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Defensores penales públicos han entrevistado a más de 750 personas detenidas en cuarteles policiales

25/08/2021

Plan piloto de defensa en comisarías se inició hace un mes en cinco regiones del país

Defensores penales públicos han entrevistado a más de 750 personas detenidas en cuarteles policiales

La iniciativa, cuyo diagnóstico estuvo a cargo del programa EUROsociAL+ de la Unión Europea, fue desarrollado por la Defensoría Penal Pública y Carabineros de Chile. Sus respectivas autoridades, el Defensor Nacional (S), Marco Montero, y el General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, dieron hoy por inaugurado el programa, con una actividad realizada en Tercera Comisaría de Santiago. También estuvieron presentes las defensoras regionales metropolitanas Norte y Sur, Daniela Báez y Loreto Flores, respectivamente.

Por Paola Sais Dünner,
Defensoría Nacional.

Con una actividad simultánea que conectó virtualmente a la Tercera Comisaría de Santiago con los cuarteles policiales de Antofagasta, San Fernando, Curicó, Talca y Valdivia, hoy se inauguró oficialmente el´Programa de defensa en cuarteles policiales’, iniciativa que surgió tras los graves hechos que afectaron al país entre octubre y noviembre de 2019 y que pusieron de relieve la importancia de contar con una defensa penal pública en las primeras horas tras la detención de una persona.

Gracias al diagnóstico realizado por el Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea y el trabajo conjunto realizado por la Defensoría Penal Pública y Carabineros de Chile, desde el 1° de julio pasado cerca de 750 personas han sido entrevistadas por defensoras y defensores penales públicos en comisarías de cuatro regiones del país: Antofagasta, O’Higgins, Maule y Los Ríos.

El 1° de agosto se sumaron las comunas de Santiago, San Joaquín, La Florida y San Bernardo, en la Región Metropolitana, y se proyecta que el programa se extienda por seis meses.

Al inaugurar el piloto, el Defensor Nacional (S), Marco Montero, dijo que esta iniciativa “contribuye a dar mayor protección a las personas detenidas en unidades policiales, desde el primer momento de su detención y, al mismo tiempo, contribuye a dar mayor transparencia y legitimidad a las actuaciones policiales”.

Respecto del trabajo conjunto con Carabineros, el Defensor Nacional (S) lo calificó como “positivo y muy coordinado, en términos de que hemos logrado instalar un nuevo modelo, si bien a modo exploratorio, con cifras que dan cuenta de lo necesario que resulta abordar una brecha estructural del sistema de justicia con la presencia de nuestros defensores en la unidad policial”.

EXIGENCIAS DEL DERECHO INTERNACIONAL
Tras el estallido social de octubre de 2019 fueron varios los organismos internacionales de derechos humanos que visitaron el país y se reunieron con autoridades del Gobierno y del Poder Judicial, para luego elaborar y escribir informes con su visión de los hechos ocurridos en Chile.

Es así como el texto de la misión de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que viajó a Chile, destacó que, el “derecho de acceder a una abogado no puede estar sujeto a suspensión”, observando que en algunas regiones del país el defensor no estuvo presente en los primeros momentos de la detención en las unidades policiales, lo que a juicio de la misión “podría constituir una violación al derecho de las personas privadas de libertad a tener acceso inmediato a asesoría legal y a tener el tiempo adecuado para preparar su defensa”.

A ello se sumó un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras su visita in loco al país, donde relevó la necesidad de fortalecer a la Defensoría Penal Pública, “dotándola de plena autonomía y ampliando su capacidad para entablar contacto con personas detenidas en las primeras horas de privación de libertad”.

Tras la visita de ambos organismos internacionales, la Defensoría puso en marcha un proyecto para dar cumplimiento a las obligaciones internacionalmente adquiridas y que son consistentes con la Constitución y el Código Procesal Penal. Luego de un trabajo colaborativo con EUROsociAL+ durante 2020, a inicios de este año se presentó un modelo de defensa pública para las primeras horas de detención.

Ese documento sentó las bases para el desarrollo de los actuales proyectos piloto de defensa en unidades policiales, y la futura activación nacional de este modelo, para permitir garantizar una defensa oportuna y en concordancia con los estándares del debido proceso legal.

También a comienzos de 2021, la Defensoría Penal Pública y Carabineros de Chile suscribieron un convenio de cooperación, que ha permitido la realización de esta iniciativa y ha facilitado la labor de ambas instituciones en este tema.

ASESORÍA JURÍDICA
En cada una las regiones donde está operando el piloto hubo coordinaciones previas entre las defensorías regionales y las unidades policiales, a objeto de preparar el funcionamiento de esta defensa especializada. Esa coordinación se ha mantenido y ha sido clave para una respuesta oportuna de la defensa en el derecho que le asiste a cada persona de contar con un abogado desde los primeros momentos de su detención.

Asímismo, este trabajo ha ido acompañado de capacitaciones a funcionarios policiales por profesionales de la Defensoría, en relación con el tratamiento de las personas detenidas.

La defensa en unidades policiales consiste, entre otras gestiones, en la visita del defensor al recinto, en un horario flexible según la organización regional, a objeto de entrevistar a las personas detenidas que allí se encuentren.

Esta actividad toma lugar en la propia unidad policial, de manera presencial, permitiéndole al defensor prestar la asesoría jurídica que puede llevar adelante en ese contexto y promoviendo actuaciones en beneficio de los derechos de las personas detenidas.

PROTECCIÓN DE DERECHOS
Esta acción, que se realiza independiente de si la persona es puesta a disposición de un juez de garantía más tarde, constituye una salvaguarda para la protección de los derechos de las personas detenidas y facilita la comunicación con sus familiares y cercanos al entregar información oportuna y precisa.

El jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Defensoría Penal Pública y coordinador de este programa, Tomás Pascual, informó que cerca de 750 personas han sido entrevistas por defensores mientras se encontraban detenidas en recintos policiales, ya fuera personalmente o de manera virtual.

Al desglosarlo por ciudades, Antofagasta lidera con un total de 425 entrevistas realizadas; seguida por Curicó y Talca con 144. Las comunas de la Región Metropolitana, en tanto, suman 94 contactos con detenidos en los primeros 15 días de funcionamiento. Le siguen San Fernando, con 58 entrevistas, y Valdivia con 22.

Tomás Pascual precisó que las diferencias en la cantidad de entrevistas entre regiones se deben a varios factores. “En primer lugar, al volumen de detenidos que cada localidad presenta. Segundo, por el tipo de organización regional, algunos defensores concurren en un horario donde hay menos personas detenidas que en otros, y luego en algunas regiones los defensores acuden todos los días de la semana, mientras que en otras sólo lo hacen en días hábiles”, explicó.

“Con todo, cada uno de estos pilotos permitirá levantar información valiosa para la adopción de un sistema que permita organizar la defensa en sede policial de manera sostenible a futuro, teniendo en cuenta las particularidades de cada zona, como los recursos humanos disponibles para la institución”, agregó.

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