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27/11/2020

Luis Soto fue entrevistado como parte del ciclo de conversaciones de radio "UACH" con la Defensoría

Defensor Regional de Los Ríos “Es absolutamente factible compatibilizar la seguridad del país con la recepción de personas extranjeras y migrantes”

Junto a la presidenta de la ONG Migrantes en Los Ríos, Grace Arango, el directivo conversó sobre defensa penal y migración con el periodista Alejandro Escobar.

Por Malú Rodríguez Sepúlveda,
Defensoría Regional de Los Ríos.

El Defensor Regional de Los Ríos, Luis Soto, y la presidenta de la ONG Migrantes en la zona, Grace Arango, conversaron este martes sobre defensa penal y derechos de personas extranjeras y migrantes con el periodista Alejandro Escobar, en el marco de un ciclo de diálogos con la Defensoría Penal Pública que emite radio "UACH" de Valdivia.

Soto comentó que la incidencia de delitos cometidos por personas migrantes es muy baja en el país y que en la región representan menos del 1 por ciento de los ingresos de causas.

Respecto de la necesidad de una defensa especializada para este grupo de la población, el abogado explicó que las personas migrantes en situación irregular son consideradas como un grupo vulnerable, debido a las dificultades que afrontan en cuanto a idioma, costumbres, cultura, posibilidades laborales y escasas redes sociales y familiares.

“Por tanto, se encuentran más expuestas a violaciones potenciales o reales de sus derechos y a diferencias en el acceso a los recursos públicos del país al que llegan”, señaló.

Agregó que para la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), los Estados no sólo están obligados a remover desigualdades jurídicas que existan en el trato con los extranjeros, como también respetar y no incurrir en conductas discriminatorias, sino que "deben garantizar el pleno ejercicio de los derechos en igualdad  de condiciones respecto de las personas nacionales”.  

En cuanto a derechos específicos de las personas extranjeras y migrantes en el sistema penal, detalló que algunos tienen relación con recibir apoyo de una defensora o defensor especializado, ser informados del motivo de su detención en un idioma que comprendan, que su situación judicial sea informada a su consulado o embajada y solicitar asilo o refugio en caso de ser necesario.

ONG MIGRANTES
En tanto, Grace Arango contó que aun cuando venía trabajando desde antes, este mes la ONG Migrantes cumplió formalmente tres años desde su conformación en Los Ríos, con el propósito de desplegar ayuda a las distintas comunidades  migrantes que han llegado a la región sin redes de apoyo. “Desde la ONG les entregamos información sobre la institucionalidad pública y privada, para ayudarles en adaptación e integración”, comentó.

La dirigenta agregó que en el contexto de la pandemia se han abocado a apoyar en necesidades básicas como canastas familiares, leña, gas, medicamentos, citas médicas y traslado. “A través del voluntariado de unas 30 personas, que ayudamos como sociedad civil, nos encargamos esta tarea de apoyar en todo lo que podamos, al igual que yo también lo requerí al llegar al país y no estaban las redes con las que contamos hoy en la región”, señaló.

SITUACIONES FRECUENTES
Sobre posibles discriminaciones, Luis Soto mencionó que si bien no las ha observado en procesos judiciales, se ha apreciado en algunos casos cierto sesgo en la forma en que se inician determinadas  investigaciones.

“Por ejemplo en buses interregionales, la policía se ha dirigido  directo a las personas extranjeras, lo que puede ser olfato policial, pero ciertamente no está establecido en la ley. El que alguien sea migrante no puede ser un indicio para que una persona sea revisada en sus vestimentas o el equipaje que porta. Es una discusión abierta”, puntualizó. 

Ambos entrevistados coincidieron en que una situación frecuente es el caso de personas que ingresan por pasos no habilitados al país, con la idea de regularizar su situación posteriormente, mediante una auto denuncia ante el Departamento de Extranjería y Migración.

“El problema es que la ley migratoria data de 1975, en un contexto de dictadura en el país, en que todo lo extranjero era visto como amenaza para la seguridad nacional,  por lo que se estableció hasta el día de hoy que el ingreso ilegal tiene carácter de delito y  puede ser denunciado desde las distintas intendencias regionales y decretarse la expulsión inmediata del país”, explicó el directivo, quien agregó que en estos casos lo que hace la Defensoría es presentar recursos de amparo en favor de la persona afectada.

Soto dijo que la segunda situación frecuente se relaciona con personas que, si bien ingresaron al país por pasos legales, pueden ser perseguidas penalmente de igual manera una vez que su visa de turista expire, en cuyo caso se dan expulsiones que pueden vulnerar severamente los derechos del niño o la niña nacida en el país, de padres en situación irregular.

“Sus hijos e hijas no pueden ser desarraigados de su país de nacimiento, lo que ocurriría si deben partir con ellos. En todas estas situaciones, la Defensoría ha presentado recursos de amparo en favor de personas y niños migrantes”, agregó.

“NADIE SOBRA”
Finalmente, Grace Arango enfatizó que la migración siempre ha existido e instó a la empatía y solidaridad, sobre todo en medio de la pandemia. “En este contexto el migrante no la está pasando bien, por lo que el mensaje es que se pongan en sus zapatos y entiendan su situación. Quienes llegamos al país y a esta región somos parte de esta ola migratoria para aportar al país. Venimos  con buena intención”, expresó.

El Defensor Regional aclaró que el mundo se ha formado a partir de migraciones y que existe la esperanza de que la nueva ley de extranjería sirva como un elemento unificador e integrador a nuestra sociedad de quienes han elegido a este país para vivir.

“No hay que criminalizar la migración y entenderla como un fenómeno social y económico, en tanto quien viene como migrante llega con toda la energía por un proyecto de vida. En este país nadie sobra”, dijo Soto.

Agregó, por último, que en el caso de que una persona migrante tenga contacto con el sistema de justicia, la Defensoría Penal Pública está para defender sus derechos. “Es absolutamente factible compatibilizar la seguridad del país con la recepción de personas extranjeras y migrantes”, concluyó.

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