Sala de Prensa

04/12/2023

Fue organizado por la sede Valdivia de la Escuela de Derecho de la Universidad Santo Tomás

Asesora jurídica de la Defensoría de Los Ríos expuso en encuentro binacional de derecho penal

En el seminario, en que también participaron académicos de la Universidad Nacional del Comahue (Argentina), Marcela Tapia expuso la ponencia “La ejecución de la pena privativa de libertad en Chile: una mirada con perspectiva de género”.

Por Malú Rodríguez Sepúlveda,
periodista Defensoría Regional de Los Ríos. 

En el 'Primer encuentro binacional de derecho penal', que organizó el jueves pasado la sede Valdivia de la Escuela de Derecho de la Universidad Santo Tomás (UST), la asesora jurídica de la Defensoría Regional de Los Ríos, Marcela Tapia, desarrolló la ponencia “La ejecución de la pena privativa de libertad en Chile: una mirada con perspectiva de género”.

La abogada es profesora de derecho penitenciario en la Universidad Austral de Chile y ejerció durante siete años como defensora pública penitenciaria en la región de Los Ríos, hasta agosto pasado. Al iniciar su exposición, señaló que la cárcel, en general, está pensada “por y para hombres” y, en esa línea, dio cuenta de varias brechas existentes entre la población penal masculina y femenina, en desmedro de las mujeres privadas de libertad.

BRECHAS DE GÉNERO
Respecto del perfil de las mujeres condenadas a penas privativas de libertad, la abogada dijo que los delitos más habituales no son violentos, sino vinculados a su rol de cuidadoras como madres y abuelas, tales como el microtráfico, la venta de drogas al minoreo y el hurto, lo que les permitiría proveer recursos sin salir del domicilio y seguir desempeñando su rol de cuidado.

En cuanto a  la protección de la maternidad e infancia, Tapia precisó que se ha avanzado en espacios acondicionados para pre y post natal, y en salas cunas para hijos lactantes de hasta dos años, pero no todos los centros penales del país cuentan con estos espacios. “Es necesario evitar encarcelar a mujeres embarazadas o con hijos y priorizar a la familia como aconseja la experiencia internacional”, añadió.   

Asimismo, apuntó a que, si bien se cumple con el estándar internacional del principio de separación respecto de la población masculina, debido a la menor cantidad de mujeres presas en las cárceles chilenas prácticamente no se aplica el principio de clasificación en los módulos de mujeres, como sí ocurre en los recintos de hombres.

“Las dependencias que albergan a mujeres privadas de libertad son un anexo de la infraestructura para la población masculina y si no hay clasificación, las mujeres de bajo compromiso se ven obligadas a convivir con internas de alto compromiso delictual, lo que supone un contagio criminógeno importante, mayores roces y un estado sicológico de alerta constante, que pueden activar trastornos psíquicos y emocionales serios”, advirtió.

Según la asesora jurídica, ese escenario incide en la dificultad de mantener buena conducta, lo que afecta directamente la posibilidad de obtener beneficios intrapenitenciarios y explica la escasa cifra de mujeres que los logran.

Por otra parte, mecionó que, debido a que existen sólo ocho centros penitenciarios con sección femenina en el país, muchas mujeres no puedan cumplir sus penas cerca de su lugar de residencia, lo que afecta sus procesos de reinserción social y genera informes psicosociales poco favorables para ellas, en tanto  se  pondera el nivel de arraigo social y familiar como  uno de los criterios para la obtención de beneficios intrapenitenciarios.

APUESTA POR LA REINSERCIÓN
En la ronda de consultas finales surgió la inquietud sobre qué hacer ante el aumento de la percepción sobre criminalidad en Chile y otros países de Latinoamérica, ante lo cual Marcela Tapia planteó que el Estado y la sociedad deben seguir apostando por la reinserción social. “De lo contrario, la alternativa que nos queda es un derecho penal del enemigo, de la exclusión, lo que no resulta coherente con la generalidad de instrumentos internacionales sobre la materia”, concluyó.

En el seminario expusieron además Alberto Balladini, director de la Escuela de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue (Argentina), quien se refirió a las “Garantías constitucionales en el sistema carcelario argentino”. También expuso Matías Zanona, fiscal federal en la ciudad de General Roca y profesor de teoría general del proceso y derecho procesal penal en la misma universidad, quien presentó una ponencia sobre el “Régimen de ejecución de la pena en los sistemas procesales argentinos”.

La mesa fue moderada por Liliana Ronconi, doctora en derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), quien es profesora de la Escuela de Derecho de la UST en Valdivia.

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