Sala de Prensa

03/11/2020

A 20 años de la puesta en marcha de la reforma procesal penal

La Defensoría Penal Pública es la institución mejor evaluada del sistema de justicia penal

Según reciente estudio de Cadem, mientras el 66 por ciento de los encuestados dijo conocer al servicio y el 35 por ciento lo evaluó con nota 5 a 7, el 82 por ciento de los consultados evaluó con nota 3 al sistema de justicia en su conjunto.

Por Marcelo Padilla Villarroel,
Defensoría Nacional.

Un estudio de percepción encargado por la Defensoría Penal Pública a la empresa Cadem dio cuenta de que, en un contexto de mala evaluación general de las instituciones del sistema de justicia, este servicio tiene los mejores puntajes, atributos y posicionamiento en este ámbito.

En efecto, si en 2018 el 77 por ciento de las personas consultadas puso notas de 1 a 4 al sistema que conforman el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en la actual medición el 82 por ciento de los encuestados puso nota 3 a este conjunto, lo que implica una baja de 5 puntos en el resultado general.

La pesquisa fue de tipo cuantitativo probabilístico, se realizó a través de entrevistas vía teléfono celular e incluyó a mil 208 hombres y mujeres mayores de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos y habitantes de todas las regiones del país, con un margen de error estadístico de 2,8 por ciento.

En detalle, esta negativa evaluación global aumentó más en las mujeres (87 por ciento) que en los hombres (77 por ciento) y más en los tramos de jóvenes de 18 a 34 años (84 por ciento) y de adultos de 35 a 54 (85 por ciento) que en el de adultos mayores de 55 (77 por ciento).

LA DEFENSORÍA MEJORA
En el caso de la defensa pública, las conclusiones de la evaluación señalan que “la Defensoría alcanza una mejor posición, por sobre la Fiscalía, los tribunales y el Ministerio de Justicia (…) con un mayor porcentaje de notas de 5 a 7 (35 por ciento), luego la Fiscalía (30 por ciento), mientras que el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia logran los porcentajes más bajos de evaluación positiva, con 23 y 26 por ciento, respectivamente”. En todos los casos, sin embargo, los porcentajes de evaluación positiva mejoran respecto del estudio de 2018.

Este mejor desempeño de la institución se replicó al medir ‘confianza y transparencia’, pues el 31 por ciento de las personas otorgó a la Defensoría una evaluación de 5 a 7, en un contexto en que ninguna de las otras instituciones llegó al 30 por ciento en este rango de buena evaluación. En el caso de la institución, este resultado supera en 9 puntos al obtenido en el estudio de 2018.

POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL
Otro buen resultado para la Defensoría surge del grado de conocimiento público respecto de qué es la institución. En este ámbito, el posicionamiento del servicio ha aumentado 22 puntos en cinco años, pues pasó de 44 por ciento en la encuesta de 2015 a 53 por ciento en 2018 y ahora aumentó a 66 por ciento.

En este ítem, además, el grado de conocimiento de la Defensoría es mayor entre quienes pertenecen a pueblos originarios (72 por ciento) que entre quienes no forman parte de ellos (63 por ciento) y también baja gradualmente según disminuye el nivel socioeconómico de las personas consultadas. Así, en el segmento C1 el grado de conocimiento de la Defensoría es de 87 por ciento, pero baja a 56 por ciento en el segmento D/E.

Consultado sobre estos primeros resultados, el Defensor Nacional, Andrés Mahnke, consideró que estas cifras “refuerzan la necesidad de que todos los actores del sistema de justicia nos acerquemos más a las personas, pues cuando la desaprobación en el desempeño y la desconfianza aumentan, la respuesta de las instituciones debe ser desde la transparencia”, señaló.

El directivo destacó la trascendencia de este estudio, que ocurre a 20 años del inicio de la reforma procesal penal y en medio de un año muy complejo, “donde en la agenda pública se ha relevado la importancia del reconocimiento y protección de los derechos, por lo que existen mayores exigencias ciudadanas respecto de lo que las instituciones debemos hacer”, aseguró.

Según Mahnke, “cada vez es más necesario y urgente que el sistema de justicia hable en un lenguaje claro, pues las personas tienen derecho a entender las implicancias de una decisión judicial, ya que muchas veces ese desconocimiento lleva a una evidente confusión y, desde ahí, a una mala evaluación”, sostuvo.

OTRAS CIFRAS RELEVANTES
El estudio también pesquisó el grado de conocimiento de las personas respecto de distintos términos jurídicos de uso cotidiano en el sistema de justicia y la conclusión es que éste es alto, porque el 90 por ciento entiende qué es la prisión preventiva y entre el 83 y el 88 por ciento entiende conceptos como libertad condicional, persona imputada o formalización. Las cifras bajan al medir los conceptos ‘absuelto’ (76 por ciento) y sobreseimiento (54 por ciento).

Además, el 89 por ciento de las personas consultadas valoró como importante la existencia de un organismo público que represente a las personas imputadas, sumando dos puntos más que en 2018, cifra que aumenta en el segmento de jóvenes de 18 a 34 años (92 por ciento) y en el grupo socioeconómico más alto (95 por ciento en el C1).

El estudio también midió el grado de conocimiento público respecto de las tareas más reconocidas de la Defensoría. Entre las más identificadas, las personas mencionaron “garantizar que toda persona acusada de un delito cuente con un abogado defensor (86 por ciento), defender penalmente a condenados por delitos (72 por ciento) y en menor medida defender los derechos humanos (63 por ciento)”.

En tanto, los atributos más valorados de la institución fueron el trato igualitario y explicar en forma clara la situación a las personas que atiende.

“En la Defensoría hemos hecho múltiples esfuerzos para dar a conocer lo que hacemos y, sobre todo, explicar que el derecho a la defensa es un pilar fundamental del aseguramiento de un juicio justo, lo que puede explicar que recibamos una evaluación progresivamente más positiva en términos de confianza y percepción general del servicio, pero sobre todo desde el cada vez mayor conocimiento que tiene la población de lo que hacemos y de la importancia de la existencia de la defensa como eje fundamental en el resguardo de los derechos humanos”, señaló el Defensor Nacional.

JUICIO JUSTO Y DERECHOS HUMANOS
Al consultar respecto de la posibilidad de que una persona de altos ingresos y otra de bajos ingresos tengan acceso a un juicio justo, el 49 por ciento consideró que es más probable que ocurra en el primer caso y el 29 por ciento señaló que no existe ninguna posibilidad de que ello ocurra con alguien de bajos ingresos. En promedio, el 57 por ciento dijo creer que es muy probable que ello ocurra con una persona de ingresos altos y sólo el 8 por ciento que ello sea posible en el caso de una persona migrante, entre otros parámetros.

Por último, el 57 por ciento estuvo de acuerdo con la idea de mejorar las condiciones de vida al interior de los recintos penitenciarios y el 43 por ciento apoyó la idea de que las personas privadas de libertad reciban la debida protección ante el Covid-19. En paralelo, aunque el 34 por ciento consideró que en Chile se respetan los derechos de estas personas, sólo el 33 por ciento se mostró partidario de que tengan los mismos derechos que el resto de las personas.

A partir de ello, y como parte de los desafíos que observa en los resultados de este estudio, Andrés Mahnke mencionó la necesidad de visibilizar la realidad de los grupos vulnerables atendidos por la institución (pueblos originarios, jóvenes, migrantes o extranjeros y personas con discapacidad mental, entre otros) y la situación de las mujeres y hombres privados de libertad.

“En un país como el nuestro, donde las cárceles están hacinadas con hombres y mujeres en su mayoría pobres, no es de extrañar que se perciba que la justicia no es igual para todos, como lo muestra el estudio”, aseveró.

Según el abogado, esto refuerza la responsabilidad del sistema penal de avanzar hacia una mayor especialización, para atender los nuevos desafíos que impone la cautela los derechos humanos.

“La nacionalidad, el origen y la falta de oportunidades, entre otros, son factores que hace tiempo vemos que inciden en la aplicación de prisión preventiva y estas cifras muestran que la sociedad también lo percibe así. El sistema de justicia no puede perpetuar o acrecentar la desigualdad. Debe ser capaz de incorporar criterios para diferenciar sus respuestas ante la diversidad de los conflictos, de los actuales reproches sociales y los contextos de vida de las personas involucradas, para transformarlo en un ámbito que incida directa y eficazmente en el fortalecimiento de la paz social”, finalizó el Defensor Nacional.

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