Sala de Prensa

07/07/2020

El requerimiento plantea la inconstitucionalidad de un inciso del art. 9° de la Ley N° 21.226

Tribunal Constitucional acogió a trámite recurso de inaplicabilidad presentado por la Defensoría

El escrito de la defensa pública impugnó una decisión previa del Tribunal Oral en lo Penal de Concepción, que ordenó realizar un juicio oral por vía remota, atentando así contra las garantías fundamentales de igualdad ante la ley y debido proceso en perjuicio del imputado.

Por Marcelo Padilla V.,
Defensoría Nacional.

El Tribunal Constitucional acogió hoy a tramitación un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en una causa seguida ante el Tribunal Oral en lo Penal de Concepción, en el que la defensa pública -en representación de Carlos Ariel Cárcamo Hernández- impugna el art. 9° inciso segundo de la Ley N° 21.226, por atentar contra las garantías fundamentales de igualdad ante la ley y debido proceso, luego de que se obligara al imputado a enfrentar un juicio oral de carácter no presencial.

La Segunda Sala del TC -integrada por su presidenta, María Luisa Brahm Barril, y los ministros Gonzalo García Pino, Cristián Letelier Aguilar, Nelson Pozo Silva y Miguel Ángel Fernández González- resolvió, además, acceder a la solicitud de suspensión del proceso penal seguido en contra del requirente, en actual etapa de juicio.

En particular, el escrito plantea la inconstitucionalidad de la expresión “en forma absoluta”, contenida en el artículo mencionado, pues para suspender la vista de una causa o de una audiencia en la que haya una persona privada de libertad, exige que el impedimento para su realización sea ‘absoluto’.

Javier Ruiz, abogado de la Unidad de Corte de la Defensoría Nacional, explicó que el recurso se presentó la semana pasada y que su redacción fue el resultado de un trabajo coordinado entre esa unidad institucional, el equipo de la Defensoría Regional del Biobío y los defensores públicos encargados de la representación del imputado en el juicio oral, “quienes han instado en todo momento por la realización del juicio de manera presencial”.

NUEVO DÍA Y HORA
En detalle, el pasado 2 de junio y en representación del imputado, la defensora pública Montserrat Varela y el defensor local jefe de Talcahuano, Gonzalo Benavente, solicitaron al tribunal oral fijar nuevo día y hora para la realización del juicio de modo presencial, contexto en que expuso todos los motivos por los que “no es posible la realización de un juicio oral en estas condiciones, sin vulnerar gravemente las garantías del imputado”.

A tal solicitud se opusieron tanto el Ministerio Público como la defensa privada de José Huenupi Contreras, el otro coimputado en la causa. Así, el tribunal no accedió a la petición de la defensa pública y mantuvo el 9 de junio como fecha de inicio del juicio oral, basándose en el derecho del imputado a ser juzgado dentro de un plazo razonable.

PRESENCIA REMOTA
Según esa resolución, el juicio se realizaría con la presencia del juez presidente en la sala, pero con la opción de que los demás integrantes del tribunal pudieran comparecer vía videoconferencia. También autorizó la comparecencia de los testigos por videoconferencia desde el Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles (salvo uno de ellos, domiciliado en Talcahuano), mientras que el acusado debería presenciar el juicio en su contra a través del mismo sistema remoto y desde su lugar de reclusión, el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Arauco.

El abogado Javier Ruiz explicó que la Defensoría Penal Pública decidió presentar este requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad luego de que el Tribunal Oral en lo Penal de Concepción ordenara realizar el juicio oral de forma remota.

Ello, “pese a la oposición de la defensa pública, que en distintas instancias planteó que en esas condiciones se afectan las garantías fundamentales de nuestro representado, el debido proceso y el derecho a la defensa, al obligarse a los intervinientes y a nuestro representado a enfrentar un juicio oral no presencial, en circunstancias que entendemos que la ley no lo permite”, señaló.

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