Sala de Prensa

14/11/2022

Para jueces, fiscales y defensores públicos

Defensoría Regional de Valparaíso organizó capacitación sobre la 'Convención Belém do Pará'

La actividad se enmarca en el convenio de cooperación suscrito entre la Corte Suprema, el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública.

Por Sandra Reyes L.,
Defensoría Regional de Valparaíso.

En el Aula "Luis Vicuña Suárez", de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso ((UV), se realizó una capacitación sobre la 'Convención Belém do Pará', la que fue impartida por Catherine Ríos Ramírez, abogada de la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional de Valparaíso.

En el saludo inaugural, el Defensor Regional, Claudio Pérez García, explicó que, “en virtud del convenio (con el Poder Judicial y el Ministerio Público), nos comprometimos a mantener una relación permanente de cooperación en materia de promoción, respeto y protección de los derechos humanos de las personas en materia de igualdad de géneros, para lo cual se acordó implementar acciones conjuntas que, desde sus respectivos ámbitos de acción, estén orientadas a incorporar la perspectiva de género en el ejercicio de sus funciones institucionales, desde un enfoque de derechos humanos e interseccionalidad, y compartir buenas prácticas institucionales en la materia”.

Agregó que “por esto, nos pareció relevante capacitar sobre la 'Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer', conocida también como 'Convención Belém do Pará', que fue ratificada por Chile el 24 de octubre de 1996 y publicada en el Diario Oficial el 11 de noviembre de 1998”.

LA CONVENCIÓN
Sobre este instrumento específico de resguardo de los derechos humanos de las mujeres, en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) expuso la defensora pública Catherine Ríos, abogada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, doctoranda en derecho de la Universidad de Valparaíso, quien también se desempeña como profesora de derecho penal en la Universidad Andrés Bello (UNAB).

En la materia, la abogada ha tenido una destacada participación a nivel nacional, como también en la preparación del 'Manual de actuaciones mínimas en igualdad de géneros' de la Defensoría Penal Pública.

DISCRIMINACIÓN INTERSECCIONAL
Ríos precisó que el objetivo del curso fue “difundir la convención, mostrar los avances en materia jurisprudencial al respecto y motivar a los intervinientes a hacer uso en sus alegaciones del enfoque de género”.

En la capacitación, la abogada abordó temáticas como la discriminación interseccional y el análisis de fallos de tribunales y Cortes chilenas que, al realizar el control de convencionalidad, han aplicado la 'Convención de Belém do Pará', especialmente en delitos ejecutados en contextos de violencia intrafamiliar con víctimas mujeres, casos de mujeres imputadas o condenadas embarazadas o con hijos lactantes privadas de libertad y ejemplos de amplicación de la convención a mujeres trans, entre otras sentencias. 

Según ella, “se hizo hincapié en la obligación del Estado, a través de sus instituciones, de operativizar la convención mediante protocolos de investigación y administración de justicia en los procesos penales para mujeres víctimas de violencia, que consideren los contextos de discriminación y violencia a que se encuentran sometidas e incorporar la perspectiva de género en el análisis de la teoría del delito”.

También se refirió a la “legítima defensa o estado de necesidad exculpante de mujeres que matan a su agresor victima en contexto de violencia doméstica o en las imputaciones a mujeres por omisión de cuidado de sus hijos/as, muchas veces con sesgos y violencias estructurales”.

La profesional planteó también la necesidad de considerar los contextos de discriminación y violencia a que se encuentran sometidas las mujeres al momento de la determinación de la pena y durante la ejecución de las sanciones privativas de la libertad

MUTUA COLABORACIÓN
En cuanto a los acuerdos suscritos en el marco del convenio de cooperación entre la Corte Suprema, el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública, suscrito el 9 de marzo pasado, se ratificó el compromiso de prestar mutua colaboración y/o cooperación para realizar las siguientes actividades:

a) Generar y favorecer instancias interinstitucionales de capacitación y formación permanente en temas de género y derechos humanos, para los y las integrantes de las tres instituciones signatarias del presente convenio.

b) Procurar la transversalización del enfoque de derechos humanos y de género en todas las actuaciones que se desarrollen al alero de este convenio, incorporando criterios de interseccionalidad como una herramienta de análisis para la construcción de razonamientos.

c) Compartir experiencias y buenas prácticas vinculadas al abordaje de la incorporación de la perspectiva de igualdad de géneros y no discriminación al interior de las instituciones, que permitan generar herramientas para mejorar las respuestas institucionales requeridas en la materia.

d) Difundir a través de instrumentos comunicacionales, página web, boletines, revistas, o columnas de opinión en radio y/o prensa escrita, las actividades que se realicen en virtud de este convenio.

e) Realizar estudios y otras actividades de interés en conjunto sobre algún tema de interés común relativos a igualdad de géneros.

f) Habilitar canales simplificados para compartir información estadística relevante para investigaciones y/o publicaciones, cumpliendo con los criterios establecidos en la legislación protectora de los datos personales que sea aplicable.

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