Sala de Prensa

17/08/2021

Agrupa al equipo de defensa especializada con representantes de universidades, el INDH, Carabineros y la CAJ

Defensoría del Biobío coordina a instituciones y universidades para trabajo integral con personas migrantes

La iniciativa busca desarrollar una labor jurídica interinstitucional, para garantizar que las personas migrantes o extranjeras tengan un acceso integral a la justicia, con la menor cantidad de derivaciones y dificultades posibles.

Por Victoria Haquin V.,
Defensoría Regional del Biobío.

¿A quién podemos recurrir?... Esa es la principal pregunta que se formulan las personas migrantes cuando enfrentan un decreto de expulsión del país, momento en que inician una 'peregrinación' por diversos organismos en busca de ayuda. Para enfrentar éste y otros temas vinculados a este grupo de población, la Defensoría Regional del Biobío organizó un encuentro con representantes de distintos organismos e instituciones que entregan atención a este colectivo.

El Defensor Regional, Osvaldo Pizarro, explicó que “la idea es reunirse para compartir información sobre nuestras competencias y delimitar campos de acción, a fin de abordar y derivar de mejor forma los temas que hasta el día de hoy asumimos en materia de asesoría legal migratoria”.

El encuentro reunió a Bárbara Silva y Jorge Congreve, abogados de las clínicas jurídicas de las Universidad de Concepción y Andrés Bello, respectivamente; Jessica Cortes, abogada asesora jurídica y encargada zonal de derechos humanos de Carabineros; Javiera Aguilera, abogada del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH); Mauricio Vergara, director jurídico de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), y los integrantes del equipo de defensa especializada para personas migrantes de la Defensoría Regional del Biobío.

CAMPOS DE ACCIÓN
El primer tema abordado en la jornada fue definir los respectivos campos de acción, ya que todas las instituciones y organismos vinculados reciben reiteradamente consultas de personas migrantes que están fuera de sus ámbitos de competencia.

Por lo mismo, los participantes agradecieron transversalmente este diálogo, propiciado por la Defensoría Regional para poder entregar una atención expedita a este tipo de usuarias y usuarios, con el mínimo de derivaciones posibles.

Ambas clínicas jurídicas universitarias coincidieron en que su trabajo se concentra principalmente en asistencia para regularización migratoria y presentación de recursos de amparo que permitan frenar los decretos de expulsión de personas extranjeras.

Al respecto, los representantes de la Defensoría explicaron que si estos decretos tienen directa relación causal con una investigación criminal que afecte la presunción de inocencia, la institución asume su tramitación, tal como ocurrirá si la persona es imputada por un por crimen, simple delito o falta, en cuyo caso contará con un defensor público especializado.

La abogada del INDH explicó, en tanto, que conforme a su protocolo institucional, se interponen recursos de amparo por órdenes de expulsión cuando la persona afectada ha ingresado por un paso no habilitado -en particular en favor de mujeres con hijos menores de edad-, lo que provoca una afectación del principio de reunificación familiar previsto en la 'Convención sobre los derechos del niño'. Agregó que, además, ese servicio puede atender a víctimas de los delitos de trata de personas y tráfico de migrantes.

La CAJ Biobío, en tanto, asesora jurídicamente a las personas migrantes en todas sus líneas de servicio y en todas las materias, en la medida que cumplan con los requisitos para recibir sus prestaciones socio-jurídicas.

INFORMACIÓN OPORTUNA
Jessica Cortes, la abogada de Carabineros, manifestó que este encuentro les entrega la posibilidad de difundir los canales formales de asistencia jurídica para las personas migrantes que concurran a las distintas unidades y destacamentos de la policía uniformada, para poder entregarles una guía o derivarlos directamente a la institución que corresponda. 

La reunión permitió generar un documento conjunto, que define cada una de las competencias institucionales y entrega los canales directos de comunicación y derivación de casos, poniendo énfasis en la importancia de entregar apoyo eficiente a estas personas, que generalmente enfrentan condiciones de alta vulnerabilidad. 

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