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17/10/2023
Iniciativa estuvo a cargo de la Unidad de Apoyo a la Gestión de Defensa (UAGD) de la Defensoría Regional
Estudio de la Defensoría caracterizó a mujeres imputadas privadas de libertad en Los Lagos
La medición arrojó serios déficits en materia de atención de salud y escolaridad, además de mostrar el impacto de la privación de libertad en las familias de las internas, especialmente en niños y niñas.
Por Jorge Mansilla Macías,
Defensoría Regional de Los Lagos.
Cerca de un mes de trabajo implicó un inédito estudio, realizado por la Unidad de Apoyo a la Gestión de Defensa (UAGD) de la Defensoría Regional de Los Lagos, que logró caracterizar a la población penal de mujeres imputadas que cumplen prisión preventiva en los centros penales de Puerto Montt y Osorno.
La medición se aplicó a 21 internas: 13 del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) Alto Bonito, de Puerto Montt, y 8 del CCP de Osorno, y consistió en una entrevista semi estructurada a cada una de las internas en cumplimiento de una medida cautelar, impuesta en el marco de una investigación penal vigente en su contra.
Gerly Vidal, encargada de la UAGD, explicó que el objetivo del estudio, desarrollado con el apoyo de la Unidad de Defensa de Género y de las y los estudiantes de trabajo social en práctica en la institución, “es contar con un instrumento de diagnóstico que permita un análisis general de situaciones comunes, relacionadas con los factores transversales que inciden en la privación de libertad, como una manera de superar y complementar, al mismo tiempo, el enfoque individual, del caso a caso”.
El estudio se ocupó de distintos aspectos de la privación de libertad, como edad, situación judicial, relación con la defensa penal pública, educación y empleabilidad, salud y calidad de vida, familia y redes de apoyo y, finalmente, condiciones habitacionales.
PRINCIPALES HALLAZGOS
En este contexto, Vidal sostuvo que, en general, la edad de las internas oscila mayoritariamente entre 30 y 44 años, seguido por el rango de entre 18 y 29 años, la mayoría con baja escolaridad, que en este caso refiere, en general, a enseñanza básica incompleta.
“Esta es una de las señales relevantes para enfocar el trabajo complementario, porque la educación es precisamente uno de los factores determinantes en el aumento de conductas delictivas”, explicó Gerly Vidal.
La profesional sostuvo, asimismo, que otra de las variables relevantes detectadas es el impacto familiar que tiene la privación de libertad para las mujeres, especialmente cuando tienen hijos o hijas, sobre todo porque la gran mayoría de ellos tienen menos de 18 años. Otro aspecto complejo es la necesidad permanente de las internas de recibir atención de salud, en especial ginecológica.
INSUMO ESENCIAL
La Defensora Regional de Los Lagos, Soledad Llorente, calificó el estudio como un "insumo esencial" para el trabajo de la institución: “Este trabajo es un paso más en el esfuerzo que hemos desarrollado en la región para asegurar una defensa con perspectiva de género. En particular, el trabajo de la defensa con perspectiva de género necesariamente tiene que actuar con un equipo multidisciplinario y, muy particularmente, con aquellos que se enfocan en las necesidades psicosociales de nuestras usuarias”, señaló.
En ese sentido, la jefa regional de la defensa pública indicó que este trabajo de la UAGD "es de suma importancia y un insumo esencial para que las y los defensores públicos puedan ir reforzando las alegaciones necesarias para que la resolución del conflicto penal se realice con perspectiva de género”, concluyó.
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