Sala de Prensa

12/11/2024

Junto a 80 representantes de distintas defensas públicas de América Latina

Dirigentes de la Asociación de Defensores Públicos participan en la asamblea ordinaria de Aidef

La Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (Aidef) realizó se asamblea ordinaria para definir a los nuevos miembros del comité directivo. En paralelo, se desarrolló un congreso sobre migración.

Por Marta Vargas V.,
estudiante en práctica Defensoría Regional Metropolitana Norte. 

EL  24 de octubre pasado se realizó la asamblea general ordinaria de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (Aidef) en el Salón de Expresidentes de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.

En ese contexto, el defensor local de Santiago y presidente de la Asociación de Defensores Penales Públicos (ADEF), Eduardo Vargas, junto a la defensora local jefe de Vallenar y tesorera de esa asociación, Nayadet Cifuentes, participaron en la reunión internacional, durante la cual se designó a representantes de distintos países como nuevos integrantes del comité ejecutivo, entre otras actividades.

Vargas explicó también que en la jornada se aprobó una modificación del estatuto, para aumentar de dos a cuatro miembros la representación de cada país, para lo cual se conformó un comité que va a estudiar esta modificación y su viabilidad jurídica ante la ley guatemalteca, ya que en ese país está inscrito el estatuto.

Vargas, dependiente de la Defensoría Regional Metropolitana Norte (DRMN) destacó la importancia de esta reunión, en la que pudo dialogar con delegados de toda Latinoamérica y, a su vez, conocer las realidades que afectan a la defensa pública en otros países del Cono Sur.

Nayadet Cifuentes, en tanto, aseguró que estas instancias son un espacio para consolidar la colaboración internacional, además de conocer cómo están funcionado las legislaciones de otros países y así encontrar puntos en común en temas como la migración.

REFORZAR LA DEFENSA DE LAS PERSONAS MIGRANTES
En paralelo a la asamblea se llevó a cabo un congreso sobre migración. En esa línea, la dirigenta gremial comentó que todos los participantes coincidieron en que la migración es un fenómeno que cruza este siglo. “cada país es receptor de extranjeros, donde muchos han tenido una respuesta punitiva a esta movilidad y donde ha habido transgresiones de derechos. De ahí la importancia de reforzar la defensa de las personas migrantes”, señaló.

A juicio de la defensora pública, ha habido un retroceso en materia de derechos humanos y “ahí tenemos un desafío para la defensa, que es ser garantes y tener un rol más activo y de cooperación internacional”.

Finalmente, Cifuentes destacó el prestigio que tiene la defensa pública chilena en este grupo: “Chile es considerado un país muy potente y con un sistema avanzado en el sistema procesal penal, por lo que debemos seguir consolidándonos en este espacio”, indicó.

TRABAJO COLABORATIVO Y CAPACITACIONES
Consultado sobre su primera experiencia en esta  asamblea general de Aidef como representante de los defensores penales públicos de Chile, Eduardo Vargas destacó el respeto que transmiten los representantes de países vecinos a Chile, como Guatemala, Ecuador y República Dominicana. De hecho, durante la asamblea los delegados reconocieron en todo momento la labor que realiza la Defensoría Penal Pública en nuestro país, "reconocimiento que nos permitirá generar grandes lazos con la justicia de Latinoamérica”.

Otro de los temas revisados durante la asamblea fue la vulnerabilidad de las personas que ingresan al sistema de justicia. En esa línea, se reiteró el compromiso de la Aidef, que tiene como misión ofrecer un trato digno y garantizar la vigencia de los derechos humanos en la población penal.

Una de las propuestas que presentó Vargas durante la asamblea fue crear un espacio de trabajo colaborativo entre los defensores latinoamericanos y la organización, con el objetivo de entregar herramientas que capaciten a los abogados en la labor de defensa y, a su vez, generar una vía de comunicación permanente sobre las posibles inquietudes de los juristas respecto de las causas e incumplimiento de los derechos de las víctimas y que necesiten la colaboración de la Organización Interamericana de Defensorías Públicas.

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