Sala de Prensa

02/09/2020

En charla a estudiantes de la Universidad Católica del Norte

Asesor jurídico de la Defensoría Regional de Antofagasta resaltó la importancia del "Proyecto Inocentes"

Luciano Cisternas expuso, además, sobre los nuevos delitos contra la salud pública introducidos por la Ley N° 21.240, explicando sus alcances, sanciones y efectos en medio de la crisis sanitaria.

Por Julia Arriagada Márquez,
Defensoría Regional de Antofagasta.

Un interesante debate sobre la responsabilidad de los distintos actores del sistema de justicia penal en casos en que personas inocentes son imputados penalmente, se desarrolló en el contexto de  una charla que el asesor jurídico de la Defensoría Regional de Antofagasta, Luciano Cisternas Velis, dio a los alumnos de derecho de la Universidad Católica del Norte.

La actividad, coordinada con la Escuela de Derecho de esa casa de estudios en Antofagasta, abordó dos relevantes temáticas jurídicas: el "Proyecto Inocentes" y los nuevos delitos contra la salud pública introducidos por la Ley N° 21.240. Para tal efecto, Cisternas preparó una presentación que permitió a los alumnos conocer casos y jurisprudencia relevante en ambas materias.

En relación con el "Proyecto Inocentes", el abogado resaltó que la Defensoría Penal Pública asumió como desafío la restitución del derecho en todos aquellos casos en que personas inocentes se ven enfrentadas a la acción acusadora del Estado.

“El primer objetivo de esta iniciativa es contribuir al mejoramiento del sistema de justicia penal, identificando las razones que conllevaron a que una persona inocente estuviera privada de libertad y, a la vez, proponiendo mecanismos correctivos al reconocimiento erróneo, la denuncia falsa y las conductas inadecuadas de los agentes del Estado, entre otras. El sistema es perfectible y debemos contribuir a mejorarlo”, sostuvo Cisternas.

En este contexto, el asesor jurídico enfatizó que otro de los problemas que han enfrentado los inocentes es el del resarcimiento patrimonial, ya que la normativa es muy restrictiva. En este sentido, destacó la labor efectuada por la Fundación Pro Bono -en convenio con la Defensoría- y expuso diversos casos de demandas judiciales de la última década.

“Es complejo determinar en quién o qué institución recae la responsabilidad patrimonial cuando una persona es acusada y luego, incluso habiendo sido condenada, se verifica su inocencia. Esto obedece a que las causales de error no son excluyentes unas de otras. En nuestro país se conocen casos categóricos de inocentes y, aún así, no todos han sido resarcidos patrimonialmente”, puntualizó.

LEY N° 21.240
En cuanto a los nuevos delitos contra la salud pública introducidos por la Ley N° 21.240. Luciano Cisternas explicó a los alumnos que la normativa surge en un contexto muy particular, por lo que apunta a una finalidad determinada, que es disminuir la salida de las personas del confinamiento sin las debidas autorizaciones.

Al respecto, el directivo destacó que “es necesario tener en cuenta que, si bien el objetivo de la norma es muy específico, su incumplimiento puede traer aparejado una enorme recarga en el sistema procesal, dada la enorme cantidad de personas que a la fecha son sorprendidas infringiendo el confinamiento que se adoptó en distintas localidades del país, circunstancia que deriva en la aplicación del artículo 318 del Código Penal”, especificó.

Ante este esccenario, resaltó que la Defensoría Penal Pública tendrá en cuenta todas las acciones que sean necesarias en cada uno de los casos, por lo cual es una preocupación institucional el alto número de infracciones que se han cursado.

“No nos parece adecuado que las personas que, a pesar de las medidas sanitarias, salen a buscar el sustento diario para su familia, deban quedar sometidas a multas muy onerosas, por lo cual estamos adoptando las medidas necesarias para orientar adecuadamente a los infractores y propiciar su debida defensa”, concluyó Cisternas.

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