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01/12/2020

Con proyecto de la Defensoría Regional de Los Lagos:

Defensoría postuló a concurso nacional de innovación pública con programa de acompañamiento y orientación a usuarios

La iniciativa nació de una alianza estratégica con la Universidad Santo Tomás y permite que usuarios primerizos en prisión preventiva y personas inimputables puedan contar con tutores y tutoras para orientarlos a ellos y sus familias, además de ser un vínculo operativo con la defensa técnica y los profesionales de apoyo

Por Jorge Mansilla Macías,
Defensoría Regional de Los Lagos.

La semana pasada se concretó una nueva postulación de la Defensoría Penal Pública a la versión 2020 del concurso “Funciona!”, que todos los años reconoce a equipos de distintas instituciones públicas por sus ideas o proyectos para mejorar el servicio que cada uno entrega a sus usuarios y usuarias.

Este año, la Defensoría postuló con el proyecto denominado “Acompañamiento multidisciplinario a familias de imputados/as sin antecedentes penales y en prisión preventiva y a imputados/as con enfermedades mentales”. El convenio interdisciplinario se materializa en distintos ejes: el primero tiene que ver con la posibilidad de contar con curadores ad litem para aquellos acusados inimputables que no tienen familiares que puedan apoyarlos para cumplir la tarea de representar sus derechos en el proceso. En esa misma línea, y paralelamente, el propósito es rearticular redes de soporte para estas personas.

En segundo lugar, el programa trabaja con las familias de las personas que por primera vez ingresan a prisión preventiva, para acompañarlos en el proceso de conocer, entender y sobrellevar los efectos de una imputación penal. Todos estos aspectos tienen que ver con una mirada de género, es decir, potenciar y reafirmar, por ejemplo, el rol de las mujeres imputadas o cónyuges de quien enfrenta el proceso penal.

La Defensora Regional de Los Lagos, María Soledad Llorente, destacó la iniciativa postulada como una nueva dimensión en que la Defensoría Penal Pública se conecta con la comunidad.

“Nuestro vínculo con la ciudadanía es permanente y, en ese sentido, este programa de acompañamiento abre nuevas posibilidades para ese vínculo, porque, por una parte, nos hacemos cargo de un desafío que durante años hemos tratado de resolver no sólo en la región de Los Lagos, sino que en todo Chile, como es la representación de personas inimputables y un acompañamiento integral para usuarios primerizos, y por otra, nos conectamos con el mundo académico para integrarlo a nuestras labores, en una alianza público-privada que sitúa a la comunidad general ya no sólo como destinataria de nuestro trabajo, sino también como parte importante del mismo”, sostuvo

INICIATIVA DE JUSTICIA ABIERTA
Asimismo, la jefa regional de la defensa pública destacó el aporte del proyecto al compromiso de la Defensoría con las iniciativas que impulsa el Estado de Chile en materia de Justicia Abierta.

“Es una iniciativa de Justicia Abierta porque integra a la comunidad en nuestro trabajo y, por tanto, mejora el acceso a la justicia, generando valor público. Así, incide directamente en uno de los desafíos del sistema en su conjunto, que es mejorar la percepción y comprensión de la ciudadanía sobre el mismo”, señaló.

Peter Sharp, experto en Gobierno Abierto y presidente de la Asociación Nacional Democrática de Funcionarias y Funcionarios de la Defensoría Penal Pública (Andfud), que patrocinó la postulación a “Funciona!” 2020, señaló que la iniciativa contiene elementos virtuosos para la función pública.

“Es un proyecto innovador porque, no obstante que nuestra misión es entregar defensa de calidad, la centra en un claro concepto de defensa de la dignidad humana, a través del respeto de los derechos humanos de las y los beneficiarios del proyecto", explicó.

Sharp agregó que la iniciativa encarna muy bien los valores de la Defensoría, “pero también encarna muy bien el camino que tomó la Defensoría, comprometida con los derechos humanos, pero sobre todo hoy, en este nuevo tiempo, la idea de la gobernanza abierta, es decir, transparencia en el proceso, participación con la ciudadanía y espacios colaborativos con la academia, la sociedad civil y con otros intervinientes del sector Justicia”, concluyó.

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