Sala de Prensa

15/07/2021

Cuatro de los siete convencionales electos en la zona

Constituyentes de Los Lagos se reunieron con la Defensora Regional

Harry Jürgensen y Mario Vargas (distrito 25), junto a Julio Álvarez y Gaspar Domínguez (distrito 26), valoraron el rol que cumple la Defensoría Penal Pública en la representación de los derechos de las personas ante una imputación penal.

Por Jorge Mansilla Macías,
Defensoría Regional de Los Lagos.

Este miércoles 14 de julio, la Defensoría Regional de Los Lagos dio por concluida una primera ronda de reuniones con los convencionales constituyentes que representan a los dos distritos que abarcan toda la región, desde la provincia de Osorno a la de Palena.

Durante los encuentros, de aproximadamente una hora y realizados entre el 21 de junio y el 14 de julio, la Defensora Regional, María Soledad Llorente, expuso la función y la importancia de la Defensoría Penal Pública como interviniente del sistema penal.

Cada exposición se centró en la misión y en los desafíos institucionales, además de los objetivos estratégicos actuales que tiene la Defensoría para potenciar su rol como un organismo que defiende los derechos humanos de las personas en el marco de un proceso penal.

Llorente también expuso los resultados del último estudio de opinión pública, encargado por la institución para conocer el estado actual de la imagen y posicionamiento de la Defensoría ante la comunidad, cuyos resultados confirman la valoración que las personas otorgan a aspectos esenciales de la misión de la defensa pública -como el derecho a defensa y la presunción de inocencia-, así como también una mejor valoración respecto de los otros intervinientes del sistema de justicia penal.

VALORACIÓN DE CONSTITUYENTES
A las reuniones concurrieron Harry Jürgensen y Mario Vargas, electos por el distrito 25, que abarca desde San Pablo a Puerto Varas, junto a Julio Álvarez y Gaspar Domínguez, (distrito 26), que incorpora desde Puerto Montt hasta Chaitén.

Las consultas e intervenciones de los constituyentes se centraron en distintos aspectos del quehacer de la Defensoría, como la operación del sistema mixto de defensa pública -que permite asegurar la cobertura del servicio gracias a contratos de licitación con prestadores privados- o la composición de la Defensoría Penal Pública a nivel nacional y regional.

Otros aspectos que despertaron interés transversal entre los encargados de redactar la nueva Constitución fueron el "Proyecto Inocentes", el derecho a la reparación tras una imputación injusta y la defensa de las personas detenidas en el contexto del estallido social.

En este sentido, Domínguez, Vargas y Álvarez destacaron como una manifestación del derecho a defensa y su relevancia el rol que desempeñaron las defensoras y defensores públicos en la representación de los derechos de las personas detenidas en el punto más álgido de la crisis institucional, que comenzó en octubre de 2019.

TRABAJO CONJUNTO
La Defensora Regional agradeció la recepción de los constituyentes y explicó que en cada reunión planteó no sólo el rol de la defensa como institución pública, sino también la importancia de las garantías y derechos que representa y que están en la base de un estado de derecho.

"Nos han manifestado su positiva valoración sobre el derecho a defensa y los derechos humanos, que dotan de sentido a la misión institucional de la Defensoría Penal Pública, y también sobre la forma en que este derecho debe ser resguardado, de cara al orden institucional que se articularía con la confección y aprobación de una nueva Carta Fundamental”, sostuvo.

María Soledad Llorente recalcó a los constituyentes la voluntad institucional de apoyarlos en lo que consideren necesario: “Parte de nuestra misión es también resguardar los derechos de las personas mediante la gestión del conocimiento y, por ello, como servicio público debemos estar dispuestos y atentos a ayudar a quien lo requiera en materias de nuestra competencia”, concluyó.

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