Sala de Prensa

10/08/2021

Durante todo el año pasado

Defensores públicos de Valparaíso ingresaron 43 mil gestiones en materia de atención de público

Así lo dio a conocer el Defensor Regional, Claudio Pérez García, al presentar hoy el balance de la gestión 2020, que se transmitió en formato on-line.

Por Sandra Reyes L.,
Defensoría Regional Valparaíso.

Atención de público, presentación de recursos ante la Corte de Apelaciones, juicios orales y los principales desafíos institucionales abordó el Defensor Regional de Valparaíso, Claudio Pérez García, al realizar hoy el balance de la gestión 2020 del equipo a su cargo.

En una exposición transmitida en modalidad remota por segundo año consecutivo, el directivo sostuvo que “una de las prioridades que definimos desde el inicio de la pandemia, en marzo del año pasado, fue la atención de público a través de la entrega de información oportuna, porque el eje de nuestra misión institucional está en las personas”.

Pérez García agregó que “en materia de entrevistas y visitas de cárcel, los defensores penales públicos ingresaron a nuestro sistema 43 mil 27 gestiones. De la  entrevista presencial y visita de cárcel en la unidad respectiva, los abogados pasaron al sistema remoto, lo cual implicó permanentes coordinaciones internas y con los encargados de Gendarmería Regional”, señaló.

RECURSOS
En 2020, la Corte de Apelaciones de Valparaíso conoció 3 mil 100 recursos, de los cuales mil 793 fueron presentados por defensores penales públicos de la región y 398 por el Ministerio Público. El peak de recursos interpuestos se registró en abril con 397, seguido por 360 en noviembre y 322 en mayo.

Al respecto, el Defensor Regional destacó el alto nivel recursivo y sus favorables resultados, que sobresalen del promedio nacional: "Esto es fruto de la visión arraigada que tenemos, en cuanto a ejercer una defensa activa desde el inicio de un caso hasta su término. También valoro el trabajo colaborativo entre los abogados de nuestra Unidad de Estudios y la Unidad de Corte de la Defensoría Nacional, con el fin de asesorar de manera constante a los defensores en la presentación de sus recursos”.

JUICIOS ORALES
De acuerdo con los registros estadísticos de la institución, 672 causas tuvieron como forma de término el juicio oral ordinario durante 2020 en la región, lo que contrasta con las cifras de 2018 y 2019, que alcanzaron a mil 817 y mil 642 juicios, respectivamente.

Claudio Pérez dijo que “a partir del 16 de marzo de 2020 dispusimos una batería de medidas, dirigidas a permitir el desarrollo de las audiencias y gestiones de defensa, la atención de usuarios libres y privados de libertad, además de priorizar a nuestros representados que pertenecen a los grupos de riesgo, instando porque cumpliesen la prisión preventiva o condenas en sus domicilios, entre otras gestiones”.

Agregó que “en aquellos casos en que nuestros representados estaban privados de libertad y manifestaban su voluntad  de realizar el juicio presencial, los defensores levantaron requerimientos ante el Tribunal Constitucional por infracción del artículo 9 inciso segundo de la Ley 21.226, atendida la afectación de garantías que conllevaba realizar juicios en modalidad telemática, a partir de lo cual se dispuso suspender los juicios en la mayoría de los casos, acogiendo  los requerimientos presentados por las defensas”.

Según el directivo, desde que se generó la primera suspensión de juicio dispuesta por el Tribunal Constitucional, en agosto de 2020, los defensores públicos de Valparaíso presentaron 29 requerimientos durante el resto del año, de los cuales 27 fueron acogidos.

LOS DESAFÍOS
En cuanto a los desafíos, el jefe regional de la defensa pública destacó la importancia de que la Secretaría Regional Ministerial (seremi) de Bienes Nacionales traspasara el inmueble donde funcionarán las Defensorías Locales de Viña del Mar y Quilpué.

“Desde el punto de vista social será de gran utilidad para nuestros usuarios, ya que a futuro quedarán a pasos del tribunal de garantía y la Fiscalía, lo que implica que las personas tendrán un mejor acceso a la justicia”.

Respecto de la autonomía institucional, Pérez García sostuvo que “es un anhelo que buscamos hace años, porque consideramos que la Defensoría Penal Pública debe estar en igualdad de condiciones que los demás actores del sistema, como la Fiscalía y el Poder Judicial”.

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