Sala de Prensa

30/07/2021

Integrado por un abogado y una trabajadora social

Nuevo equipo de defensa penitenciaria recorre cárceles de la región de Aysén

Esta dupla se suma al equipo penitenciario original de la zona, en funciones desde 2017, con el objetivo de dar cobertura regional al nuevo 'Modelo universal de defensa penitenciaria'. A las unidades penales ya visitadas se sumarán próximamente las de Cochrane y Chile Chico.

Por Valeska Olavarría Gallardo,
periodista Defensoría Regional de Aysén.

Las cárceles de Coyhaique y Puerto Aysén, junto con el Centro de Estudios y Trabajo (CET) de Gendarmería en Valle Verde, fueron las tres primeras unidades penales visitadas por la nueva dupla de defensa penitenciaria de la región de Aysén, integrada por el abogado Luciano González Gronemann y la trabajadora social Pía Gálvez Pérez.

El nuevo equipo especializado se integró a la Defensoría Regional como parte de la puesta en marcga del nuevo 'Modelo universal de defensa penitenciaria' impulsado por la institución, en el que Aysén es una de las regiones piloto.

De esta manera, González y Gálvez se suman al equipo ya existente y en plenas funciones, integrado por el defensor penitenciario Elvis Camerati Esparza, la trabajadora social Pamela Mansilla Bórquez y la asistente administrativa Javiera Aburto Albornoz.

EQUIPO Y DIRECTIVOS
El objetivo de estas actividades en terreno fue presentarse y conocer las condiciones en que las personas privadas de libertad cumplen sus condenas en los distintos centros penitenciarios. Durante las visitas, el nuevo defensor penitenciario y la trabajadora social fueron acompañados por el Defensor Regional de Aysén, Jorge Moraga Torres; el jefe de la unidad regional de Estudios de la Defensoría, Cristian Cajas Silva, y el director administrativo de la Defensoría Regional, Boris Barra Valencia.

Los recorridos incluyeron entrevistas con los jefes de cada unidad y con algunos funcionarios de Gendarmería, para explicarles la nueva forma de trabajo institucional en defensa penitenciaria y sensibilizarlos respecto de los derechos de las personas aún si están privadas de libertad.

El grupo recorrió las secciones y espacios donde las personas condenadas permanecen a diario y, cuando están autorizados para ello, desarrollan actividades laborales. También se concretaron algunas entrevistas con internos.

PRÓXIMAS VISITAS
Durante los primeros días de agosto, estas visitas se replicarán en las cárceles de Cochrane y Chile Chico, lideradas por el jefe regional de Estudios quien, además, es el coordinador general y supervisor de los dos equipos penitenciarios de la región.

Cabe señalar que la defensa penitenciaria opera en todo el país desde hace varios años. Sin embargo, tras constatar que un porcentaje de personas condenadas privadas de libertad a nivel nacional no lograban acceder a una atención de defensa -principalmente por el bajo número de profesionales dedicados a esta especialidad-, la Defensoría Penal Pública decidió desarrollar un nuevo modelo, que no sólo aumente la dotación profesional del equipo, sino que además actualice y amplíe sus objetivos de trabajo.

Cristian Cajas explicó que el primer equipo de defensa penitenciaria continuará trabajando con los requerimientos de personas privadas de libertad que ya se están tramitando, mientras que la nueva dupla irá asumiendo progresivamente los requerimientos que vayan ingresando.

En corto tiempo se espera llegar a un estado en que todas las solicitudes de internas e internos pasarán por un primer filtro del coordinador regional, para luego ser derivadas al equipo ampliado de defensa penitenciaria, que funcionará complemente sobre la base de este nuevo modelo de defensa especializada.

Por lo pronto, el primer equipo penitenciario dará acompañamiento a la nueva dupla y priorizará la participación de la Defensoría en los consejos ordinarios de los 'Tribunales de conducta' que operan en todos los establecimientos penales de la región de Aysén.

El director administrativo regional, en tanto, destacó el esfuerzo de gestión que hay detrás de esta puesta en marcha, porque a la búsqueda de los profesionales idóneos y sus contrataciones, debe sumarse la organización interna, la habilitación de espacios físicos y virtuales, la definición de objetivos y planes de trabajo y rendición para lograr los resultados esperados, especialmente en tiempos de pandemia.

ÉNFASIS EN DERECHOS HUMANOS
El nuevo 'Modelo universal de defensa penitenciaria' rescatará la experiencia actual, innovando en procesos internos y sumando más recurso profesional para dar cobertura a los requerimientos de todas las personas privadas de libertad, con un enfoque que priorizará el respeto de los derechos humanos de las y los condenados.

Sus principales características son la universalidad de la atención, el monitoreo y cautela de los derechos humanos -con énfasis en violencia institucional- y el acompañamiento permanente durante todo el cumplimiento de la pena, con miras a la reinserción social de las y los usuarios.

En este sentido, será la triada directiva regional de la Defensoría -Moraga, Cajas y Barra- la que tendrá la misión de gestionar redes que permitan ampliar el acceso a iniciativas de reinserción social para las y los internos. Lo anterior requerirá de la coordinación y el compromiso de Gendarmería de Chile.

El Defensor Regional de Aysén explicó que todas las personas privadas de libertad de la región podrán acceder al servicio de defensa penitenciaria, para lo cual bastará que manifiesten esa necesidad durante las visitas de defensores públicos o jueces, o bien mediante escritos de Gendarmería, solicitudes a través de familiares o cualquier otro medio idóneo.

Entre otras gestiones de defensa penitenciaria, las personas privadas de libertad podrán solicitar acceso a beneficios intrapenitenciarios o denunciar situaciones contrarias a sus derechos dentro de las cárceles.

IMPACTO DE LA CÁRCEL
El Defensor Regional recordó que la privación de libertad es una de las posibles sanciones que puede recibir una persona por cometer un delito, lo que "tiene un impacto tremendo en una persona (…) Por lo mismo, el resto de sus derechos en tanto seres humanos permanecen intacton y es nuestro deber velar por que se respeten”, comentó.

Jorge Moraga destacó que la rehabilitación y reinserción social de estas personas sólo se logra sobre la base de un sistema respetuoso de sus derechos y garantías, que además de la sanción apunte a resocializar a quienes ha cometidos delitos.

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