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16/12/2021
En el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Joaquín
Defensoras públicas especializadas en género visitaron a imputadas privadas de libertad con sus hijos
Las abogadas de la Defensoría Regional Metropolitana Norte les expusieron sobre los derechos que las asisten al estar en prisión preventiva y atendieron consultas acerca de sus respectivas causas.
Por José Ignacio Aguirre O.,
Defensoría Regional Metropolitana Norte.
Una de las situaciones particulares que ocurren en los recintos penales es que a las mujeres privadas de libertad que tienen hijos menores de dos años se les permite cumplir su reclusión junto a sus niños, para que éstos no sufran el trauma de separarse de sus madres a tan corta edad. Este beneficio lo tienen tanto las condenadas como las imputadas que, con sus causas aún pendientes, están sometidas a prisión preventiva.
Cuando faltan pocos días para la Navidad, la coordinadora de defensas especializadas de la Defensoría Regional Metropolitana Norte (DRMN), Andrea Quinteros, y las abogadas Carolina Zúñiga y Luigina Véliz, especializadas en defensa de género, visitaron a las imputadas que cumplen su prisión preventiva en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) San Joaquín, que es un centro de reclusión para condenadas, porque el sector de sala cuna de la cárcel de mujeres de San Miguel está en remodelación.
Durante el encuentro las defensoras pùblicas expusieron los derechos que las mujeres tienen como imputadas en el proceso penal, explicaron las llamadas 'reglas de Bangkok', que a veces son consideradas por algunos jueces, pues a partir de ciertos requisitos recomiendan la libertad antes que la reclusión para las mujeres infractoras de la ley penal.
CONSULTAS DE LAS INTERNAS
Entre las internas que están en el sector materno infantil del CPF San Joaquín -que está separado del resto de la población penal- hay mujeres embarazadas y madres de recién nacidos o de niños de hasta un año y medio. Por su condición, tienen especial interés por recuperar su libertad junto a sus hijos.
Ambas defensoras públicas atendieron las consultas de las imputadas, principalmente sobre las posibilidades de que se les sustituya la prisión preventiva por una medida cautelar menos intensa. Uno de los casos que revisaron es el de M.R., una mujer migrante que dice estar imputada como cómplice por un delito de drogas que cometió su marido. Otras internas también estaban imputadas por delitos contemplados en la Ley Nº 20.000.
En la actividad participó también la defensora penitenciaria Keomara Henríquez, quien atendió las consultas de las condenadas que cumplen su pena con sus hijos pequeños.
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