Sala de Prensa

13/07/2020

Ignacio Barrientos Pardo, Defensor Regional (S) de Antofagasta:

“La ley penal no soluciona todos los problemas sociales”

En entrevista con Timeline.cl, el directivo institucional se refirió a los efectos del endurecimiento de las sanciones penales para quienes son imputados por infringir las medidas sanitarias. Explicó que la Defensoría Penal Pública aboga por una mirada más razonable de los fines de la ley penal.

Por Julia Arriagada Márquez,
Defensoría Regional de Antofagasta.

El pasado 20 de junio fue publicada en el Diario Oficial la Ley N° 21.240, que salió en tiempo récord desde el Congreso para intentar resolver unos de los lados flacos de la pandemia del Coronavirus en Chile: el reiterado incumplimiento de las cuarentenas en las distintas zonas del país. La norma implicó un claro endurecimiento de las sanciones pecuniarias y la imposición de hasta cinco años de cárcel para quienes son sorprendidos circulando en zonas de cuarentena sin la debida autorización otorgada por Carabineros.

En este contexto, el Defensor Regional (S) de Antofagasta, Ignacio Barrientos Pardo, fue entrevistado por el portal Timeline.cl, contexto en que expresó su preocupación por el sustancial aumento en la región de las formalizaciones por aplicación de esta nueva norma, lo que además de recargar innecesariamente el sistema penal -que está tratando de reinventarse para dar respuesta a los desafíos que impone la pandemia-, implica riesgos sanitarios para los detenidos, quienes son trasladados a cuarteles policiales y allí pasan largas jornadas, arriesgando incluso más su salud que si circularan libremente.

-¿Cuál es el panorama que vislumbra la Defensoría frente a este endurecimiento de penas?
-Es muy complejo pretender dar solución a un problema sanitario adoptando medidas que ponen aún más en riesgo la salud de las personas. Debemos poner todas las cosas en su justa medida. Según las cifras del Ministerio de Defensa, desde el comienzo de la pandemia se han efectuado 23,6 millones de controles de parte de Carabineros, la PDI y las fuerzas armadas y sólo un 0,13 por ciento de los controlados dieron origen a una detención por no portar la debida autorización, es decir por lo que se entiende que es una infracción a la cuarentena.

Estamos frente a una cifra muy marginal y que en número sólo representan situaciones muy diversas, de las cuales la mayoría tienen un fundamento laboral o económico. Si se pretendía sancionar a quienes insisten en organizar eventos o seguir lucrando en tiempos de pandemia, esta ley no era del todo adecuada, porque en definitiva lo que está logrando es imponer penas muy duras a quienes salen a ganar el sustento diario.

-En este escenario, ¿la nueva ley ¿constituye un aporte a la crisis sanitaria?
-Pensar que una ley penal soluciona un problema como el que vive actualmente la sociedad es caer en viejas recetas normativas que han demostrado fracaso. Al contrario, nos enfrenta a un escenario más complejo desde el punto de vista sanitario.

Todos los días están pasando un promedio de 8 a 10 personas. Algunos días hasta 40 personas detenidas sólo en Antofagasta y que han debido pasar toda la noche en un cuartel policial, en contacto estrecho con otras personas y los mismos funcionarios policiales, ya que sabemos que las condiciones de estos recintos no son las más adecuadas. Esta norma puede llegar a ser más grave que la enfermedad. Alguien es detenido y por el solo efecto de esta detención puede ser un agente real de propagación de la enfermedad.

En esta crisis sanitaria no podemos perder de vista que muchas veces los casos de infracción se vinculan con la necesidad de subsistencia. Hay familias completas que dependen de un trabajo informal y de los ingresos que pueda generar uno de sus integrantes, quien finalmente se ve obligado a salir a trabajar. Ese tipo de casos son muy distintos a los de quienes a sabiendas infringen la cuarentena a través de convocatoria a espectáculos, celebraciones o festividades prohibidas por la autoridad sanitaria.

'BUEN CRITERIO'
-¿Cómo se puede reparar esta diferencia?
-Para nosotros la mera infracción de la cuarentena por una persona, que potencialmente no puede poner en peligro la salud pública -porque no es Covid positivo-, no puede ser considerada una infracción del art. 318 del Código Penal. En ese caso hay solo una falta penal, sancionada solamente con multa, que no amerita que el infractor deba ser pasado a un control de detención. Esta es la primera muestra de buen criterio que hemos pedido.

También hemos llamado al buen criterio de los ciudadanos, para que eviten salir de sus casas en cuarentena, pero indudablemente esperamos una aplicación racional y razonable de la ley de parte de los fiscales y jueces al revisar estas causas, de modo que sepan distinguir las distintas realidades desde el origen. Es decir, desde la detención hasta la aplicación de las sanciones, ya que al subir los montos de la multa, un procedimiento monitorio parte en 300 mil pesos, suma que claramente no está al alcance de quienes salen a buscar el sustento familiar.

La Defensoría Penal Pública ha abogado desde la discusión de la ley por que el procedimiento monitorio sólo aplica para la multa mínima y puede ser reemplazado por la prestación de servicios en beneficio de la comunidad. La más baja de las sanciones pecuniarias es de 300 mil pesos, pero puede llegar hasta los 10 millones. Pero claro, por una parte están las personas y por otro lado las empresas que, como ya hemos visto, escudriñan la norma y sacan permisos colectivos que no corresponden a su giro u obligan a sus trabajadores a cumplir trabajo presencial aun estando en cuarentena o aislamiento obligatorio. Allí es necesario aplicar el buen criterio.

-Hasta aquí, ¿se ha visto este 'buen criterio'?
-A decir verdad, esta ley tiene dos semanas de vigencia y el aumento de detenciones ha sido muy significativo. Me gustaría pensar que, frente a los anuncios hechos por el Ministerio Público, en relación a que todos los casos pasarán a control de detención, esa es una señal más bien aleccionadora y que con el paso de los días se irán haciendo más criteriosos, ya que no podemos seguir poniendo en riesgo a la ciudadanía.

Perfectamente los detenidos podrían ser requeridos o citados a la Fiscalía al día siguiente o en fecha próxima, pero no puede ser que todos tengan que permanecer en los cuarteles hasta el otro día para que sean sometidos a un control y formalización. Eso no puede ser. La idea es avanzar en buenos términos para afrontar la crisis sanitaria y no provocar nuevos problemas.

-¿Cuál sería la clave para que las cuarentenas sean más respetadas?
-Son variados los factores, pero claramente no es a través del endurecimiento de penas que se va a cambiar una realidad tan evidente. Tenemos una enorme cantidad de personas que viven del llamado 'día a día' y no tienen muchas más opciones que jugársela por salir a buscar el sustento y en esos casos no se consigue cambios de conducta con leyes penales, sino con efectivas opciones sociales.

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