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21/02/2022

Campaña #AbramosLaJusticia

Fiscalías, Defensorías, Ministerios de Justicia y Cortes Supremas de América Latina y Europa impulsan convenio internacional para mejorar el acceso a la justicia

Las principales redes de justicia de más de 20 países -la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (Aiamp), la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (Aidef), la organización internacional Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (Comjib) y la Cumbre Judicial Iberoamericana- se unen en una campaña impulsada por la Fiiapp (cooperación internacional española), a través del programa EUROsociAL+ de la Unión Europea, para promover el acceso a la justicia impulsando un convenio internacional que haga vinculantes las ‘100 Reglas de Brasilia’.

Todas las personas son iguales ante la ley, pero ¿tienen todas las personas el mismo acceso a la justicia? La respuesta es NO. Todavía. Pueblos indígenas, personas migrantes, personas con discapacidad, en entornos remotos o mujeres víctimas de violencia de género, entre otros colectivos encuentran, a menudo, serias limitaciones para conocer sus derechos, acudir a un tribunal, defenderse o denunciar con garantías, entre otros.

Un lenguaje demasiado técnico, la falta de servicios de traducción a lenguas indígenas, el desconocimiento de los propios derechos, distancias físicas insalvables o simplemente miedos y desconfianza son sólo algunos de los obstáculos más habituales que impiden a estos grupos un acceso efectivo a los sistemas públicos de justicia en América Latina.

“Poca o ninguna utilidad tiene que el Estado reconozca formalmente un derecho, si su titular no puede acceder de forma efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela de dicho derecho. Y obviamente las dificultades son mayores cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad”, explica Stella Maris Martínez, Coordinadora General de la Aidef y Defensora General de Argentina.

Personas en situación de pobreza, niños, niñas y adolescentes, personas mayores, personas migrantes, personas con discapacidad, colectivo LGTBI, pueblos originarios, mujeres víctimas de violencia machista y personas privadas de libertad son los principales destinatarios de las ‘Reglas de Brasilia’.

ACCESO A DERECHOS
“Las 100 Reglas promueven medidas tan básicas como la participación activa de servidores públicos en la divulgación de conocimiento sobre los derechos de las personas en zonas desfavorecidas, la gratuidad de la asistencia jurídica, formularios de fácil manejo, la oralidad y comprensión de las actuaciones judiciales, medidas de acercamiento del servicio a lugares remotos o medidas alternativas de resolución de conflictos son algunos de los estándares promovidos”, aclara el portavoz de la Cumbre Judicial Iberoamericana.

“Los Ministerios Públicos de Iberoamérica hemos asumido el firme compromiso de eliminar la inequidad y la desigualdad en el acceso a la justicia. En un trabajo coordinado y complementario, las fiscalías y procuradurías de la región nos hemos abocado a mejorar la protección y asistencia de las víctimas y los testigos, porque parte de la legitimidad de la democracia está en que la ciudadanía entienda su sistema de justicia, entienda sus derechos y se sienta integrada en este proceso. Los riesgos de invisibilizar a los más vulnerables son altos en contextos de alta desigualdad, de allí la relevancia de nuestro deber”, sostiene el presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y Fiscal Nacional del Ministerio Público de Chile, Jorge Abbott.

“Las 100 Reglas de Brasilia fueron actualizadas en 2018, pero hoy debemos ir más allá, centrando la justicia en las personas y procurando que las reglas no solamente sean marcos conceptuales de referencia. Tenemos un inmenso desafío, que es desplegar una estrategia que facilite la articulación de planes nacionales de acceso a la justicia en los países de Iberoamérica”, sostiene Paola Andrea Jhon Martínez, secretaria general adjunta de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (Comjib).

Para Anna Terrón, directora de la Fiiapp, que ha impulsado la formulación de estas normas a través del programa EUROsociAL+, “el acceso a la justicia es un derecho llave para la realización de otros derechos y debe estar en el centro de la cooperación internacional entre instituciones públicas: el intercambio de experiencias es y será un acelerador para la implementación efectiva de las 100 Reglas de Brasilia”.

'DECLARACIÓN DE VALPARAÍSO'
Las redes judiciales coinciden en que la pandemia ha agravado las dificultades de acceso a la justicia para los grupos más vulnerables. Así lo manifestaron en la ‘Declaración de Valparaíso’, firmada el pasado 14 de enero, durante la celebración de un encuentro del programa EUROsociAL+ .

“Especialmente acuciante es el caso de mujeres y niñas, ya que la pandemia ha intensificado la violencia contra ellas, tanto dentro como fuera del hogar, y se han multiplicado los obstáculos para que puedan llegar hasta los servicios de justicia o aplicar las medidas de protección. Esta situación hace más necesarias que nunca medidas específicas para ellas dentro de la justicia formal, pero también a través de otros mecanismos alternativos de resolución de conflictos o de la justicia restaurativa”, asegura Paola Andrea Jhon Martínez.

Por otra parte, aunque la pandemia ha acelerado el uso la tecnología, consiguiendo en muchos casos una justicia más ágil, “el uso de medios tecnológicos también puede tener un impacto negativo en el acceso a la justicia de algunos sectores de la población: la digital es una brecha adicional que hay que abordar urgentemente”, señala Xavier Armendáriz Salamero, Fiscal Nacional (s) del Ministerio Público de Chile y representante de la Presidencia de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (Aiamp).

Carlos Mora Jano, Defensor Nacional de Chile y secretario general de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (Aidef) destaca también las necesidades especiales de las personas migrantes y refugiadas: “En los últimos años ha aumentado exponencialmente la necesidad de mecanismos efectivos de acceso a justicia para las poblaciones en situación de movilidad, en un momento de migraciones masivas sin precedentes en el último siglo en la región”.

CAMPAÑA SIMULTÁNEA EN MÁS DE 20 PAÍSES
Bajo el hashtag #AbramosLaJusticia, la campaña tendrá lugar entre el 18 y el 23 de febrero, con un vídeo animado con testimonios de personas vulnerables y voces de fiscales, defensores y magistrados/as en 23 países. ¿El objetivo?: crear conciencia sobre los retos de acceso a la justicia y sobre la necesidad de impulsar un convenio internacional que pueda hacerles frente.

Todos los organismos involucrados en esta iniciativa son representativos de los distintos actores relevantes en estas temáticas. Por ejemplo, la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (Fiiapp) es una institución comprometida con los problemas y desafíos globales, que entiende la cooperación internacional como un instrumento para enfrentarlos de forma conjunta.

Como fundación del sector público estatal de España, promueve, orienta y gestiona la participación de las administraciones públicas en proyectos de cooperación internacional. Presente en más de 100 países, refuerza los sistemas públicos mejorando sus estructuras, revisando marcos normativos y políticas, y formando a funcionarios y gestores públicos.

EUROsociAL+, en tanto, es un programa de cooperación entre la Unión Europea y América Latina que contribuye a la reducción de las desigualdades, la mejora de los niveles de cohesión social y el fortalecimiento institucional en 19 países latinoamericanos, mediante el apoyo a sus procesos de diseño, reforma y ejecución de políticas públicas, focalizando su acción en las áreas de gobernanza democrática, igualdad de género y políticas sociales. La justicia inclusiva es una de las líneas de trabajo de su área de gobernanza democrática.

Luego, la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (Comjib) es una organización internacional e intergubernamental, que agrupa a los Ministerios de Justicia e instituciones homólogas de los 22 países de la Comunidad Iberoamericana. Su objetivo principal es el estudio y promoción de formas de cooperación jurídica entre los Estados miembros.

Constituye un espacio de fortalecimiento de la cooperación en materia de justicia en la comunidad iberoamericana, que promueve procesos de transformación institucional y el desarrollo de políticas públicas de justicia, buscando contribuir al bienestar social de la región.

Otro organismo participante es la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (Aiamp), una entidad sin fines de lucro que integra a los 22 Ministerios Públicos /o Fiscalías de Ibero América. Entre sus objetivos se encuentran el estrechar los vínculos de cooperación, solidaridad y enriquecimiento profesional recíprocos entre los Ministerios Públicos miembros y promover el establecimiento de estrategias comunes para enfrentar los problemas fundamentales concernientes a la institución, especialmente referidos a crimen organizado (narcotráfico, terrorismo y trata de personas) y tratamiento de víctimas y testigos.

Por último, la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (Aidef) agrupa a todas las defensorías públicas de la región y entre sus objetivos principales se encuentra el defender la plena vigencia y eficacia de los derechos humanos, establecer un sistema permanente de coordinación y cooperación interinstitucional de las defensorías públicas y asociaciones de defensores públicos de las Américas y el Caribe, y propender a la independencia y autonomía funcional de las defensorías públicas, para asegurar el pleno ejercicio del derecho a la defensa de las personas.

LAS 100 REGLAS
Las llamadas ‘100 Reglas de Brasilia’ son un conjunto de normas que consagran los estándares básicos para garantizar el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Fueron aprobadas en la ‘XIV Cumbre Judicial Iberoamericana’, celebrada en Brasilia (capital de Brasil) en marzo de 2008.

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