Sala de Prensa

23/08/2023

Nicole Lacrampette participó en seminario internacional organizado por universidad brasileña

Jefa de Unidad de Derechos Humanos expuso sobre violencia institucional carcelaria en Chile

La abogada explicó que, entre mayo de 2022 y agosto de 2023 se han recibido 279 denuncias a través del “Sistema de registro, comunicación y atención integral a víctimas de violencia institucional carcelaria” (Sircaivi).

Por Marcelo Padilla Villarroel,
periodista Defensoría Nacional.

La jefa de la Unidad de Derechos Humanos de la Defensoría Penal Pública, Nicole Lacrampette, expuso esta mañana, por vía remota, en el seminario internacional “Memoria y perspectivas de lucha contra la violencia institucional carcelaria”, organizado entre ayer y hoy por la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Pelotas (Brasil), que convocó a expertos europeos y latinoamericanos en la materia.

Estructurado en distintas mesas temáticas y grupos de discusión, Lacrampette intervino en el módulo “Procedimientos y métodos de registro y fiscalización de las violencias en contexto de prisión”, contexto en que explicó la estructura y las formas de funcionamiento del “Sistema de registro, comunicación y atención integral a víctimas de violencia institucional carcelaria” (Sircaivi), instancia interinstitucional coordinada precisamente por la unidad que encabeza la abogada.

En detalle, Lacrampette sostuvo que desde el lanzamiento oficial del sistema, el 16 de mayo de 2022, hasta ayer, se han recabado 279 denuncias de violencia institucional carcelaria, de las cuales 179 corresponden a personas condenadas y las restantes a personas imputadas, con una abrumadora mayoría de casos que afectan a hombres (260), aunque también han ingresado 19 denuncias de mujeres.

“El sistema se incorporó dentro de las estructuras que ya existían en la Defensoría, a partir de las mismas funciones que ya ejercían los equipos de trabajo, pero incorporando nuevas funciones, que tienen que ver con el resguardo específico de las vulneraciones de derechos que afectan a las personas privadas de libertad, aunque no podemos representarlas en su calidad de víctimas”, señaló.

ROL DE CAUTELA
Según la abogada, este rol de cautela de derechos se ejerce sobre toda la población privada de libertad y respecto de vulneraciones cometidas por los funcionarios penitenciarios encargados su custodia o por otros internos, pero siempre que en ello exista participación de estos agentes estatales, casos en que las y los defensores públicos y sus equipos de apoyo deben adoptar medidas efectivas -dentro de sus competencias- para la protección de quienes han sufrido este tipo de violencia, para lo cual ya existen protocolos de actuación definidos.

“Contamos también con un mecanismo de colaboración interinstitucional, la ‘Mesa de diálogo y actuación intersectorial’ (Medai), que tiende a aprovechar las competencias de las otras instituciones del Estado que participan -Ministerio Público, Instituto Nacional de Derechos Humanos, Fiscalía Judicial de la Corte Suprema, Servicio Médico Legal y Gendarmería- para proveer atención integral a estas personas, que es el objetivo más ambicioso y de largo plazo del Sircaivi”, aseguró.

Nicole Lacrampette explicó en detalle la ficha que los equipos institucionales deben llenar cuando entrevistan a personas que han sufrido estas vulneraciones, la que incluso contempla requerir datos sobre el estado de salud de los afectados, como para tener un primer panorama completo de lo ocurrido y el tipo de violencia registrada.

“En general, lo que registramos mayormente son agresiones físicas o psicológicas, pero el sistema también nos da la posibilidad de contabilizar otro tipo de vulneraciones, como confinamientos solitarios que pueden ser muy prolongados, amenazas o traslados que se ejercen como forma de hostigamiento, deficiencias en la alimentación o en tratamientos médicos, violencia sexual y violencia obstétrica, entre otros”, indicó.

Como dato relevante, sostuvo que en todos los casos se registra también si las personas están o no dispuestas a denunciar sus casos cuando corresponda, “lo que nos da un acercamiento a la cifra negra de la violencia carcelaria”, añadió.

En términos de proyecciones y desafíos, la abogada aclaró que, más allá de la gravedad que tienen los casos denunciados hasta ahora, los aprendizajes progresivos que el Sircaivi ha dejado y dejará entre sus operadores “tendrán un impacto que va más allá del ámbito de la defensa penal, porque consolidarán información de alcance nacional, aportarán un efecto disuasivo de este sistema de registro y denuncia y fortalecerán, con el tiempo, la efectividad de los mecanismos de protección”, aseguró.

OTROS DEBATES
El módulo en que intervino la abogada también incorporó ponencias del académico Alejandro Forero-Cuéllar, de la Universidad de Barcelona (España) –uno de los investigadores que apoyó la creación del Sircaivi en Chile, con el apoyo del programa EUROsociAL+ de la Unión Europea- y de Luciano Hazan, del ‘Programa contra la violencia institucional’ de la Defensoría General de la Nación de Argentina.

Sin embargo, el seminario internacional contó mesas y grupos de debate sobre los significados de la violencia institucional carcelaria, memoria y tortura, derechos de las personas presas, procedimientos y métodos de registro y fiscalización, y experiencias de acción y actuación, entre otros temas, cuyo desarrollo durante el encuentro fue coordinado por el mencionado Forero-Cuéllar, el experto brasileño Bruno Rotta Almeida, de la Universidad de Pelotas, y su colega argentino Ramiro Gual, de la Universidad de Buenos Aires.

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