Sala de Prensa

09/02/2022

Fue presentada por las Defensorías Regionales Metropolitanas

Corte de Apelaciones declaró admisible recurso de amparo en favor de internas de la cárcel de San Miguel

Luego de constatar la precaria situación médica que afecta a sus representadas, las Defensoras Regionales Metropolitanas Sur (s), Mitzi Jaña, y Norte, Daniela Báez, presentaron el escrito judicial en favor de 41 internas del Centro Penitenciario Femenino (CPF).

Por Gustavo López Valeria,
Defensoría Regional Metropolitana.

La Corte de Apelaciones de San Miguel declaró admisible un recurso de amparo constitucional presentado por las Defensoras Regionales Metropolitanas Sur (s), Mitzi Jaña, y Norte, Daniela Báez, en favor de 41 internas del Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Miguel.

En su resolución, la Corte solicitó a Gendarmería un informe que dé respuesta a la situación planteada por ambas directivas en representación de estas mujeres, quienes previamente fueron entrevistadas por abogados de ambas sedes institucionales metropolitanas tras el fallecimiento de la interna Mylene Cartes (50), quien hace unas semanas grabó unos videos donde denunciaba su deteriorado estado de salud y una falta de atención médica en el recinto penitenciario.

La mujer falleció a los pocos días en el Hospital Barros Luco, lo que se tradujo en manifestaciones al interior y exterior de la cárcel, protagonizadas por internas y familiares de éstas, respectivamente.

ACCIÓN JUDICIAL
En forma simultánea, defensores penales públicos concurrieron al centro penitenciario sanmiguelino para entrevistarse con las internas, conocer su estado de salud y las principales necesidades que presentaban. En una multiplicidad de entrevistas efectuadas, se pudo levantar el caso de 41 mujeres de mayor gravedad, quienes manifestaron no haber recibido la atención médica que requieren.

En el escrito declarado admisible por la Corte de Apelaciones en contra del CPF de San Miguel y la dirección regional de Gendarmería, se explicó que estas situaciones “están afectando la libertad personal, seguridad jurídica y la salud de las amparadas para que, conociendo del mismo, ordene se guarden las formalidades legales y se adopten de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de las afectadas”.

El amparo presentado agrega que, con ello, se busca asegurar que la privación de libertad de estas internas “se ajustará a las normas legales vigentes y se les garantizara a nuestras representadas, en atención a la especial posición de garante que tiene Gendarmería de Chile, la seguridad jurídica de cumplir sus privaciones de libertad en una unidad penal donde no peligre su vida e integridad física y psíquica”.

FALTA DE AUXILIO MÉDICO
En la presentación se enumeran también diversas acciones patrocinadas por defensores penales públicos en múltiples ocasiones, debido a “la falta de personal médico y la falta de atención de urgencia, así como la demora y retardo en las atenciones médicas que requieren nuestras representadas”.

El texto de la defensa pública agrega que “todas las internas coinciden en que el médico del recinto penal va una vez a la semana y sólo media jornada. Para acceder a él deben pasar por un filtro de una enfermera, y que sólo son atendidas realmente por paramédicos, sea cual sea el problema de salud que las aqueje. Además de lo anterior, señalan que el medicamento común que se les administra para cualquier tipo de dolor que tengan es Paracetamol, sin distinguir el origen del dolor o lesión que presenten, contando entre ellas incluso pacientes diagnosticadas con enfermedades de gravedad como cáncer o corte de tendones, entre otros”.

Ambas Defensoras Regionales detallan, además, las afecciones de salud de ocho internas, quienes presentan distintas situaciones médicas que no han sido tratadas, principalmente hemorragia, fibromialgia, trombosis, falta de tratamiento siquiátrico o ausencia de controles ginecológicos.

FALENCIAS EN ENFERMERÍA
El recurso de amparo se hace cargo de las deficiencias manifestadas en un informe elaborado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que respecto de la unidad de enfermería del CPF sostiene que “en el lugar existen implementos descompuestos y en malas condiciones, tales como la autoclave, camilla, silla de ruedas y el sillón del dentista. No hay ramplas de ingreso, lo que genera dificultades de acceso para personas con movilidad reducida o en silla de ruedas, ya que se haría a mano”.

La solicitud de la defensa penal pública en conjunto con el INDH, se funda en infracciones a la Constitución Política de Chile, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de San José, a las llamadas ‘Reglas de Mandela’ y a fallos previos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Una vez recibido el informe de Gendarmería, la Corte de Apelaciones de San Miguel resolverá la situación planteada por los equipos de defensores públicos de la Región Metropolitana.

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