Sala de Prensa

07/10/2024

Columna de opinión:

23 años de defensa penal y reforma procesal en Atacama

El siguiente artículo, escrito por el Defensor Regional de Atacama, Raúl Palma Olivares, fue publicado en el diario Atacama.

Por Raúl Palma Olivares,
Defensor Regional de Atacama.

El 16 de octubre de 2001 comenzó en régimen la reforma procesal penal en Atacama, como parte de la segunda fase de instalación gradual del nuevo modelo de justicia penal en nuestro país, dejando atrás el anquilosado y opaco sistema inquisitivo, que carecía de garantías concretas para los inculpados, dando un salto civilizatorio de proporciones en el acceso a la justicia y en un proceso penal conforme a estándares constitucionales y de derechos humanos.

Hoy, luego de 23 años, el sistema de defensa penal pública ha atendido en esta región más de 144 mil causas, defendiendo a todo tipo de personas que carecen de un abogado privado, cautelando de esa manera una defensa de calidad para todas y todos sin ningún tipo de diferencia, logrando la Defensoria construir un modelo de defensa penal reconocido internacionalmente.

Ciertamente, todos los sistemas son perfectibles y en el ámbito de la defensa sabemos que debemos profundizar más líneas especializadas de defensa penal que incorporen, con enfoque de derechos humanos, a todos los grupos en situación de vulnerabilidad, como el dramático caso de las personas con problemas de salud mental, o mejorar la cobertura y atención de aquellos que se encuentran privados de libertad en las atestadas cárceles regionales.

Además, debemos procurar disminuir los niveles de prisión preventiva, que se acercan aceleradamente a los niveles pre-reforma procesal, también contribuir a minimizar los riesgos de condena errónea por problemas técnicos en la defensa y malas prácticas de los otros actores.

Sin embargo, un desafió mayor es el mantenimiento de la integridad del sistema de justicia penal en que se encuentra inscrita la defensa penal pública, ya que ha sufrido una retahíla de modificaciones y reformulaciones normativas que han alterado la esencia de un modelo que organiza el proceso penal y la resolución del conflicto sobre un sofisticado equilibrio de garantías para el imputado y amplias facultades de investigación, respetando siempre la dignidad humana y cautelando una gestión eficiente.

En momentos de mayor inseguridad pública surge la tentación por aplicar “justicias” con distinta “velocidad”, con menos garantías en ciertos casos y sucumbir a pulsiones por desandar todo lo aprendido y evolucionado. Sin embargo, con toda la experiencia acumulada en estos años, podemos afirmar que, con racionalidad colectiva, siempre se podrá mejorar lo operativo y la gestión de las instituciones en los territorios, así como las políticas públicas.

Lo que no se puede hacer es intentar controlar la criminalidad por el camino de la violencia estatal, la erosión del estado de derecho y la inefable fragilidad de la democracia.

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