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Defensor nacional Carlos Mora, sobre propuestas de comisión de la Convención Constitucional: “La anhelada autonomía puede mermar con la existencia de un consejo que pudiera tener tintes políticos”

11/04/2022

El Mercurio, domingo 10 de abril de 2022:

Defensor nacional Carlos Mora, sobre propuestas de comisión de la Convención Constitucional: “La anhelada autonomía puede mermar con la existencia de un consejo que pudiera tener tintes políticos”

Si bien su foco está en la institución que dirige, igualmente aborda de manera crítica el modelo de órganos colegiados que se busca instalar a la cabeza de distintas entidades del nuevo Sistema Nacional de Justicia.

Pocos días atrás el defensor nacional Carlos Mora cumplió cuatro meses en el cargo. Una de sus prioridades, declaradas públicamente al asumir, sería conseguir la autonomía para la institución que encabeza.

El tema hoy está en el debate constitucional, porque recientemente la comisión de Sistemas de justicia de la Convención aprobó distintas normas que tocan a la defensoría y esta semana se espera que sean votadas en el pleno.

Y, de contar con el respaldo de dos tercios de los convencionales, pasarían a formar parte del proyecto de nueva Constitución. Ahora, si bien autonomía es parte de las propuestas, también lo es que la dirección de la Defensoría Penal Pública pase a manos de un consejo superior.

Mora es crítico de ese órgano colegiado tal y como está planteado, dice, y también tiene algunos reparos respecto de instancias similares que pudieran incorporarse al Ministerio Público y el Poder Judicial.

Igualmente abordó con “El Mercurio” el funcionamiento del convenio que la institución firmó con Carabineros, el que califica como positivo, y la relación con la nueva ministra de Justicia, Marcela Ríos, de quien afirma, aunque no es abogada, “sabe mucho de políticas públicas del sistema integral de justicia”.

—La comisión de Sistemas de justicia envió al pleno de la Convención una norma que da autonomía a la institución, ¿cómo recibe esta propuesta?
—La propuesta que nos otorga autonomía constitucional es positiva. Creemos que constituye, de alguna manera, un reconocimiento a la tarea que ha venido realizando la Defensoría Penal Pública desde su creación en 2001, pero también tiene que ver con una forma de ejercer la defensa en igualdad de armas, dado que el Ministerio Público y el Poder Judicial son autónomos.

—¿Cómo conversa la autonomía con el consejo superior que se propone para dirigir la defensoría y que impulsa la misma comisión?
—Consideramos que esta autonomía no puede ni debe necesariamente afectar al gobierno de la institución, que actualmente está entregado al defensor nacional. No existe una evaluación o diagnóstico negativo sobre la actual forma de gobierno institucional (...), se ha demostrado la eficiencia en la gestión de la atención de usuarios, la calidad de la prestación, y este liderazgo de la institución —que ha sido impulsado por quienes han ocupado históricamente el cargo de defensor nacional— ha sido reconocido a nivel nacional e internacional.
“Si bien es cierto que la defensoría lo que anhela es una autonomía constitucional, creo que esta autonomía se puede mermar con la existencia de este consejo, que puede tener tintes políticos”.

—¿Estarían dispuestos a ceder algo por la autonomía?
—Si se pretende dar una mayor representación ciudadana o social, debería consolidarse un modelo de consejo asesor, integrado por representantes de la sociedad civil, que tenga algún grado de vinculación con los intereses que representan los objetivos estratégicos de la institución. El objetivo, creo, no se alcanza con una integración gremial y política, que en numerosas ocasiones resulta divergente con los intereses que representan de la función propia de la defensa penal.
“Pero un ente colegiado, con integración plural y representación de estamentos relevantes de la sociedad civil, vinculada a la protección de los derechos de imputados, de las personas en situaciones de vulnerabilidad, eso, pienso, puede contribuir con la misión y propósitos de acción de la Defensoría Penal Pública”.

—¿Qué riesgos ve en el modelo de consejo propuesto?

—Si se crea este consejo superior vamos a burocratizar la institución, se van a diluir las responsabilidades que hoy recaen en el defensor nacional con respecto al actuar. Las facultades que se le entregan al defensor nacional se minimizan, este solo representa a la institución con otras instituciones y dirige este consejo, pero no tiene más atribuciones.
Mora profundiza en este punto: “También existe el riesgo de politizar la institución, porque la conformación de este consejo es de tres defensores y un funcionario, probablemente habrá elecciones y estas las van a dirigir los gremios (...), y los otros tres consejeros, porque son siete, van a ser elegidos por el Congreso, evidentemente habría un tinte político. Existiría, en mi opinión, una coaptación política”.

“Eliminar la figura del fiscal nacional puede ser un error”

—¿Qué le parece que esta idea de cuerpos colegiados esté también en otras instituciones del sistema de justicia?
—A la defensoría le afectaría, pero hay una diferencia. Los defensores funcionan con independencia al ejercer la defensa; en cambio, el Ministerio Público tiene que fijar políticas de persecución penal, en ese sentido, aunque no quiero opinar mucho de otras instituciones, porque ellos saben cómo mejor funcionan, creo que no es mala la idea de tener en la fiscalía un consejo consultivo, más que ejecutivo, justamente porque puede cooperar con decisiones que tengan un impacto político en la ciudadanía, podría ser una especie de aterrizaje del mundo civil.
“Creo, sin embargo, que eliminar la figura del fiscal nacional puede ser un error, justamente porque, nuevamente lo mismo, se puede caer en politización el Ministerio Público”.

—Advertía una eventual politización de los órganos propuestos para defensoría y fiscalía, ¿cómo ve el caso del Consejo de la Justicia?
—Temo que se burocraticen las decisiones que tenga que tomar el Poder Judicial y el riesgo que veo es que lo que se pretende aquí es dar más transparencia y eso evidentemente no sé si se va a lograr con este tipo de consejos. Estoy pensando, por ejemplo, en concursos, en designaciones, en procedimientos sancionatorios, disciplinarios, administrativos.
“Entiendo que la opinión del Poder Judicial es que se puede ver mermada su independencia y creo que ahí la Corte Suprema tiene mucho que decir, hay que escucharla”.

—También en las propuestas de la comisión de Sistemas de justicia se plantea el fin de la defensa licitada. ¿Qué le parece esa idea?
—Hoy brindamos a través de los defensores institucionales el 20% de la defensa a nivel nacional y el 80% se ve a través del sistema de licitaciones, y eso hasta el momento ha funcionado bien. Pero si la Constitución o la ley lo señalan, que solo debemos funcionar con empleados públicos, defensores institucionales, nos vamos a adecuar a ello y lo vamos a hacer lo mejor posible.
Aunque, dice, “es importante advertir sí que esto va a tener una alto impacto presupuestario y eso tendrá que discutirse en la Dirección de Presupuestos y en el Congreso Nacional”.

“Hemos tenido excelente recepción de los carabineros”

—La Convención aprobó un modelo de justicia que propone un sistema nacional y otro indígena. ¿Cuál es su visión en esta materia?
—Lo importante es que la Constitución deje extremadamente claro cómo va a funcionar este sistema, que entiendo tiene como base tratados internacionales suscritos por Chile, sobre todo el Convenio 169, es decir, que quede claro cuáles son las materias que va a conocer, las competencias de cada uno, y lo más importante, que existan las herramientas de solución para resolver eventuales conflictos (entre sistemas).

—¿La Corte Suprema podría cumplir ese rol?
—Sí, creo que la Corte Suprema sería la adecuada.

—¿Cómo evalúan el funcionamiento del convenio que firmaron con Carabineros, que incluía la presencia de defensores en comisarías y aludía a la representación legal de policías?
—Ha sido positivo. Entre mayo y junio del año pasado realizamos capacitaciones para 4.481 funcionarios a nivel nacional, en temas como derecho procesal penal, derecho penal, pero también en estándares de derechos humanos respecto de detención y prisión preventiva.
“Tuvo también un impacto en la defensa en comisarías, hemos tenido excelente recepción de los carabineros, en el sentido de poder tener entrevistas, conversaciones, con nuestros representados, desde las comisarías. Ya suman más de cinco mil atenciones de este tipo”.

—¿Y respecto de la defensa de funcionarios de Carabineros?
—Siempre hemos defendido a todas las personas por igual, sean o no carabineros; no se trata de firmar un convenio para ejercer la defensa. Lo que sí, este convenio ha ayudado a que cuando requerimos información a la institución respecto del carabinero que defendemos es más rápido el trámite.

—El nuevo gobierno asumió hace poco, ¿cómo es la relación con la nueva ministra de Justicia?
—Tenemos una excelente relación con ella. Sin perjuicio de que no es abogada, sabe mucho de políticas públicas de sistema integral de justicia, es muy proactiva. Hemos tenido ya varias reuniones para sacar adelante aquello relacionado con los objetivos ministeriales.
Estamos coordinados en temas de relevancia, como el respeto absoluto de los derechos humanos, y ella también nos ha manifestado su interés con lo relacionado con la defensa con enfoque de género, defensa penitenciaria, y creo que vamos a trabajar juntos en esto.

El defensor nacional Carlos Mora asumió en el cargo el pasado 2 de noviembre.

Consejo de la Justicia / “Entiendo que la opinión del Poder Judicial es que se puede ver mermada su independencia y creo que ahí la Corte Suprema tiene mucho que decir, hay que escucharla”.

Jurisdicción indígena / “Que quede claro cuáles son las materias que va a conocer, las competencias de cada uno, y lo más importante, que existan las herramientas de solución para resolver eventuales conflictos (entre sistemas)”.

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