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17/11/2022

Al acoger apelación de su defensa pública

Corte Suprema cambió internación provisional por arresto domiciliario total y arraigo nacional a Paola Micolta

La abogada Catherine Ríos, de la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional de Valparaíso, y la defensora pública Alejandra Pizarro enfrentaron caso de sustracción de menores con enfoque de género, con el apoyo de la Unidad de Corte de la Defensoría Nacional.

Por Sandra Reyes L.,
Defensoría Regional de Valparaíso.

Por mayoría, la segunda sala de la Corte Suprema acogió un recurso de apelación presentado por la abogada Catherine Ríos Ramírez, de la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional de Valparaíso, en favor de Paola Micolta Mendoza, quien había sido formalizada por sustracción de menores.

En el escrito, de 16 páginas, la doctora © en derecho planteó que interpuso el recurso en contra de una resolución previa de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que rechazó -a su vez- una acción constitucional de amparo interpuesta "por ser la resolución un acto ilegal, que incumple lo dispuesto en los artículos 36 y 140 letras a del Código Procesal Penal, en relación con la garantía constitucional del articulo 19 Nº 7 de la Carta Fundamental, del artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos y de los artículos 1 y 3 de la 'Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer', también conocida como 'Convención de Belém do Pará'”.

En la sentencia, de tres páginas, los ministros de la Corte Suprema resolvieron sustituir la medida cautelar de internación provisional por las de arresto domiciliario total y arraigo nacional, “debiendo el juzgado de garantía dictar las resoluciones necesarias para el cumplimiento de lo resuelto, sin perjuicio de lo que pueda decidirse respecto de su situación procesal en la causa en la cual resultó condenada”.

A raíz de una denuncia presentada por el padre chileno de su hijo, la mujer, de nacionalidad colombiana y de 35 años, fue formalizada en diciembre pasado en el Tribunal de Garantía de Viña del Mar, el que decretó su prisión preventiva en el complejo penitenciario de Valparaíso.

DEFENSA CON ENFOQUE DE GÉNERO
El Defensor Regional de Valparaíso, Claudio Pérez García, destacó el trabajo de defensa activa de la defensora pública titular de la causa, Alejandra Pizarro Catalán, y de la abogada Catherine Ríos. “Desde que asumieron la defensa realizaron numerosas gestiones en favor de los derechos y garantías de su representada, quien inicialmente tuvo abogado particular”, señaló.

Agregó que “en este caso se presentaron tres recursos de apelación, cuatro amparos, varias solicitudes de audiencias de cautela de garantías, siete peticiones de modificación o revocación de la medida cautelar y seis peritajes”.

TRABAJO EN EQUIPO
A propósito de lo mismo, Pérez García destacó también el apoyo de la Unidad de Corte de la Defensoría Nacional para lograr este fallo en la Corte Suprema.

Claudio Fierro, jefe de esa unidad, se mostró satisfecho con el pronunciamiento de la sala penal: “Creemos que con esta decisión se hace justicia, en función de los argumentos presentados por su defensora penal pública y que dan cuenta de una situación arbitraria e ilegal, donde además estamos seguros que finalmente será absuelta por el delito de sustracción de menores que le fue imputado", explicó.

Según él, más allá de su condición de mujer y migrante privada de libertad, "ella estaba atravesando por una angustiosa situación como madre, pues se había visto imposibilitada de ver a su hijo, lo que la llevó, lamentablemente, a ser diagnosticada de una severa depresión, además de un cuadro crepuscular que la colocaba en un escenario de absoluta vulnerabilidad".

Alejandra Pizarro, defensora local jefe de Viña del Mar, también relevó el resultado del trabajo realizado. “Asumí esta causa con la valiosa colaboración de Catherine Ríos. En conjunto, fuimos abordando la estrategia de defensa con perspectiva de género”, sostuvo.

Añadió que “se trata de un caso de alto interés humano, en el cual desde el principio dijimos que no existía el supuesto delito de sustracción de menor”. 

LA DENUNCIA
El 17 de noviembre de 2021 Paola Micolta fue formalizada por los siguientes hechos presentados por la Fiscalía: “Las imputadas Paola Micolta y Celedina Micolta concurren a jardín infantil Eureka, ubicado en calle Los Plátanos, Viña del Mar, lugar donde la imputada Celedina, abuela del menor de 2 años a la fecha, solicita a las cuidadoras del jardín su entrega, para luego llevárselo, junto a la madre del menor, la imputada Paola Micolta, a un lugar no determinado de Viña del Mar".

Posteriormente, según el Ministerio Público, "la madre, junto con otros sujetos de nacionalidad colombiana, llevan el menor a un domicilio de la comuna de Cerro Navia , en la ciudad de Santiago, con la intención de sacarlo del país. Luego de diligencias investigativas practicadas por la PDI, se logra ubicar al menor en un domicilio de Cerro Navia, Santiago, quien se encontraba en el lugar junto con ambas imputadas”.

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