Moraga Torres, fue publicada por el diario El Divisadero de Coyhaique el 3 de octubre de 2019.

Jorge Moraga, Defensor Regional de Aysén.

Jorge Moraga, Defensor Regional de Aysén.

Por Jorge Moraga Torres,
Defensor Regional de Aysén.

Hoy comienza en la Región de Aysén, junto a otras cinco regiones del país, la aplicación de la Ley N°21.057, conocida en términos simples como la ley “No me pregunten más”, que viene a establecer y regular la realización de la entrevista investigativa video-grabada y la declaración judicial de niños, niñas y adolescentes (NNA) que hayan sido, supuestamente, víctimas de graves delitos.

El objetivo de esta ley es prevenir la lamentable y recurrente victimización secundaria, al sufrir las secuelas de todo aquello por lo que deben pasar, muchas veces en extremo doloroso, cuando forman parte de un proceso penal, particularmente en su calidad de presuntas víctimas.

Desde la entrada en vigencia de esta ley, aquellos NNA que deban participar en un proceso penal como víctimas de graves delitos tendrán la garantía de prestar declaración sobre los hechos que eventualmente han sufrido en condiciones que permitan efectivamente proteger su integridad física y su estabilidad emocional.

Lo anterior lo intenta alcanzar esta ley regulando las estrictas condiciones en que se le tomará declaración a un niño, niña o adolescente dentro de un proceso investigativo penal, declaración que habitualmente, y a diferencia de lo que ha ocurrido hasta hoy, será brindada en una sola oportunidad dentro del proceso investigativo.

Con la entrada en vigencia de esta ley existe una explícita obligación para todos quienes intervienen en los procesos penales de actuar conforme resulte más adecuado al interés superior de los NNA, reconociendo en éstos su progresiva autonomía, el derecho a que su participación en el proceso penal sea estrictamente voluntaria, y reconociéndosele en todo momento a cada uno de ellos su carácter de persona única y valiosa, debiendo, en consecuencia, protegerse siempre su dignidad individual, sus necesidades particulares, sus intereses y su intimidad.

Nuestra región, junto a las de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Maule y Magallanes, tiene el privilegio y la ineludible responsabilidad de ser las regiones pioneras en la aplicación de esta ley. Durante 2020 y 2021 se irán incorporando las regiones del resto del país en la aplicación de esta nueva forma de tratar de nuestras niñas, niños y adolescentes, presuntas víctimas de graves delitos.

Como Defensoría Penal Pública entendemos la necesidad de que esta reforma legal, probablemente la más importante modificación legal implementada en nuestro país en los últimos 20 años en materia procesal penal, logre plenamente sus específicos objetivos.

Todos los organismos públicos que actuamos en el sistema de justicia penal formamos parte del Estado. En razón de aquello y más allá del rol particular que a cada una de éstos le corresponde cumplir en el proceso penal, ya sea investigar denuncias, acusar penalmente, brindar defensa judicial o administrar justicia, para todos éstos resulta prioritaria la obligación de velar por el bienestar de los NNA que participan en este tipo de  proceso.

Nadie de quienes actúan en un juicio es más inocente que los niños que en ellos intervienen. Ellas y ellos, que son el futuro de nuestro país, constituyen el grupo sobre el cual hemos de formular nuestros mayores y mejores cuidados. Resolver los conflictos penales es un asunto de nosotros, los adultos, y en tal tarea no podemos permitirnos lesionar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes.

Nuestra institución, como ya señalé, apoya derechamente esta modificación legal. Creemos que se encuentra bien estructurada y tiene una finalidad que resultaba urgente atender. Dicho aquello, no puedo dejar pasar esta oportunidad para hacer ver que, debiendo ser los niños y adolescentes los destinatarios de nuestra preocupación preferente como Estado y como sociedad, en ello no cabe hacer distinciones.

Todos nuestros niños, niñas y adolescentes han de recibir una especial preocupación. Hoy comenzamos a saldar deudas históricas que en estas materias mantenemos respecto de un grupo de ellos, las potenciales víctimas de delitos. Ahora bien, aquellos NNA que se sientan en el banquillo de los acusados siguen huérfanos de nuestra preocupación y protección como Estado y como sociedad.

No nos olvidemos de esos niños, que también forman parte de nuestro país y su futuro, que muchas veces antes de sentarse en la silla del acusado han sido víctimas de los más terribles abandonos familiares y sociales, y respecto de los cuales, como primera y principal explicación de la situación judicial que les corresponde enfrentar, encontramos una dolorosa existencia, la cual desde los primeros años de vida ha estado carente de un genuino afecto y un modelo que le proteja y forme, como resulta esperable y necesario. ¿O de verdad usted cree que hay niños que nacen “malos”?

Respecto de ellos y ellas, que también son nuestros niños, seguimos teniendo una deuda como país, que permanece frente a nosotros sin ser saldada y que, aunque muchos no la quieran siquiera ver, continúa ahí, cada día más apremiante, injustificada y dolorosa.

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