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Preguntas frecuentes sobre control de identidad preventivo para adolescentes

22/10/2019

Columna de opinión

Preguntas frecuentes sobre control de identidad preventivo para adolescentes

El siguiente artículo fue escrito por el defensor local jefe de Copiapó, Angel Guerrero Bustamante.

El defensor local jefe de Copiapó, Ángel Guerrero Bustamante.

Por Ángel Guerrero Bustamante,
Defensor Local Jefe de Copiapó.

El miércoles 16 de octubre de 2019 se aprobó en primer trámite constitucional, por la Cámara de Diputados, el llamado control de identidad preventivo de adolescentes de 16 y 17 años, con lo que casi es ley de la república esta nueva facultad para las policías, lo que nos lleva a preguntarnos ¿de qué manera va a afectar esta nueva normativa a nuestros jóvenes? Esto nos mueve a reflexionar acerca de la utilidad de esta medida legislativa, para prevenir la comisión de delitos en que se vean involucrados los adolescentes.

¿Qué es el control preventivo y a quién afecta?
El control de identidad investigativo, en términos muy generales, es una facultad autónoma de la policía para identificar a una persona desde los 14 años, si es que hay algún indicio de que está involucrada en un delito o que tiene una orden de detención y que habilita para registrar sus vestimentas, equipaje, vehículo y permite detener a la persona, si del registro resulta un delito flagrante o se constata la existencia de una orden judicial. Este control ya está vigente y afecta a las personas desde los 14 años de edad.

A diferencia del control investigativo, existe un control preventivo, que permite exigir identificación sin necesidad de que exista indicio de que está vinculado a la comisión de un delito y sólo es aplicable a las personas desde los 18 años de edad. La gran diferencia con el control investigativo es que sólo tiene fines de identificación y no habilita a los funcionarios policiales para registrar las vestimentas, equipaje o vehículo de las personas. Este control, hoy en día, no se puede aplicar a los adolescentes y es lo que se quiere reformar para que rija respecto de los jóvenes al menos desde los 16 años de edad.

¿Por qué es necesario discutir el tema?
Se ha señalado en la prensa, citando el dicho popular “el que nada hace, nada teme”, para justificar esta nueva herramienta de control social y que, eventualmente, puede contribuir a disminuir las cifras de delincuencia. Lo cierto es que el control de identidad, en cualquiera de sus variantes, es una medida intrusiva que afecta, en mayor o menor medida, el derecho fundamental de libertad personal, que nuestra Constitución y los tratados internacionales reconocen a todas las personas.

Es el derecho que tenemos todos de circular libremente por nuestras calles sin que nos expongamos a un registro, o incluso a que nos lleven a un cuartel policial para ser identificados. Los derechos fundamentales sólo pueden afectarse de manera excepcional, y de manera proporcional con los fines que se pretenden con la medida, sobre todo para este grupo de personas vulnerables, así reconocidos por las llamadas 'Reglas de Brasilia'.

Dicho lo anterior, podemos anotar al menos tres razones importantes para no recomendar el control preventivo para adolescentes:

1. No resulta útil: si el motivo para ampliar el control es que ha aumentado la delincuencia juvenil, lo cierto es que de acuerdo con estadísticas del Ministerio Público, entre 2010 y 2018 los casos ingresados por delitos cometidos por jóvenes de entre 14 y 17 años a nivel nacional disminuyeron un 34 por ciento. Por su parte, la Defensoría Penal Pública registra una baja del 36 por ciento de infractores juveniles en el mismo periodo.

2. Uso indiscriminado de la herramienta: según estudios de la Universidad Diego Portales (UDP), Carabineros realizó 70 mil 317 controles preventivos de identidad a jóvenes entre 14 y 18 años, entre el segundo semestre de 2017 y el primero de 2018. Es decir, de manera ilegal, lo que demuestra que no han sido capaces de distinguir cuando se está en presencia de un adolescente y, de aprobarse la reforma, podría motivar a continuar el registro hasta de personas inimputables.

3.- Gasto racional de los recursos públicos: aprobar el control de identidad sin un sustento técnico, que avale la medida y con las cifras anotadas en contra, nos lleva a cuestionarnos la legitimidad de la reforma en discusión. Esto nos llama a centrar los escasos recursos económicos en políticas sociales, que realmente ataquen las razones de la delincuencia juvenil e invertir en la reinserción de los actuales infractores.

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