Sala de Prensa

31/08/2022

Defensores de Arica destacan la importancia de difundir los derechos en el sistema penal

Los funcionarios participaron en ciclo de charlas para el Liceo Artístico Juan Noé.

El cuarto objetivo estratégico de la Defensoría Penal Pública es el de “fortalecer la difusión de derechos y rol de la Defensoría Penal Pública a la comunidad -en el marco del sistema de justicia criminal-, a través de la gestión del conocimiento y su política comunicacional”.

En los últimos años el conocimiento de las personas respecto a la Defensoría ha ido en aumento: 44% en 2015, 53% en 2018 (DESUC) y 66% en 2020 (Cadem).

En paralelo, diversos estudios han evidenciado que la ciudadanía percibe un bajo nivel de conocimiento respecto al sistema penal, tanto de sus derechos como de los intervinientes y sus etapas.

Por ello, la Defensoría Regional de Arica se ha sumado a la iniciativa nacional de la institución a ir sumando a su estrategia de difusión a nuevos públicos en sus encuentros y diálogos.

Así se destaca en la acción del defensor penal juvenil Gabriel Apaza y el encargado de la unidad de apoyo a la gestión de la defensa Hernán Vigil, que en los últimos días han continuado con el ciclo de charlas que están realizando en el Liceo Artístico Juan Noé, esta vez conversando con 50 personas perteneciente al estamento académico.

Las consultas de profesores y asistentes de educación corroboraron lo planteado por las encuestas citadas. Efectivamente el diálogo, las consultas y mayor interés de los asistentes versaron sobre la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y cuál es el rol que ellos mismos pueden y deben cumplir, ante situaciones problemáticas que están siendo recurrentes en los establecimientos, sea cual sea la situación económica, social y cultural de sus estudiantes.

¿Cómo se deben enfrentar las peleas entre jóvenes, cuando éstas llegan a un nivel de agresividad que colocan en peligro la salud física de los niños y en las que ya no se puede recurrir al diálogo? ¿Cómo se interpone un recurso de protección?

¿Ante una denuncia de droga, los profesores cuentan con las atribuciones necesarias para revisar mochilas? ¿Por qué la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente establece sanciones distintas a la de los adultos pese a que la comisión de los delitos es a veces, hasta más violentas que las cometidas por los mayores de 18 años?

Estas fueron las principales preguntas formuladas en el encuentro.

“Es importante que consideren esta información: en 2021, a nivel nacional, la Defensoría asumió 310 mil 723 causas. De ellas, 302 mil 011 (97,2%) fueron cometidas por adultos y 8 mil 712 (2,8%) por menores de 18 años. Si se fijan, existe una diferencia abismante en las cifras”, partió explicando Gabriel Apaza, defensor penal juvenil.

También dijo que “al sobredimensionar el número de delitos de los jóvenes –en base a subjetividades y no en cifras-, lo que se está haciendo es desvirtuar el objetivo de la Ley de Responsabilidad Adolescente, que es resocializar y que es, finalmente, en base a todos los estudios nacionales e internacionales, la mejor manera de enfrentar esta problemática juvenil”, aclaró Apaza al explicar el espíritu que gestó dicha Ley.

 

“La defensa penal es un derecho de todas y todos”

“Si bien explicamos el sistema a todos los estamentos educacionales y a distintos públicos, nuestro objetivo mayor es difundir los derechos de las personas, sean adultos, sean jóvenes, sean migrantes (…) Nosotros aportamos al equilibrio del sistema, a que se respete la presunción de inocencia, por ejemplo. Es difícil que otra institución aborde este tema”, señaló Hernán Vigil al cierre de la actividad. 

El último estudio de percepción realizado por la Defensoría se aplicó a nivel nacional en 2020 y fue ejecutado por la empresa Cadem. Entre los objetivos de la encuesta estuvo el de medir el nivel de conocimiento de las personas respecto a sus derechos en el sistema.

Ante la consulta: ¿Qué tan de acuerdo esta con: “los derechos son poco respetados porque no se conocen”?  El 56% de las personas consideró que efectivamente existe un desconocimiento frente al tema. 

Mientras que ante la aseveración de que “la información y educación de los derechos que está disponible es deficiente”, un 49%  estuvo de acuerdo; un 23% no respondió y un 26% se declaró en
desacuerdo.

Los resultados de las mediciones aplicadas por la institución, así como el trabajo desarrollado con el Consejo de la Sociedad Civil y las líneas programáticas para el período en curso, forman parte de los criterios que determinan el enfoque que tendrá el plan anual y nacional de difusión.

El ciclo de actividades cierra en noviembre con una charla dirigida a padres, madres y apoderados.

 

Noticias relacionadas:


  • subir
  • imprimir
  • volver