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23/11/2020

La Defensora Regional Metropolitana Sur fue entrevistada por El Mercurio

Loreto Flores: “Si una persona está a punto de fallecer (…), debería hacerlo en su domicilio y no en la cárcel” (*)

En la entrevista -previa a su balance regional-, planteó temas referidos a la situación en las cárceles, los beneficios para mujeres y la dignidad de los imputados e imputadas.

(*): La siguiente nota fue publicada en el diario El Mercurio.

Haciendo un énfasis en la atención de mujeres encarceladas, donde se concentra el trabajo de los defensores penitenciarios de la cárcel de mujeres de Santiago, y San Miguel, donde se concentras las condenadas e imputadas de la región.

En la nota se relató al historia de Jeimmy V. (37) quien estaba condenada a nueve años de cárcel por homicidio y que falleció hace una semana producto de un cáncer renal en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Joaquín, no pudiéndose modificar el modo de cumplimiento de su pena, pese a las gestiones desplegadas por la defensora penitenciara Keomara Henríquez.

Dentro de las situaciones apremiantes en relación con las mujeres privadas de libertad, la nota del periódico indica:

En su zona, dice, “vemos género al 100% en la Región Metropolitana”, atienden la cárcel que tiene a las condenadas y han “advertido que las mujeres constituyen un grupo vulnerable dentro de las prisiones, principalmente por su género”.

Segundo, la necesidad de una ley y jueces de ejecución. “Si una persona está a punto de fallecer, o con un cáncer irreversible, humanitariamente debería fallecer en su domicilio y no en una cárcel”, afirma la abogada.

UN GRUPO VULNERABLE EN PRISIÓN
Describe que, a menudo, las mujeres que llegan a prisión han “sufrido violencia de género, tienen largas historias de victimización, la gran mayoría son madres y tienen responsabilidad de cuidado, y todos los eventuales problemas de dependencia que existen, de alcohol o de drogas, se agudizan en prisión”. Agrega que “este cambio de rol, de haber sido cuidadoras de sus familias a ser prisioneras, les causa mucha ansiedad y depresión”.

Para Flores es “muy distinto a lo que ocurre con los hombres privados de libertad. Todas las normas, el reglamento penitenciario, (…) las cárceles en sí están concebidas para varones”. Por ejemplo, apunta, en el CPF de Santiago, en San Joaquín, hay 488 internas condenadas, solo en Santiago 1, que alberga imputados en prisión preventiva, hay entre 4.000 y 4.200.

“En pandemia, esta situación es más grave aún, porque no han podido ver a sus hijos ni a sus familiares más cercanos”, advierte, aunque reconoce que hay un sistema de videollamadas implementado por Gendarmería que “funciona bastante bien”.

MUERTE EN PENALES
“El caso de Jeimmy es dramático, pero es transversal (a mujeres y hombres), y dice relación con no morir en las cárceles”. Se intentó ante un juzgado de garantía, explica la defensora regional, que siguiera cumpliendo la pena impuesta en su domicilio, mediante la aplicación de normas de derecho internacional, porque “nuestra normativa interna efectivamente no lo contempla y, al mismo tiempo, se comenzó el trámite de un indulto”.

Sin embargo, murió antes, porque los indultos, puntualiza, “tienen un procedimiento largo, es una facultad exclusiva del Presidente de la República,” y no es simple “eliminar una condena que, en este caso, era por un homicidio”. “Estos plazos, a veces, no se condicen con situaciones humanitarias como esta”, subraya Flores.

Por eso, es partidaria de modificaciones legales: “Creo que el país se merece una ley de ejecución. Con la cantidad de personas que están privadas de libertad, es necesario que exista una ley y jueces de ejecución, que permitan tomar estas decisiones con fundamentos médicos, técnicos, escuchando a todos los intervinientes —a los familiares, a las eventuales víctimas—, y que estas situaciones se puedan resolver en forma rápida”.

CRISIS SOCIAL Y SANITARIA
Mañana en su cuenta, la defensora Flores volvería sobre las mujeres privadas de libertad —que representaron el 20% de los ingresos de su jurisdicción en 2019 y a septiembre de este año ya sumaban el 15%—, así como los dos fenómenos que marcaron los últimos meses.

“Queremos relevar que a la defensoría le ha tocado prestar un servicio no solo de defensa, sino de protección de los derechos humanos por el estallido social”, dice.

También destaca que, a propósito de la pandemia, comenzaron a perseguirse como delitos las infracciones a la normativa sanitaria y “eso ha mostrado su peor cara en las zonas más vulnerables”, donde a veces la conducta “no dice relación con la comisión de un delito, sino con el retorno al hogar después del trabajo”, por ejemplo.

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