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03/10/2022

Osvaldo Pizarro, Defensor Regional del Biobío:

"El caso Tomás Bravo dejó en evidencia los altos estándares y la capacidad de la Defensoría de enfrentar casos complejos" (*)

(*): La siguiente entrevista fue publicada en el diario El Sur de Concepción el lunes 3 de octubre. El abogado, que asumió por tercera vez la dirección del servicio público, relató los aprendizajes de casos emblemáticos y procesos sociales para la defensa de las personas, así como los desafíos para los próximos 5 años de trabajo en la zona.

Por Karlyng Silva Leal,
diario El Sur.

"La interacción con otros organismos que se insertan en la transformación digital del Estado, el uso de nuevas tecnologías de la información, como la implementación de los delitos informáticos, son algunos de los desafíos que Osvaldo Pizarro, defensor regional del Biobío en su tercer periodo en el cargo, reconoce como los principales que enfrenta la Defensoría Penal Pública desde este 2022 en adelante.

"Tras 10 años liderando el servicio público de defensa, el abogado asumirá por tercer periodo consecutivo esta tarea, aplicando su experiencia para el trabajo que se avecina y poner en práctica lo aprendido tras el estallido social, la pandemia y casos complejos que defensores de toda la región han debido asumir durante los últimos años.

"'Estamos muy contentos de poder seguir contribuyendo a liderar los equipos de personas presentes en la región, que hacen posible toda la labor que tenemos y también ser líderes en la gestión de procesos innovadores en el ámbito de defensa penal de las personas', aseguró.

-"¿Cómo han variado los delitos que ha debido dar cobertura la Defensoría en los últimos años?
-"Hasta antes de octubre de 2019 los tres delitos más comunes y frecuentes en el sistema de justicia criminal fueron los hurtos, las lesiones y las amenazas. Con el denominado estallido social se genera una serie de tipificaciones de ilícitos asociados a las manifestaciones y hay un protagonismo importante de delitos nuevos, como lanzar elementos contundentes, barricadas en la vía pública, daños, atentado contra la autoridad, el maltrato de palabra o de obra a Carabineros de Chile. Además del porte de elementos incendiario, los saqueos. En Biobío tenemos casos emblemáticos como el incendio a la Caja Los Andes, saqueos a Preunic, entre otros, y hablamos de que en un saqueo podían haber de 20 a 30 personas detenidas.

-"¿Qué desafíos generó todo ese panorama?
-"En el caso del estallido social, el desafío que implicó para la Defensoría fue asumir algo que hasta el momento no se había asumido, porque no se había dado la circunstancia, que fue la defensa de funcionarios del Estado y las FF.AA., quienes en el ejercicio de su función hicieron uso de armamento de servicio o aplicaron apremios (...) pero también establecer una muralla china y con igual calidad defender a los civiles que fueron objeto de persecución criminal en el contexto del estallido social. Ahí hacemos carne nuestro lema, porque nosotros defendemos personas sin distinción de ningún tipo y las defensas no son corporativas e institucionales.

"El defensor explicó que en la segunda quincena de marzo de 2020 el escenario volvió a cambiar con la pandemia del Covid-19. Junto con las restricciones sanitarias las causas comenzaron a acumularse y se sumaron los delitos relacionados a las infracciones sanitarias en el marco de emergencia sanitaria.

"'Ahí hubo un aumento importantísimo en causas que fueron conductas criminalizadas y se generó todo un debate respecto de la legalidad de esa figura (...) Cuando se solucionó, mucha gente ya había sido imputada y este delito representó más del 35 por ciento de las causas del 2021, algo extremadamente emblemático', aseguró Pizarro.

-"En el marco de investigaciones complejas, ¿cómo analiza el trabajo que la Defensoría ha realizado en el caso Tomás Bravo?
-"Al abordarlo desde una lógica de la investigación criminal, el delito que se imputó en este caso es gravísimo. Tiene altísimas penas en el sistema penal y la imputación criminal que se hizo a don Jorge Escobar en dicho momento no resultó acreditada ni en el hecho ni en la participación. Eso fue un tremendo logro de la Defensoría Penal Pública y los defensores del caso. Yo no conozco en ninguna parte del país que una persona con una imputación de esa gravedad quede en libertad y don Jorge Escobar está libre sin ningún tipo de medida cautelar. Esto dejó en evidencia los altos estándares y la capacidad de la Defensoría Penal Pública de enfrentar casos complejos de manera rápida y oportuna, tanto así que se pudo generar prueba científica importante.

-"¿Qué lecciones deja este caso?
-"Este caso puso nuevamente en el tapete la presunción de inocencia y las implicancias de respetar esta presunción. Desde el ámbito criminal y las investigaciones, las imputaciones ante hechos de tal gravedad deben ser hechas con antecedentes serios y científicos, porque no basta con la imputación de un ilícito grave, sino que hay que acreditarlo como tal.

"Por otra parte, está el tratamiento que la sociedad le dio a don Jorge Escobar. Creo que una de las cosas que más le cuesta entender a las personas es que las investigaciones criminales deben ser realizadas de tal forma que la persona es investigada y, si se le considera culpable por un tribunal en el contexto de un juicio, recibirá una sanción y recién ahí se quebranta la presunción de inocencia. En el intermedio, por más grave que sea la imputación, la gente tiene que entender que esa persona se presume inocente y debe ser tratada como tal".

Revise la nota original en la publicación adjunta.

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