Sala de Prensa

29/04/2021

Fue formalizado junto a otras dos personas el pasado fin de semana

Defensa pública alega cultivo con fines medicinales en causa que afecta a concejal de Puerto Sánchez

El caso reabre en la región la discusión sobre el uso medicinal de cannabis y su penalización.

Por Valeska Olavarría Gallardo,
periodista Defensoría Regional de Aysén.

Puerto Sánchez es una lejana localidad de la región de Aysén, distante a 221 kilómetros de Coyhaique. En una de las parcelas de ese sector vive una mujer de 67 años, afectada por un doloroso cáncer  terminal. Para paliar los dolores y efectos de esta enfermedad, consume habitualmente preparados de cannabis que les son proporcionados por su familia, a través de plantas que cultivan en la misma parcela.

Sin embargo, el pasado fin de semana y como parte de un operativo antidrogas, la Policía de Investigaciones (PDI) llegó hasta el predio y decomisó once plantas de cannabis (cinco en el domicilio y seis en un terreno isleño). Acto seguido, la Fiscalía formalizó por el delito de cultivo de especies vegetales del género cannabis a una de las hijas de la mujer y al yerno de ésta, quien es concejal de la comuna.

También se formalizó a una tercera persona, por su supuesta participación en la venta de semillas de la planta a la familia y por su comercialización en otras esferas.

Tras la audiencia efectuada el pasado sábado en el Juzgado de Garantía de Coyhaique, el concejal y su cuñada quedaron con medidas cautelares de arraigo regional y firma mensual, mientras que al tercer imputado se le decretó prisión preventiva.

TRATAMIENTO PALIATIVO
Andrés Piñeiro Santis, defensor público del concejal y su cuñada, explicó que el cultivo encontrado en la parcela de la paciente oncológica tenía el objetivo de contar con materia prima para elaborar los productos de cannabis “necesarios para paliar los síntomas del agresivo cáncer terminal que sufre”.

El abogado detalló que si bien se encontraron plantas en la propiedad allanada, éstas fueron cultivadas por la familia de la dueña de casa, ante la imperiosa necesidad de contar con un tratamiento paliativo que permitiera calmar los dolores que la afectaban.

“Es en estas condiciones que se origina el cultivo, de manera que esa fue la búsqueda, ese fue el afán y el destino de las plantas que fueron encontradas en la propiedad”, señaló.

Piñeiro Santis recordó que el uso de cannabis en Chile está restringido por la Ley N° 20.000, vigente desde 2005, que prohíbe su consumo en la vía pública, como también su porte, transporte, cultivo y venta en cualquiera de sus formatos, exceptuando el uso personal, exclusivo y próximo en el tiempo y para un tratamiento médico, en sus artículos 4, 8 y 50.

Para la investigación se fijó un plazo de 90 días, durante los cuales la defensa pública buscará probar que no existe delito en el actuar de sus representados.

CONSUMO MEDICINAL Y PENALIZACIÓN
Este caso reabre la discusión sobre el uso medicinal de cannabis, tema que en los últimos años ha sido objeto de un intenso debate desde perspectivas sanitarias, jurídicas y legislativas. De hecho, en diciembre pasado la Defensoría Regional de Aysén y la Fundación Daya organizaron un seminario para los funcionarios y funcionarias del sistema penal en el que abordaron esta temática.

En esa oportunidad, el jefe de la Unidad de Corte de la Defensoría Nacional, Claudio Fierro, sostuvo que para la Defensoría Penal Pública, la discusión sobre la protección de personas en el contexto del cultivo y uso de cannabis medicinal se da dentro del marco de los derechos humanos.

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