Sala de Prensa

28/02/2022

Columna de opinión del Defensor Regional de Arica y Parinacota, Claudio Gálvez Giordano

Hacia una Defensoría autónoma

En el siguiente artículo, publicado en el diario "La Estrella" de Arica, Gálvez Giordano explica que no basta con crear una institución que vele por la cobertura y calidad de la defensa, si ésta no se encuentra en un pie de igualdad con los otros intervinientes del proceso penal.

Por Claudio Gálvez Giordano,
Defensor Regional de Arica y Parinacota. 

Un componente fundamental del acceso a la justicia, entendido éste como un derecho humano, y del debido proceso -como una de las piezas fundamentales de aquél-, es la existencia de una defensa técnica de calidad en materia penal, que no dependa de las facultades económicas de las personas, sino que sea asegurada por el Estado.

Sin embargo, como lamentablemente ocurre en el caso chileno, no basta con crear una institución que vele por la cobertura y calidad de la defensa, si dicha institución no se encuentra en un pie de igualdad con los otros intervinientes del proceso, que asegure que, en el cumplimiento de su misión, no puede aquélla -por diseño de sistema- ser sometida a ningún tipo de presión o influencia que determinen la manera en que ejerce su función técnica.

Actualmente, la Defensoría Penal Pública es un organismo subordinado directamente al Poder Ejecutivo, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Si bien se ha alegado que en la práctica no se han producido mayores conflictos que hagan dudar de la libertad con que los defensores ejercen sus funciones, se trata de una situación fáctica y no sistémica, lo que deja la prestación de este importante servicio a merced de las autoridades políticas del momento.

Por otro lado, de esa situación derivan otras importantes consecuencias prácticas, como por ejemplo que no sea posible para la institución comparecer ante organismos internacionales en determinados casos en que se hayan producido vulneraciones que, por distintos motivos, no hayan podido ser subsanadas dentro del sistema nacional; o que la libertad con que un Defensor Nacional puede opinar sobre una política pública o una ley no es la misma que la que tiene un Ministerio Público autónomo o un Poder Judicial independiente.

De esta manera, el espacio actual que se abre con la discusión de un nuevo texto constitucional es una oportunidad para garantizar esa igualdad de armas que fue, en su momento, la promesa de la reforma procesal penal.

 

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