Sala de Prensa

15/12/2020

El juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo una exposición y contestó preguntas

Defensores públicos de todo el país participaron en conversación con Raúl Eugenio Zaffaroni

El encuentro, organizado por la Unidad de Derechos Humanos de la Defensoría Penal Pública, permitió revisar temas tan diversos como la importancia del derecho a defensa, el abuso de la prisión preventiva y la crisis carcelaria en la región, problemas que el experto identificó desde la óptica del ‘populismo punitivo’.

Por Marcelo Padilla Villarroel,
Defensoría Nacional.

En una capacitación prevista originalmente en formato presencial, pero realizada a través de plataformas remotas a causa de la pandemia de Coronavirus, 125 defensores públicos de todo el país asistieron a una jornada en que el abogado y académico Eugenio Raúl Zaffaroni, ex ministro de la Corte Suprema de Argentina y actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), expuso su visión sobre el necesario aporte de la defensa pública al resguardo de los derechos humanos en los países de la región.

El encuentro, organizado como parte de las actividades de conmemoración de los 20 años del inicio de la reforma procesal que permitió la creación de la Defensoría Penal Pública, fue moderado por el jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Defensoría Penal Pública, Tomás Pascual, e incluyó un saludo inicial del Defensor Nacional, Andrés Mahnke.

Junto con saludar y agradecer al reconocido expositor, Mahnke hizo una pequeña introducción en que relevó la importancia del derecho a defensa, pues “valida y legitima el sistema de justicia, fortalece el acceso a la justicia y permite el goce de otros derechos”.

También destacó la importancia de la Convención Americana de Derechos Humanos y de otros tratados internacionales que refuerzan la protección de grupos vulnerables sometidos a distintas formas de discriminación estructural, contexto en que identificó tres elementos a tener en cuenta: la necesidad de autonomía de la defensa pública, la urgencia de ampliar la cobertura de defensa pública a toda la extensión del proceso penal y la importancia de fortalecer las defensas especializadas, con enfoques diferenciados para distintos grupos vulnerables.

“Estamos de cara a un proceso constituyente que hace urgente promover el rol de la Defensoría Penal Pública y de su necesaria autonomía, que no es un capricho, sino un resguardo para una defensa independiente, sin intervención externa, como un equilibrio frente a la persecución penal y la labor de los tribunales”, dijo.

Agregó que es imperativo desarrollar esfuerzos para generar herramientas integrales que consideren al imputado como sujeto de derechos, incorporando elementos y criterios que exceden al sistema penal. “Hoy sabemos que las condiciones de vulnerabilidad de distintos grupos de población demandan una protección multinivel”, sostuvo.

NO BASTA CON LOS CÓDIGOS
Al iniciar su intervención, Zaffaroni comentó que el masivo desarrollo de códigos penales acusatorios en la región presenta una deficiencia base, porque “ningún código puede funcionar sin infraestructura y en nuestra región tenemos esa insuficiencia”.

Luego explicó que lo anterior reitera un “problema ancestral” de la región, que es la cantidad de presos sin condena en nuestras cárceles, los que “superan el 50 por ciento promedio, cuestión que no ha cambiado con la existencia de códigos acusatorios. Es una situación grave, porque corremos el riesgo de cambiar presos sin condena por condenados sin juicio”, señaló.

El jurista se refirió luego a otro problema estructural que observa en la región: la demagogia punitivista, apoyada por medios monopólicos y concentrados que engañan a la población, creando realidades falsas, lo que influye en que, aun cuando el proceso acusatorio distingue a distintos sujetos procesales que deben funcionar en equilibrio, en la práctica el proceso penal se transforma en puramente inquisitivo.

“La autonomía del Ministerio Publico de la Defensa debiera ser equivalente a la del Ministerio Público fiscal, sin potestad alguna del Ejecutivo y con tuición del sistema interamericano de derechos humanos. Esta autonomía es clave para el ejercicio de la defensa. (Luigi) Ferrajoli proponía que la defensa también debiera tener una policía de investigación de descargo a su disposición, entendida como un órgano auxiliar equivalente al que usa el Ministerio Público para la prueba de cargo”, aseguró.

Según Zaffaroni, la defensa no puede reducirse sólo a los actos procesales judiciales y debe ejercerse desde el momento mismo de la detención de una persona -incluso si ésta es administrativa-, para evitar la ocurrencia de diversos abusos.

“La importancia de institucionalizar y fortalecer la defensa pública como obligación del Estado no es delegable y es más importante en nuestra región, dada la selectividad del poder punitivo, que se agudiza según el grado de estratificación de nuestras sociedades. La realidad regional nos plantea un problema serio, previo a la pandemia, pero que ésta agudizó: nuestras poblaciones penales están integradas en un 80 a 85 por ciento por personas imputadas o condenadas por delitos contra la propiedad sin violencia física, es decir delincuencia de sobrevivencia”, señaló.

MEDIOS MONOPÓLICOS
Según el experto, esta selectividad punitiva es apoyada por los medios monopólicos, en una zona del planeta que presenta una distribución de la riqueza incluso más injusta y desigual que la de África.

“Este tratamiento diferenciado por una marcadísima estratificación social está normalizado. Es obvio que en una población pobre nadie aprende a hacer evasión fiscal, pero sí a sacarle dinero del bolsillo a un pasajero del autobús”, ejemplificó.

En ese sentido, sostuvo que las policías actúan como agencias de criminalización secundaria, que seleccionan según pautas burocráticas, es decir hacer lo más fácil y responder a estereotipos. “Lo más fácil es encontrar a alguien que va con uniforme de ladrón por la calle. Ese es el resultado de esta selectividad punitiva”, explicó.

Por último, advirtió que el aumento de los niveles de prisionización en la región americana ponen en duda la vigencia real de sus leyes penales, pues la población penal ha ido creciendo a un ritmo de 7 por ciento anual en algunos países y con deterioros muy graves de los sistemas penitenciarios, con niveles de sobreocupación de hasta 750 por ciento.

“El presupuesto no creció, el número de funcionarios bajó y se alteró la relación entre éstos y los presos, de modo que muchas cárceles están a cargo de los presos, con mafias internas que someten al resto a condiciones de servidumbre y con conflictos de hegemonía entre grupos rivales, con decenas y hasta cientos de muertos. Muchas de nuestras cárceles han degradado en campos de concentración”, aseguró.

EXCELENTE EVALUACIÓN
Tras el término de su exposición, Eugenio Zaffaroni contestó diversas preguntas de los defensores públicos participantes, tras lo cual el jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Defensoría, Tomás Pascual, evaluó muy positivamente la actividad, por la diversidad de temas tratados

"Abordó materias tan variadas como la detención administrativa, la necesidad de regular la prisión preventiva, los problemas del sistema carcelario y de la aplicación de las penas, el ejercicio de la defensa técnica y los desafíos que ha supuesto la pandemia de Covid-19 para el sistema interamericano de derechos humanos”, concluyó.

 

 

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