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23/05/2023

Defensor Nacional, Carlos Mora Jano, rindió cuenta pública de la gestión institucional 2022

“Sin la garantía del derecho a defensa, la justicia pierde equilibrio y el estado de derecho se desdibuja”

En la primera ceremonia presencial tras tres años marcados por la pandemia, el directivo reiteró la preocupación institucional por el excesivo uso de la prisión preventiva, respaldó la creación de tribunales de ejecución penal y pidió reforzar iniciativas de reinserción social. “Hablar de derechos y, más aún, de derechos humanos, no es fácil en momentos en que existe un falso concepto de que ellos sólo benefician a quienes cometen delitos”, aseguró.

Por Marcelo Padilla Villarroel,
periodista Defensoría Nacional.

En su primera cuenta pública presencial -tras tres años marcados por la pandemia de Covid-19 y sus efectos-, el Defensor Nacional, Carlos Mora Jano, entregó esta mañana el balance de la gestión 2022 de la institución, en una ceremonia realizada en el auditorio de la Contraloría General de la República.

El directivo comenzó sus palabras agradeciendo el esfuerzo y compromiso de las y los funcionarios del servicio, que “en tiempos complejos ha permitido que se garantice sin excepciones el acceso a la justicia y al derecho a defensa”. A propósito de ello, relevó las dificultades que el contexto actual impone a la labor cotidiana de defensoras y defensores públicos en todo el país.

“Hablar de derechos y, más aún, de derechos humanos, no es fácil en momentos en que existe un falso concepto de que ellos sólo benefician a quienes cometen delitos (…) Vivimos una situación compleja en materia de seguridad pública. Los delitos violentos se han incrementado, la sensación de inseguridad ha crecido y la confianza en las instituciones de justicia ha disminuido”, explicó.

Según el jefe nacional de la defensa pública, “cada defensor público sabe -al igual que todos los demás funcionarios institucionales y del sistema mixto- que, sin la garantía del derecho a defensa, la justicia pierde equilibrio y el estado de derecho se desdibuja”.

PRISIÓN PREVENTIVA
En su presentación, el abogado indicó que, de las 267 mil 473 personas imputadas atendidas el año pasado a la institución, en 20 mil 723 casos (7,7 por ciento) se decretó la medida cautelar de prisión preventiva, lo que implicó un aumento respecto de años anteriores, pues en 2020 y 2021 esta privación de libertad afectó sólo al 5,1 y al 4,9 por ciento de las causas ingresadas, respectivamente.

Agregó que, además, 66 mil 112 personas terminaron sobreseídas, absueltas o con otras salidas sin condena, contexto en que, además, mil 786 personas inocentes pasaron distintos periodos privadas de libertad durante la etapa de investigación de sus respectivas causas, “cifra que se eleva a más de 38 mil personas desde el inicio de la reforma procesal penal, sin que aún existan políticas de reparación efectivas”.

Mora Jano sostuvo que “esta medida cautelar no es el camino para hacerse cargo -por ejemplo- del problema migratorio del país. El derecho penal no soluciona estos conflictos y crear expectativas en ese sentido es contraproducente para nuestro sistema de enjuiciamiento penal”, aseguró.

“El uso excesivo de la prisión preventiva y la consecuente vulneración de derechos y garantías y de la dignidad en diversas formas ha sido alertada por la Defensoría Penal Pública y reiterada constantemente”, pues ello “ha decantado en el hacinamiento carcelario y en la imposibilidad de las instituciones para poder abordar debidamente el fenómeno de la criminalidad, evidenciando con ello la tragedia humana que se vive al interior de las cárceles chilenas”.


“PROYECTO INOCENTES” Y OTRAS INICIATIVAS

El jefe nacional de la defensa pública recordó que en agosto próximo se cumplen diez años desde la creación del “Proyecto Inocentes”, iniciativa institucional que visibiliza y releva los complejos efectos que sufren estas personas al enfrentar una injusta privación de libertad, cuyos casos -como señaló- “reflejan que no existe reparación efectiva, ni apoyo sicológico y menos laboral, y son el resultado de un sistema que enfoca sus esfuerzos por el castigo y no en la forma en que se llevan a cabo las sanciones”.

Junto con destacar el desarrollo de un nuevo modelo especializado de defensa penitenciaria universal, Mora Jano relevó que el año pasado la Defensoría puso en marcha el ‘Sistema de Registro, Comunicación y Atención Integral a Víctimas de Violencia Institucional Carcelaria’ (Sircaivi), iniciativa que reúne a la Fiscalía judicial de la Corte Suprema, al Ministerio Público, a Gendarmería de Chile, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y al Servicio Médico Legal con el objetivo principal de registrar y denunciar las agresiones que personas privadas de libertad sufren por los agentes del Estado que los custodian.

Añadió que desde su puesta en marcha -el 16 de mayo- y hasta el 31 de diciembre de 2022, ingresaron 78 casos de violencia institucional carcelaria en todo el país, correspondientes a 40 personas condenadas (37 hombres y 3 mujeres) y 38 personas imputadas (32 hombres y 7 mujeres), contexto en que Biobío fue la región con más casos registrados en el periodo.

EJECUCIÓN PENAL
En la misma lógica anterior de su discurso, el Defensor Nacional reiteró que en el país es necesario que exista “una preocupación real por el cumplimiento o ejecución de la condena”, tarea fundamental en un estado de derecho que “no puede depender de los meritorios esfuerzos que realice la administración penitenciaria con el apoyo de algunos otros actores públicos y privados”.

Según el directivo, se trata de una compleja labor, que implica realizar acciones que permitan modificar conductas, actitudes y expectativas de las personas que han cometido delitos, así como conciliar un régimen de disciplina basado en el respeto de los derechos humanos, lo que también es una forma de reintegrar (…) Se trata de una tarea mayor, que debe ser asumida de manera seria por el Estado en su integridad”.

Mora Jano indicó que en Chile no existe un órgano que controle y canalice los debates sobre estos asuntos, por lo que consideró “urgente contar con una ley de ejecución penal que regule -de manera coherente- todos los aspectos y objetivos de la actividad penitenciaria, y que establezca jueces especializados, encargados -de manera exclusiva- de controlar dicha ejecución y tomar decisiones jurídicamente adecuadas a los estándares de derechos humanos y a la evidencia existente en la materia”. Por lo mismo, dijo que la Defensoría Penal Pública apoya una propuesta de ley que actualmente se discute en el Congreso y que crea tribunales encargados de la ejecución.

REINSERCIÓN SOCIAL
El Defensor Nacional aseguró también que, según la evidencia empírica, para ser eficaz, la prevención delictiva debe ser integral y extrapenal, además de que se logra sólo desde la política social -asociada a la política económica- y, en particular, a través de la educación, la política de infancia y juventud y de protección social de la familia e inserción laboral.

“No es adecuado esperar que el sistema de justicia penal y penitenciario hagan un aporte muy significativo a la prevención delictual. Por lo mismo, la reinserción social, como fin de la pena, ha sido objeto de cuestionamientos. No obstante, instalar este principio como brújula orientadora de la función penitenciaria contribuye a morigerar los efectos secundarios de la exclusión carcelaria y permite resguardar los derechos de las personas privadas de libertad”, destacó.

CIFRAS PRINCIPALES
En cuanto a las principales cifras del periodo, Mora Jano explicó que, del total de causas ingresadas a la institución, el 83 por ciento correspondió a hombres imputados, y el 17 por ciento restante a mujeres, grupo que ha registrado una baja desde 2020, pasando de 60 mil causas ese año, a 55 mil en 2021 y a 45 mil 389 el año pasado.

También explicó que otras 21 mil causas correspondieron a personas migrantes o extranjeras (7,9 por ciento) y 9 mil a personas indígenas (3,5 por ciento), cuyo total también muestra una baja sostenida respecto de 2020 y 2021, con totales de 12 mil y 10 mil casos respectivamente. Los adolescentes, en tanto, registraron 10 mil causas ingresadas (3,7 por ciento) en 2022, cifra un poco más alta que el año anterior, pero más baja que el total de atenciones de 2020, cuando 12 mil jóvenes fueron representados por la institución.

Junto con reiterar la histórica necesidad de institucional de contar con una autonomía institucional “que nos otorgaría el necesario estatus de independencia que ya tienen el Poder Judicial y el Ministerio Público, el Defensor Nacional destacó que, tras 22 años de camino recorrido y más de 5 millones 600 mil causas atendidas, “somos una institución madura y reconocida por su excelencia. De hecho, por décima vez, este año somos finalistas para el Premio Anual por Excelencia Institucional que otorga el Servicio Civil, reconocimiento que también hemos ganado en dos oportunidades”, concluyó.

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