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13/06/2021

La interna cumple condena en el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de la capital de Ñuble

Defensa penitenciaria logró que mujer privada de libertad en Chillán pueda continuar sus estudios universitarios

El tribunal de garantía acogió la petición del defensor público y otorgó un plazo de 72 horas para que Gendarmería informe los mecanismos adoptados para dar cumplimiento a lo ordenado.

Por Claudia Riquelme Soto,
Defensoría Regional de Ñuble. 

A través de una cautela de garantías, el defensor penitenciario Jonathan Romo Villegas, de la Defensoría Penal Pública de Ñuble, logró que el Tribunal de Garantía de Chillán accediera a su solicitud, de que se otorgaran todas las facilidades a su representada para continuar con sus estudios de diseño gráfico en la Universidad Inacap, señalando expresamente los horarios, materiales y dependencias en que realizará sus clases.

Javiera cumple actualmente una condena de cinco años en la sección femenina del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Chillán. En marzo pasado, en una reunión con su defensor público, le comentó lo feliz que estaba tras recibir una visita de la jefa de carrera de la universidad, quien le manifestó la posibilidad de continuar por vía remota con sus estudios, que quedaron postergados al ser condenada.

“A propósito de la pandemia, Inacap dio la posibilidad de que todos sus alumnos pudieran realizar sus estudios de forma remota. Lo mismo ocurre con Javiera y por eso la universidad solicitó a Gendarmería el permiso respectivo, con el compromiso de entregar un computador y un modem de conexión para que mi representada pudiese comenzar sus clases en marzo de este año”, explicó Romo.

A su vez, la jefa de carrera informó a Javiera que no sólo recibiría un computador y conexión a internet, sino que además se le harían llegar todos los materiales que fuesen necesarios para la realización de sus trabajos de diseño, a lo que se sumarían gestiones para postular al beneficio de la gratuidad.

“En ese contexto, mi representada se matriculó y al pasar de los días nunca recibió su computador ni el modem, por lo que Javiera comenzó sus clases desde su celular, en el dormitorio común. Cada vez que consultaba no le daban ninguna respuesta concreta lo que comenzó a generar una afectación psicológica. Según el registro social de hogares, mi representada pertenece al 40 por ciento más vulnerable de la población chilena. Entonces, si no se le permitía estudiar, ello además iba a generar una deuda estudiantil que ella no podía costear”, agregó el defensor penitenciario.

CAUTELA DE GARANTÍAS
Jonathan Romo presentó entonces una cautela de garantías y expuso ante el tribunal el actuar arbitrario de Gendarmería y la vulneración psicológica que estaba viviendo su representada.

“Le dí cuenta al tribunal que, además de tener la misión de custodia de los internos, Gendarmería debe propender a su reinserción. Segúin la ley orgánica de esa institución, tiene por finalidad atender, vigilar y contribuir en la reinserción social de los internos al interior de las unidades penales", explicó el abogado.

Según Romo, también explicó ante el tribunal que existe un principio rector de la actividad penitenciaria: entre el interno y el Estado existe una relación de derecho público.

"Así, todos los derechos y garantías relacionados con las pérdidas o límites de las personas privadas de libertad no van a tocar los otros derechos. Sólo se puede limitar el desplazamiento ambulatorio, de modo que a Javiera le corresponde su garantía de acceso a la educación”, finalizó.

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