Sala de Prensa

07/10/2021

El Defensor Regional, Jorge Moraga, entregó su cuenta pública

La Defensoría Regional de Aysén representó a seis mil personas durante 2020 y 2021

Cuatro mil 44 personas corresponden a 2020. El resto -más de 2 mil 200- han sido imputadas entre enero y agosto de este año, la gran mayoría acusadas por infracciones contra la salud pública. Lograr la inaplicabilidad del artículo 318, que sanciona los delitos contra la salud pública y la implementación de un nuevo Modelo Universal de Defensa Penitenciaria, fueron algunos de los temas comentados en el balance de gestión realizado por el Defensor Regional de Aysén.

Por Valeska Olavarría Gallardo,
periodista Defensoría Regional de Aysén.

En modalidad on-line, a través del canal institucional en YouTube, el Defensor Regional de Aysén, Jorge Moraga, entregó hoy su balance de gestión correspondiente a 2020 y gran parte de 2021. La transmisión se inició a las 15:30 horas y sigue disponible en el mencionado canal, así como en la cuenta de Facebook de la Defensoría Penal Pública.

En su exposición, Moraga informó que durante el año pasado el equipo regional de defensa pública entregó atención a 4 mil 44 personas -lo que representa casi un 30 por ciento más que el total de atenciones de 2019-, la mayoría de ellas varones (82,1 por ciento), mayores de edad (95,3 por ciento), de nacionalidad chilena (98,2 por ciento) y sin pertenencia a ninguna etnia en particular. De hecho, las y los imputados que se declararon no indígenas representaron el 94,37 por ciento.

Los delitos investigados el año pasado, en tanto, ascendieron a 3 mil 577, la mayoría en la categoría "Otros Delitos" (mil 629 ingresos), seguidos por las lesiones (550 ingresos) y los ilícitos de la Ley de Tránsito (547).

“Cabe precisar que cuando hablamos de otros delitos, la mayoría se refieren a aquellos conocidos como infracciones a la salud pública. Tanto es así, que más del 92 por ciento de este subgrupo se refirió a dichos delitos sanitarios”, explicó.

Según el directivo, entre enero y agosto de este año se atendió a 2 mil 211 personas imputadas por diversos delitos. “Esta cifra es inusualmente alta, ya que aún se ve teñida por las detenciones efectuadas por los delitos contra la salud o practicadas en el marco de las restricciones impuestas por la pandemia”, dijo.

De hecho, los principales delitos de estos primeros ocho meses de 2021 corresponden mayoritariamente, y por segundo año consecutivo, a delitos contra la salud pública, con un 23 por ciento. Mucho más atrás le siguen las lesiones y las amenazas.

ARTÍCULO 318
Uno de los temas que Jorge Moraga destacó de la gestión 2020-2021 de su equipo fue el logro regional, de alcance nacional, respecto de la aplicación irrestricta del artículo 318 del Código Penal a quienes eran sorprendidos en la vía pública en horario de toque de queda. Esa norma sanciona la conducta de quien pone, realmente y de manera significativa, en peligro la salud pública.

“Así las cosas, la gran discusión jurídica en tribunales durante 2020 y parte de 2021 fue si la sola infracción al toque de queda o a las cuarentenas correspondía o no a lo previsto en dicho artículo. En tal escenario, la mayoría de los tribunales de primera instancia y Cortes de Apelaciones del país señalaban que sí lo era, mientras unos pocos sostenían lo contrario", recordó.

Finalmente, y con el apoyo de la Unidad de Corte de la Defensoría Nacional, la Defensoría Regional recurrió de nulidad ante la Corte Suprema, con un caso ocurrido en la comuna de Cochrane.

El máximo tribunal del país zanjó la discusión en marzo pasado, al emitir un criterio de alcance nacional, en el que estableció que la mera infracción al toque de queda no puede entenderse como constitutiva del delito del artículo 318 sino, más bien, como una infracción de carácter administrativo.

“Es motivo de orgullo para nosotros que la Corte Suprema reconociera la posición que la Defensoría Penal Pública sostuvo desde un inicio de la pandemia en todo el territorio nacional, fallando a nuestro favor y estableciendo un criterio que ha permitido a nuestros colegas de todo el país usar exitosamente esta fundamental jurisprudencia, a la hora de representar a quienes son detenidos o perseguidos por el referido delito”, afirmó el Defensor Regional.

“Creemos que hay que hacer todo lo que resulte necesario para detener la pandemia que nos afecta, pero ello no puede conseguirse infringiendo los derechos de las personas”, aseguró.

DEFENSA PENITENCIARIA
Moraga explicó luego que, si bien la defensa pública penitenciaria especializada opera en todo el país desde hace varios años, la Defensoría Penal Pública puso recientemente en marcha un nuevo modelo, que no sólo aumenta la dotación profesional del equipo, sino que además actualiza y amplía sus objetivos de trabajo.

Según el abogado, Aysén es región piloto de este nuevo diseño, lo que implica que a la dupla jurídico-social que ya funcionaba en la zona, se sumó en agosto pasado un nuevo defensor penitenciario y otra trabajadora social. Los cuatro tienen la misión de representar a las personas condenadas privadas de libertad de toda la región.

"os efectos positivos ya se han registrado. Si entre julio y agosto de 2020 la Defensoría Regional de Aysén atendió 154 requerimientos en favor de sus usuarios, para el mismo bimestre del presente año el volumen de atención se ha más que duplicado, llegando a la generación de 380 requerimientos", comentó.

Al cerrar su cuenta de gestión, el Defensor Regional de Aysén señaló que 2020 y 2021 han sido años de alta demanda y desafiantes exigencias, que los transforman en "los más complejos que ha debido enfrentar nuestra institución" desde su creación, en 2001.

Sin embargo, relevó que gracias al trabajo comprometido de cada uno de los funcionarios y funcionarias del equipo “estamos prestos para seguir entregándonos en la labor que se nos ha confiado, porque hoy más que nunca tenemos la total certeza de que... sin defensa no hay justicia”, concluyó.

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