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25/09/2020

En balance de gestión realizado vía on-line

Defensoría Regional de Coquimbo conmemoró 20 años de nueva justicia penal y abordó el estallido social y la pandemia de Covid-19

La Defensora Regional, Inés Rojas, dijo que la reforma procesal penal significó un cambio fundamental, porque posicionó como garantías fundamentales de las personas el derecho a defensa, el debido proceso y la presunción de inocencia. - Apuntó además que en 2019 hubo 2.073 personas que terminaron sus causas siendo absueltos o sobreseídos y de ellos 121 estuvieron privadas de libertad.

Por Daniel San Martín D.,
Defensoría Regional de Coquimbo.

Un análisis de los logros y dificultades del sistema de justicia penal que entró en vigencia hace dos décadas en la región de Coquimbo y un balance de la prestación de defensa penal en el contexto del estallido social y la pandemia de Covid-19 realizó ayer la Defensora Regional de Coquimbo, Inés Rojas, en una inédita cuenta pública virtual.

La abogada rememoró que el sábado 16 de diciembre de 2000, tanto en Coquimbo como en La Araucanía entró en vigencia la reforma procesal penal, que significó un cambio fundamental, porque posicionó como garantías fundamentales de las personas el derecho a defensa, el debido proceso y la presunción de inocencia.

Añadió que también produjo una mejora significativa en los plazos de tramitación de las causas, la calidad de la información y en la transparencia y publicidad en la actuación de los intervinientes. Dejamos atrás -dijo- una justicia escrita, de puertas cerradas e inquisitiva, por un procedimiento oral, adversarial y transparente.

“En estos 20 años la premisa esencial de la Defensoría Penal Pública ha sido la cautela y protección de los derechos humanos de todas las personas enfrentadas al sistema penal, la mayoría de las veces en condiciones de vulnerabilidad, desamparo o desigualdad, en un esfuerzo por reequilibrar la balanza”, enfatizó.

RETOMAR LA ESENCIA DE LA REFORMA
Inés Rojas recordó que ocho defensores públicos -incluida ella- y un pequeño número de funcionarios fueron el primer equipo de la Defensoría Regional de Coquimbo. Sobre la base de su experiencia en ese proceso, sostuvo que si bien la Defensoría ha fortalecido su relevancia en el proceso penal, todos los actores del sistema deben reflexionar en torno a las brechas que aún existen y que pavimentan la vulneración de derechos o se distancian de los objetivos iniciales de esta gran reforma de la justicia chilena.

“Hay que retomar su espíritu original, que se ha transformado desde el año 2000 por más de 29 leyes modificatorias del Código Procesal Penal y 61 iniciativas que cambiaron el contenido del Código Penal vigente desde 1874”, argumentó.

La jefa regional de la defensa pública indicó que este dato y una sostenida percepción de inseguridad ciudadana dejaron en el olvido ciertos equilibrios y criterios de funcionamiento que fueron parte de la génesis de la reforma. Un punto que siempre advierte la Defensoría es el uso excesivo de la prisión preventiva como condena anticipada para miles de personas que, eventualmente en más del 50 por ciento de los casos, terminarán condenadas a penas no privativas de libertad.

Como ejemplo, la abogada apuntó que en 2019 hubo en la región 2 mil 73 personas que terminaron sus causas absueltas o sobreseídas y, de ellas, 121 estuvieron privadas de libertad. “Es fuerte y dramático comentar que el 44 por ciento permaneció en la cárcel hasta 15 días, el 50 por ciento estuvo hasta seis meses y el 6 por ciento más de seis meses”, recalcó.

En este sentido, planteó que urge un nuevo equilibrio en el sistema, lo que implica un nuevo Código Penal actualizado a la sociedad de hoy, la creación de un sistema de ejecución penal que promueva efectivamente la reinserción social y la consagración definitiva de la autonomía constitucional de la Defensoría Penal Pública, para garantizar su plena independencia para velar por los intereses de quienes representa.

ESTALLIDO SOCIAL Y PANDEMIA
Respecto del estallido social, la jefa regional reconoció un fuerte impacto en la forma de trabajo, lo que implicó infatigables turnos 24/7 de los defensores en recintos policiales. Sin embargo, esta práctica mostró que un número indeterminado de personas detenidas por varias horas no pasó a control de detención, porque la Fiscalía los dejó en libertad o su detención no fue notificada por las policías.

“El informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos resaltó nuestra comprometida cobertura e indicó que las personas detenidas en Coquimbo siempre tuvieron oportuno y pronto acceso a los defensores públicos, que estuvieron regularmente en comisarías y pudieron atender a las personas en las primeras horas de la detención”, subrayó.

En cuanto a la pandemia, Rojas explicó que desde el 16 de marzo pasado la Defensoría activó el 'Plan de Resguardo Institucional', dando continuidad al cumplimiento de la misión con trabajo a distancia para resguardar la salud de usuarios y funcionarios.

Acotó que también significó adaptarse a efectuar audiencias impostergables, como controles de detención e imputados en prisión preventiva a través de videoconferencia, mientras que el resto se fueron postergando. Detalló también que como Gendarmería restringió las visitas a las cárceles, los defensores y profesionales del servicio están realizando entrevistas por videoconferencia a imputados y condenados.

“Nuestra cobertura de defensa penal no ha parado y hemos concentrado esfuerzos en quienes corren mayor riesgo sanitario: las y los privados de libertad”, señaló. Inés Rojas sostuvo también que, sumadas las solicitudes de revisión de medidas cautelares privativas de libertad, la libertad condicional y los indultos, durante este primer semestre en la región 327 personas obtuvieran su libertad con el fin de resguardar su salud.

CIFRAS RELEVANTES 
Por último, especificó que el año pasado esa sede institucional representó a 12 mil 916 personas imputadas, un 7 por ciento menos que en 2018. Agregó que de ese total, el 81,3 por ciento eran hombres, el 4,9 por ciento adolescentes, el 2,8 por ciento extranjeros y 0,5 por ciento indígenas.

Añadió que los principales delitos fueron lesiones (19,3 por ciento), aquellos contra la libertad e intimidad de las personas  (13,8 por ciento), hurto (12,1 por ciento) y delitos de la Ley de Tránsito (10,5 por ciento).

“Durante este primer semestre hay un importante aumento de ingresos asociados a las detenciones en el marco de las restricciones sanitarias y donde precisamente los delitos contra la salud pública ocupan el segundo lugar, con un 12,8 por ciento del total de ilícitos”, finalizó.

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