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09/04/2020

Ante el riesgo de contagio por Covid-19

Más de la mitad de las solicitudes de la Defensoría para cambiar cautelares de jóvenes en internación provisoria han sido acogidas

Defensores públicos de todo el país iniciaron hace dos semanas esta acción institucional para salvaguardar los derechos humanos de los privados de libertad, contabilizándose a la fecha cerca de mil 200 audiencias en las que se ha solicitado que tanto imputados adultos como menores de edad privados de libertad puedan pasar a arresto domiciliario total.

Por Paola Sais Dünner,
Defensoría Nacional.

En una acción masiva, coordinada y simultánea que se viene realizado desde marzo pasado, los defensores penales públicos de todo el país, ya suman un total de mil 186 audiencias en las que, basándose en la protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en Chile, han pedido la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva o internación provisoria por arresto domiciliario, a fin de resguardar su integridad física, su salud y su vida en el contexto de la emergencia sanitaria que afecta al país por el Covid-19.

De este total, las solicitudes presentadas por los defensores públicos han sido acogidas en un 53 por ciento de los casos de adolescentes y en un 31 por ciento en las causas de adultos.

De acuerdo con lo informado por la institución, en el caso de los menores de edad imputados y privados de libertad se han desarrollado 151 audiencias para solicitar el cambio de medida cautelar, de las cuales en 80 de ellas los jueces han acogido la petición de la defensa pública.

Esta tendencia se ha dado especialmente en la Región Metropolitana, donde de las 49 audiencias realizadas para revisar las medidas cautelares, en 25 de ellas se ha acogido la solicitud de la defensa, dejando a los menores con arresto domiciliario total.

Algo similar ha ocurrido en La Araucanía, donde se han realizado 12 audiencias de revisión y en diez de ellas los tribunales han resuelto el cambio de medida cautelar.

CASOS DE ADULTOS
En el caso de los adultos imputados que están privados de libertad y que integran algunos de los grupos más vulnerables al contagio del Coronavirus, se han realizado 675 audiencias y en 212 de ellas la petición de la defensa pública fue acogida, por lo que en un 31 por ciento de los casos fue posible el cambio de medida cautelar.

Respecto de esta iniciativa, que partió a fines de marzo, el jefe del Departamento de Estudios y Proyectos (DEP) de la Defensoría Penal Pública, Rubén Romero, explicó que “como dispusiera el Defensor Nacional, a lo largo de todos los tribunales del país los defensores y defensoras desplegaron sus solicitudes de revisión de prisión preventiva para todas personas imputadas en grupos de riesgo ante la actual amenaza de contagio de Covid 19 en las cárceles”.

Frente a los resultados a nivel nacional, según los cuales más de la mitad de las solicitudes para adolescentes han sido acogidas -lo mismo que alrededor de un tercio de las peticiones para internos adultos-, Romero agregó que queda aún mucho trabajo por realizar en favor todas las personas en condición de encierro, hacinamiento y precariedad sanitaria.

Ello, dijo, a efectos de que “exista consciencia en jueces, fiscales y operadores del sistema de justicia sobre la necesidad de resguardar los derechos fundamentales de aquellas personas, la vida, la salud. Y que ello se traduzca en una mayor tasa de acogida a las peticiones de sustitución de prisión preventiva por otras cautelares, particularmente para primerizos y personas que anticipadamente se sabe que cumplirán sus penas en libertad”, sostuvo.

Adicionalmente, las comisiones de libertad condicional están en pleno desarrollo en todo el país y las cifras preliminares arrojan que hasta ahora se han revisado mil 41 solicitudes, de las cuales 634 han sido acogidas, lo que equivale al 61 por ciento.

PRIMERIZOS
Durante esta semana se inició también la revisión de las causas del resto de la población penal que se encuentra privada de libertad en calidad de imputada, con especial consideración en los internos primerizos, con prognosis de cumplimiento de pena en libertad o con caución pendiente de pago.

La iniciativa de la Defensoría Penal Pública se enmarca en un conjunto de acciones del Estado que se orientan a proteger la salud de la población en el contexto de la emergencia sanitaria. Particularmente se suma a otras iniciativas como el proyecto de ley de indulto conmutativo presentado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para condenados privados de libertad que sean parte de grupos de mayor riesgo sanitario.

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