Sala de Prensa

17/10/2023

Pablo Ordóñez y Luciano Hazan trabajan en la Defensoría General de la Nación de ese país

Abogados argentinos capacitan a equipos chilenos de defensa penitenciaria en Santiago

En tres jornadas, los expertos revisarán los principales contenidos con que el derecho internacional regula el tratamiento de las personas privadas de libertad -sobre todo si pertenecen a grupos que requieren especial protección-, además de prevenir y abordar integralmente el fenómeno de la violencia institucional carcelaria.

Por Marcelo Padilla Villarroel,
periodista Defensoría Nacional.

Desde ayer y hasta mañana, miércoles 18, los defensores públicos argentinos Pablo Ordóñez y Luciano Hazan capacitarán en Santiago a un grupo de defensores públicos y trabajadores sociales pertenecientes a los equipos de defensa penitenciaria de la Defensoría Penal Pública de Chile.

Bajo el título “Derecho penitenciario y registro y atención integral a víctimas de violencia institucional”, la iniciativa es parte de las dinámicas de colaboración permanente entre de Defensoría Penal Pública de Chile y la Defensoría General de la Nación de Argentina.

El curso se desarrolla a través de dos módulos diarios en dependencias de la Defensoría Nacional. El primero, titulado “Obligaciones específicas del Estado respecto de la garantía de derechos de las personas privadas de libertad”, estuvo a cargo del abogado Pablo Ordóñez, defensor público oficial ante los tribunales federales de primera y segunda instancia N° 1 de La Plata y co-titular de la ‘Comisión de cárceles’ de la Defensoría de ese país.

Durante toda la jornada de ayer, el experto revisó distintos contenidos para comparar las legislaciones de ambos países en temas como la posición de garante del Estado, las condiciones materiales de detención compatibles con la dignidad humana, el derecho a la salud y al voto de las personas privadas de libertad, el acceso a la justicia para estas personas y la educación y el trabajo en el régimen penitenciario.

ESTÁNDARES INTERNACIONALES
En la jornada matinal de hoy, en tanto, Ordóñez tuvo también a su cargo el segundo módulo, sobre “estándares internacionales sobre personas privadas de libertad pertenecientes a grupos en especial situación de vulnerabilidad”.

En ese contexto, repasó en detalle los deberes reforzados de protección respecto de personas privadas de libertad que pertenecen a distintos grupos vulnerables de población, como mujeres, miembros del colectivo LGTBIQA+, migrantes, pueblos indígenas y personas con discapacidad psicosocial.

Por la tarde, en tanto, el defensor público Luciano Hazan -secretario letrado de la Defensoría General de la Nación, a cargo del ‘Programa de violencia institucional’ y de la Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de Hechos de Tortura y otras formas de Violencia Institucional- se encargará del tercer módulo: “Violencia institucional carcelaria: el derecho a la integridad personal y la prohibición de tortura”.

En ese espacio explicará qué es la violencia institucional y cómo deben entenderse los conceptos jurídicos de torturas, malos tratos, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada, además de revisar estándares, buenas prácticas y jurisprudencia internacional en la materia.

Ese módulo concluirá el miércoles por la mañana, con la revisión de los protocolos de Estambul y Minnesota para la investigación y documentación de las torturas y las ejecuciones extrajudiciales, el rol del peritaje en los casos de violencia institucional, el empleo de la fuerza por agentes públicos, el rol de la defensa pública en la prevención de la violencia institucional, el deber de confidencialidad y la entrevista a víctimas de este tipo de casos.

En la tarde, en tanto, se repasarán estándares sobre el abordaje inicial de estos casos y las necesidades del registro y documentación de la violencia institucional carcelaria, aprovechando la mayor experiencia de Argentina en el desarrollo del ‘Sistema de registro, comunicación y atención integral a víctimas de violencia institucional carcelaria’ (Sircaivi) y el abordaje especializado de esta forma de violencia institucional, buscando básicamente mejorar las capacidades de los equipos de la Defensoría Penal Pública.

AMPLIA EXPERIENCIA
Pablo Ordóñez es abogado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y magíster en derecho penal por la Universidad Austral. Ejerce, además, como docente de la UBA, donde imparte materias como ‘Régimen penal del narcotráfico”, “Delitos federales” y “Represión penal del narcotráfico”. Es coautor del libro “Narcomenudeo, de Editores del Sur, y autor del libro “El hábeas corpus en el ámbito carcelario”, publicado por la editorial Hammurabi en 2016 y reeditado en 2023.

Luciano Hazan, en tanto, también es abogado de la UBA, periodista y magíster en derecho por la Universidad Southwestern de Los Ángeles (Estados Unidos). Fue miembro del ‘Grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas e involuntarias de las Naciones Unidas’ (ONU) entre 2017 y 2023 y su presidente-relator en dos periodos, además de miembro del ‘Comité contra las desapariciones forzadas’ de la ONU.

Ha sido abogado de la Asociación “Abuelas de Plaza de Mayo’ y, en el ámbito gubernamental, fue subsecretarios de Política Criminal y coordinador del Programa ‘Verdad y justicia’ -ambos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina-, además de asesor de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación. 

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