Sala de Prensa

13/08/2021

Iniciativa de la Defensoría Penal Pública amplía la cobertura de ese servicio jurídico especializado en personas que cumplen condena

Positiva recepción tuvo el piloto de defensa penitenciaria universal aplicado en Tarapacá

Tras siete años, esta línea de trabajo amplió también el número de profesionales asignados.

Por Héctor Mérida C.,
Defensoría Regional de Tarapacá.

Con un nuevo enfoque y gran acogida se desarrolla un nuevo proyecto de la Defensoría Penal Pública, que supone una importante ampliación en la cobertura de su modelo especializado en defensa penitenciaria.

El equipo a cargo fue aumentado a un total de tres defensores públicos especializados, tres trabajadores sociales y tres asistentes administrativas, quienes tienen como meta atender todos los requerimientos de quienes cumplen condenas en los establecimientos de Gendarmería de la zona, comenzando en la cárcel de Alto Hospicio.

La defensa penitenciaria universal comenzó a aplicarse el 1° de julio pasado y ha tenido gran impacto en los internos condenados del mencionado recinto y sus familias, puesto que de atender sólo a quienes solicitaban asistencia, se pasó a contactar a todas las y los internos condenados a penas privativas de libertad.

Además de ver los casos de quienes llevan tiempo en las cárceles, este enfoque considera asistir a quienes recién son enviados a los recintos de Gendarmería, con el objeto de detallarles las condiciones en que deberán cumplir la pena impuesta por los tribunales, revisar las condiciones de su lugar de reclusión y atender requerimientos específicos.

VELAR POR DERECHOS
En todo caso, la parte central de esta prestación jurídica especializada sigue enfocada a orientar a los usuarios en torno a velar por sus derechos en prisión, al cumplimiento de las condiciones para que puedan acceder a alternativas de educación y trabajo, así como también para apoyarlos en sus postulaciones a beneficios, todo con un énfasis en su rehabilitación.

“Este modelo también nos permite explorar convenios u otras formas de trabajo coordinado con otras instituciones, para apoyarlos en su reinserción a la sociedad. Por ejemplo, a través de la búsqueda de oportunidades de empleo”, explica María Francisca Sepúlveda, una de las defensoras penales públicas del equipo.

La abogada destaca que “este cambio ha sido muy bien recibido por los internos, especialmente los recién condenados, quienes reciben una orientación que les es muy útil y que antes no tenían”.

La defensa especializada penitenciaria comenzó a entregarse en abril de 2014 en Tarapacá y ahora, esta ampliación del modelo se desarrolla también en otras cinco regiones: O’Higgins, Maule, Ñuble, Metropolitana y Aysén.

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