Sala de Prensa

15/11/2021

Ignacio Barrientos le entregó documento con propuestas institucionales para la Convención Constitucional.

Defensor Regional de Antofagasta se reunió con la constituyente Cristina Dorador

El directivo explicó la necesidad reequilibrar los pesos y contrapesos que requiere el sistema penal para garantizar adecuadamente la presunción de inocencia, el debido proceso, la reparación por error judicial y la autonomía institucional de la Defensoría.

Por Julia Arriagada Márquez,
Defensoría Regional de Antofagasta.

En una reunión presencial, el Defensor Regional de Antofagasta, Ignacio Barrientos, entregó a la convencional constituyente Cristina Dorador la “Propuesta para equilibrar los derechos y garantías de los imputados y condenados en el sistema penal”, documento que fue elaborado por la Defensoría Penal Pública en un trabajo colaborativo que involucró a todos los estamentos de la institución, con la idea de aportar al proceso constituyente en marcha.

Durante el encuentro -en que también participaron la directora administrativa regional de la Defensoría, Patricia Sagua, junto a David Godoy y Alejandra Tapia, asesores territoriales de la constituyente-, Barrientos presentó algunas estadísticas sobre la labor que la Defensoría Penal Pública desarrolla tanto a nivel nacional como regional.

También destacó la labor que el equipo regional de defensa pública desarrolla en el ámbito de la reinserción social, a través de diversas iniciativas y proyectos deportivos, culturales y productivos. 

DERECHOS Y GARANTÍAS
Al abordar la propuesta de la Defensoría para la nueva Carta Fundamental, Ignacio Barrientos detalló distintos aspectos que se vinculan con el derecho a defensa como una garantía del debido proceso y relevó la importancia que éste adquiere a través de la especialización y el alto nivel técnico con que la institución desarrolla su labor.

“Con el respeto a los derechos humanos como marco orientador, el proceso constituyente es la mejor oportunidad para equilibrar los pesos y contrapesos que requiere el sistema penal y que ha sido contravenido con la dependencia de la Defensoría al Poder Ejecutivo. Consagrar la autonomía de la Defensoría Penal Pública es clave para avanzar en la incorporación de los estándares del derecho internacional en el ámbito penal”, afirmó.

Cristina Dorador valoró como "muy importantes" algunos de los proyectos que ha impulsado la Defensoría, "porque incluyen la equidad de género y también el trato que deberían tener todas las personas privadas de libertad, según el respeto de los derechos humanos".

También dijo que ella y sus asesores pudieron conocer "cuáles son las propuestas que tiene la Defensoría, pensando en la autonomía que debería tener este órgano para realizar su función, que es la defensa de todas las personas frente a la justicia”, concluyó.

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