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Atacama: adulta mayor continuará cumpliendo condena bajo arresto domiciliario

22/02/2022

Le faltan diez meses para salir en libertad

Atacama: adulta mayor continuará cumpliendo condena bajo arresto domiciliario

La mujer de 78 años presentaba diversas enfermedades de base, lo que dificultaba su permanencia en la unidad penal de Vallenar.

Por Claudia Jiménez C.,
periodista Defensoría Regional de Atacama.

Ante el inminente peligro de contagio por Coronavirus y mediante un recurso de amparo que fue acogido por el Juzgado de Garantía de Vallenar, la defensora penitenciaria Viviana Luco Amigo -dependiente de la Defensoría Regional dfe Atacama- logró que se modificara la pena efectiva de M.E.R., una adulta mayor que cumplía una condena privativa de libertad en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de esa comuna, por la de arresto domiciliario total.

La mujer, de 78 años de edad, se encontraba en el centro penitenciario desde junio de 2021, contexto en presentó síntomas de enfermedades de carácter crónico y psiquiátrico. "Ella tuvo etapas de crisis, pues la trasladaron en varias oportunidades al Centro de Salud Famiiar (Cesfam) por su delicado estado de salud”, explicó la abogada.

"Logramos que se acogiera nuestra petición, pues presentamos antecedentes sobre su salud y riesgo de contraer Covid-19, además de su situación familiar. Su hija se haría cargo de ella en caso de sustitución de pena. Como fundamento, utilicé también la ley de indulto conmutativo, ya que si hubiese sido condenada cuando se dictó la norma, hubiese sido beneficiada. También el decreto 518, que regula los establecimientos penitenciarios”, sostuvo Viviana Luco.

Al comentar el caso, el Defensor Regional de Atacama, Raúl Palma Olivares, lo consideró "sumamente importante, pues se trata de personas privadas de libertad con enfoque diferenciado: vejez, género y enfermedad, entre otros, que requieren una mirada especial, donde la cárcel material resulta mucho más gravosa y aflictiva que para otra persona, dada su especial situación de vulnerabilidad. De hecho, estamos ad portas de una opinión consultiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre este punto específico, de gran relevancia”.

TRATADOS INTERNACIONALES
Dentro de los argumentos utilizados por la defensora pública de M.E.R. se cuentan diversos tratados internacionales, como “la 'Declaración Universal de Derechos Humanos', la 'Convención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes', el P'acto internacional de derechos civiles y políticos', la 'Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer' y las 'Reglas de Bangkok', entre otras”, enumeró Luco Amigo.

Según Raúl Palma, el reto regional en materia de defensa penal es que las defensoras y defensores públicos logren avizorar tempranamente estas situaciones, "incorporando activamente los estándares del derecho internacional de los derechos humanos en las alegaciones y defensas estratégicas. Deben salir del círculo penal puro y duro, es decir, del ámbito formal del derecho, ya prácticamente sobrepasado por la realidad”, aseguró.

Para la defensora penitenciaria se trató de un caso difícil, "porque nuestra legislación no comprende ninguna norma que nos permita sustituir la pena. Sin embargo, la norma internacional de derechos humanos nos permitió hacerlo. Es importante aterrizar la norma al contexto que estamos viviendo. Generar empatía con la convicción de que el juez nos debe escuchar. Las penas privativas de libertad no pueden causar más dolor de lo que causan”, señaló.

TRABAJO EN EQUIPO
Satisfecha por este resultado judicial, Viviana Luco agradeció a su equipo, integrado además por una asistente administrativa y una trabajadora social. “Para nosotras el trabajo en equipo, que es jurídico y social, nos ha permitido entender que la norma está creada para el ser humano y la realidad a veces dista de nuestra legislación. El derecho penitenciario y los tratados internacionales de derechos humanos deben aplicarse a cada persona en particular, sobre todo en el caso de una mujer de avanzada edad con un deterioro en su salud física y mental”, dijo.

También destacó el trabajo interinstitucional en este caso, ya que la primera línea de acción fue comunicarse con el área técnica del CDP de Vallenar para solicitar la ficha única de su representada, y después con personal de Gendarmería, que colaboró en el trabajo de recopilación de información.

Una vez obtenida la ficha única de la adulta mayor y luego los antecedentes aportados por su hija, se presentó el amparo ante el juzgado de garantía, “quienes nos notificaron el mismo día que la audiencia se celebraría al día siguiente. Allí se acogió nuestra petición, sustituyendo la pena efectiva de cárcel por la de arresto domiciliario total”, finalizó la defensora penitenciaria.

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