Sala de Prensa

20/04/2021

En audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Defensor Nacional (S) entregó informe sobre situación de personas privadas de libertad en Chile

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a este tribunal regional que elabore una opinión consultiva sobre enfoques diferenciados en grupos específicos de la población carcelaria, como son mujeres embarazadas y lactantes, adultos mayores, personas indígenas; comunidad LGTBI y niños y niñas con sus madres en prisión.

Por Paola Sais Dünner,
Defensoría Nacional.

El Defensor Nacional (S), Marco Montero, fue el encargado de entregar hoy a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) las observaciones de la institución respecto de la situación de las personas privadas de libertad en Chile.

En su exposición, Montero hizo especial hincapié en el objetivo permanente de la Defensoría de entregar una defensa penal especializada a distintos grupos vulnerables de población.

Las audiencias públicas, iniciadas ayer, se dan en el marco de la solicitud de opinión consultiva sobre enfoques diferenciados en la población de las personas privadas de libertad que la CIDH solicitó a la Corte IDH, para lo cual esta entidad pidió sus observaciones a distintos organismos latinoamericanos directamente vinculados con esta área.

Lo anterior, con el objetivo de contar con una interpretación conjunta de varias normas interamericanas acerca de las obligaciones sobre las personas privadas de libertad, con la finalidad de enfrentar la desigualdad existente en distintos grupos en situación de riesgo, como mujeres embarazadas, en período de posparto y lactantes; personas LGTBI, indígenas, adultos mayores y niños y niñas que viven con sus madres en prisión.

OPORTUNIDAD HISTÓRICA
Al comenzar su intervención, Marco Montero dijo que esta petición es “una oportunidad histórica en el marco del Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos, para que la Corte IDH desarrolle los estándares que los Estados deben adoptar, en el marco de las obligaciones generales de respeto y garantía de estos grupos en especial situación de vulnerabilidad, con criterios de igualdad y no discriminación”.

Destacó que desde sus inicios, en 2001, la Defensoría Penal Pública ha venido trabajando con mucha intensidad en un enfoque diferenciado para satisfacer las necesidades de nuestros usuarios y entregar una defensa jurídica de calidad a distintos grupos de población.

“No obstante, pese al esfuerzo de la institución, debo señalar que a nivel local subsisten deficiencias que requieren de nuestra atención y respuesta. Creemos que el enfoque diferenciado que la Defensoría realiza hoy se traduce en un servicio de defensa especializado en determinados grupos considerados vulnerables, como lo son niñas, niños y adolescentes; personas privadas de libertad, indígenas, migrantes, personas con discapacidad mental y/o psicosocial. Todo, siempre con perspectiva de género”.

¿Cómo lo ha hecho la Defensoría Penal Pública? Estableciendo estándares que regulan la calidad de la defensa, diseñando instrumentos específicos que contribuyan al actuar de los defensores públicos a través de manuales de actuaciones mínimas; y mediante inspecciones internas y externas permanentes, para evaluar la calidad de la defensa que se les brinda a nuestros representados.

El Defensor Nacional (S) explicó que Chile no cuenta con un sistema de ejecución de penas y carece de un ordenamiento sistemático y de jueces de ejecución que garanticen el ejercicio de los derechos de las personas condenadas

“Hoy, la regulación descansa en un reglamento de establecimientos penitenciarios que no entrega una normativa detallada sobre el tratamiento para ciertos grupos como la comunidad LGTBI, los adultos mayores, los pueblos indígenas y las personas con discapacidad”, señaló.

Según Montero, la Defensoría Penal Pública ha buscado satisfacer esta brecha “a través de una defensa técnica que sea consistente con estas necesidades especiales, que permita llevar llevar adelante una estrategia jurídica que considere los impactos que el sistema penal genera en ellas”.

El directivo precisó que en la institución existe un enfoque diferenciado para cada uno de los grupos que hoy reciben una defensa especializada, tras lo cual entregó ejemplos concretos para cada uno de ellos.

LOS DESAFÍOS
En sus observaciones ante la Corte IDH, el Defensor Nacional (S) destacó que se hace necesaria una ley de ejecución penal con perspectiva de género que garantice los derechos de las personas condenadas y se haga cargo de los efectos desproporcionados de la privación de libertad en los grupos consultados y otros que también son prioritarios.

También dijo que es necesario contar con tribunales de ejecución de penas y con recursos judiciales idóneos para garantizar los derechos de las personas privadas de libertad, así como el fortalecimiento de las defensorías públicas de la región que representan a estos individuos, garantizando su autonomía.

Junto con proponer que se avance en las líneas de defensas especializadas, Montero planteó la creación de un registro de denuncia y monitoreo de situaciones de violencia institucional carcelaria, que permita prevenir y resguardar los derechos de las personas privadas de libertad y satisfaga de forma oportuna su acceso a la justicia.

Cabe destacar que esta es la primera vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicita una opinión consultiva sobre la situación de las personas privadas de libertad.

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