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La situación de las personas venezolanas que están en la cárcel a la espera de su expulsión

02/02/2023

En reportaje del diario de Atacama

La situación de las personas venezolanas que están en la cárcel a la espera de su expulsión

Dos de ellos fueron expulsados tras estar más de un año privados de libertad.

Por Pamela Vásquez Fuentes
Periodista diario Atacama.

Dos venezolanos que fueron condenados por el Tribunal Oral en lo Penal que sustituyó la pena por la expulsión del país, están hace casi un año a la espera de su salida.

Los datos apuntan al silencio administrativo de Venezuela y otros culpan a la negligencia de los entes gubernamentales que no han dado respuesta a tiempo a los requerimientos documentales para que puedan salir del país.

César es uno de ellos, su esposa Yiset está con sus tres pequeños de 6, 4 y 1 año a la espera que su pareja pueda recuperar su libertad, viviendo en un hogar de acogida. “Quiero que sea expulsado o le revisen la pena, porque va a cumplir un año en la cárcel el 31 de enero”.

Ella es una joven venezolana que ha debido lidiar la vida sola estos últimos meses tratando de sobrevivir en un lejano país con sus hijos, a pesar de que por disposición del Tribunal Oral en lo Penal su marido debiera estar fuera de Chile.

Con tan sólo 25 años, ingresó al país por un paso no habilitado, hace un año y ocho meses con su esposo César y sus hijos. Ellos vivían en Brasil, pero son venezolanos que llegaron a Chile con una maleta de sueños, que se transformó en una pesadilla.

Decidieron ingresar indocumentados, y posteriormente buscarían solucionar su situación migratoria, gracias a que a César le habían ofrecido un trabajo, el que no se hizo realidad. Por ello, viajaron a Los Andes, una comuna en el centro del país, para desempeñarse en un paqueadero internacional (ya que hablan portugués), donde nunca existió un contrato, estaban indocumentados y recibían un sueldo menor que los chilenos. En ese recinto, César desempeñó labores de guardia de seguridad en la noche para cuidar camiones, por ello le entregaron un arma, la que según su esposa era a fogueo.

Posteriormente, se trasladaron a Chañaral y el 31 de enero cuando estaba junto a su hijo, Carabineros controló a Cesar y le preguntó si tenía un arma, a lo cual él respondió afirmativamente. “Estaba en desconocimiento que era ilegal. Ese armamento se trancó y se partió y el error es que uso un pegamento para pegarla”.

En mayo, en un procedimiento abreviado, el Juzgado de Garantía condenó a César a la pena de 3 años 1 día en prisión por el delito de porte de arma prohibida, la que fue sustituida por la expulsión del territorio nacional “la que deberá efectuarse en un plazo de 30 días, por la Policía de Investigaciones de Chile, debiendo oficiarse al departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública”, dice la sentencia.

Sin embargo, el trámite se ha extendido por meses, siendo que el máximo de tiempo en que son expulsados los extranjeros que no son venezolanos son alrededor de 60 días.

LOS OFICIOS
Según oficios del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la PDI dirigidos al Ministerio del Interior y Seguridad Pública del Servicio Nacional de Migraciones respecto al condenado “debe hacer abandono del territorio nacional en un plazo de 30 días (...) No obstante, por protocolos internos en la coordinación de la compra de los pasajes aéreos, se excederá el plazo establecido por el tribunal. Es por ello, que se solicita que a contar de la fecha de vencimiento se amplie en 30 días más el plazo para dar cumplimiento a esta expulsión”.

El primero de estos documentos tiene fecha de 2 de junio de este año, posteriormente hay otro emitido el 18 de julio, y otro el 18 de agosto y así sucesivamente. Se trata de oficios prácticamente idénticos en su contenido y a los que sólo les están cambiando su fecha de emisión. Respecto a esto, Yiset considera que no puede demorarse meses en comprar los pasajes. “La primera prórroga que solicitó la PDI es porque supuestamente están tramitando la compra de los pasajes aéreos, siempre han dicho que estaba en trámite. En la última audiencia dijeron que era para un trámite para otro país que por eso demoraba. Hace mucho tiempo que Venezuela no responde, hacen un silencio administrativo”, sentenció.

En tanto, desde la PDI se informó que en estos casos el proceso se encuentra en trámite y que trabaja coordinadamente con otros organismos del Estado para materializar las expulsiones de ciudadanos extranjeros, las cuales se hacen efectivas de acuerdo a los protocolos que manejan las instituciones.

Por mientras los dos venezolanos esperan que sus casos sean nuevamente analizados por el tribunal para una fecha pronta para su partida del país, una espera que para ellos ya se les ha hecho eterna.

MÁS DE UN AÑO
En tanto, otros dos venezolanos fueron expulsados el 25 de enero, luego de más de un año de espera, privados de libertad en la cárcel de Copiapó.

Según los antecedentes, ambos fueron investigados luego que fueron sorprendidos en junio de 2021 con droga en un vehículo durante un control policial. En noviembre del mismo año los condenaron a través de un procedimiento abreviado a cumplir 5 años y 1 día de presión, la que fue sustituida por la expulsión del país. Es decir, esperaron más de un año en la cárcel de Copiapó para el regreso a su patria.

Desde el Servicio Nacional de Migraciones, se informó que “las expulsiones administrativas y judiciales corresponden ser materializadas por la Policía de Investigaciones de Chile, quienes, a propósito del caso puntual y de otros similares, nos han manifestado que toda materialización de expulsión está sujeta tanto a la verificación de identidad mediante cotejo de huellas digitales, como a la documentación de viaje que pueda proporcionar el consulado respectivo, en este caso el venezolano. El Servicio está encargado de coordinar las expulsiones judiciales y comprar los pasajes de viaje respectivos”.

En ese sentido, se señaló que “la dificultad que se está teniendo actualmente con la verificación de la identidad de nacionales venezolanos, sobrepasa las facultades que tiene el Servicio Nacional de Migraciones y el Estado de Chile, en tanto es una atribución propia del gobierno venezolano a través de su consulado. Sin perjuicio de ello, el Servicio ha planteado, a las autoridades venezolanas y chilenas correspondientes, su preocupación respecto a esta situación, para así avanzar en soluciones y gestiones efectivas, entre ellas el Servicio presentó escritos en colaboración con la PDI en la causa penal del Juzgado de Garantía de Copiapó, dando cuenta de los oficios y gestiones que la policía estaba llevando a cabo con el Consulado de la República Bolivariana de Venezuela en Chile, para materializar la expulsión de ambos extranjeros”.

En paralelo, el Servicio se encuentra actualizando el protocolo para la materialización de expulsiones judiciales, existente desde noviembre del año 2014, donde también participa el Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Policía de Investigaciones, Gendarmería de Chile y Registro Civil e Identificación. Ambos salieron del país mediante un vuelo comercial con sus respectivos escoltas, tras, finalmente, verificar sus identidades con el consulado venezolano.

“UNA PRIVACIÓN DE LIBERTAD DESPROPORCIONADA Y EXCESIVA”
La Defensoría Penal Pública ha interpuesto recursos de amparo para que los condenados venezolanos cuyas penas han sido sustituidas por la expulsión, salgan pronto de la cárcel con destino a su país.

Violeta Villalobos, jefa de Estudios Regional de la Defensoría Regional de Atacama consultada respecto a las razones de por qué no han sido expulsados señaló que “el Servicio Nacional de Migraciones, continuador legal del Departamento de Extranjería y Migración, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, informó que, antes de ser ejecutada la expulsión deben efectuarse una serie de trámites, entre ellos, se debe verificar la identidad de los extranjeros mediante comparación dactiloscópica, sin embargo, la representación Consular de Venezuela en nuestro país, no ha respondido en orden a confirmar o descartar si estas personas son nacionalidad venezolana.

Explicó que los condenados, en el ámbito de la defensa penitenciaria, son defendidos hasta la completa ejecución de la sentencia por la defensora penal pública, Viviana Luco, quien solicitó audiencia de revisión de la sentencia, en dichas audiencias ha solicitado que se cumpla la expulsión ordenada por el tribunal. Además, de recurrir de amparo ante la Corte de Apelaciones de Copiapó, en contra de las resoluciones que otorgan sucesivas ampliaciones de plazo para la expulsión.

Finalmente, señaló que “es evidente que, una internación a la espera de una expulsión que no se ejecutó en el plazo de 60 días o en el plazo prorrogado por el juez, se traduce en una privación de libertad desproporcionada y excesiva en la cárcel de Copiapó, que es una de las más hacinadas del país, lo que deja a los condenados en una situación de incertidumbre de tal magnitud, que se encuentran afectados en su integridad psíquica, que se ha manifestado en que han tomado drásticas medidas como la huelga de hambre, ya que no comprenden como se ha demorado tanto la expulsión, en circunstancias que ellos observan que condenados de otras nacionalidades como bolivianas y colombianas, cuyas sentencias son posteriores egresan de la cárcel, con destino a sus países, porque sus expulsiones se cumplen dentro de plazo”.

¿DISCRIMINACIÓN?
La sustitución de penas privativas de libertad por la expulsión podría generar una discriminación hacia los ciudadanos venezolanos, ya que son ellos los que se quedan meses privados de libertad en la cárcel. La sentencia de la Corte de Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 28 de agosto de 2014 en el caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas V/S República Dominicana da cuenta que “el derecho internacional de los derechos humanos no sólo prohíbe políticas y prácticas deliberadamente discriminatorias, sino también aquellas cuyo impacto sea discriminatorio contra ciertas categorías de personas, aun cuando no se pueda probar la intención discriminatoria”, dice el fallo.

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