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28/10/2024

La actividad fue organizada por la Escuela de Derecho de la Universidad de La Serena

Defensora Regional de Coquimbo expuso en seminario sobre la Ley N° 21.675 para erradicar la violencia de género

Inés Rojas abordó los esfuerzos de la institución para contar con protocolos de defensa especializada en esta materia, especialmente para las mujeres privadas de libertad.

Por Daniel San Martín D.,
Defensoría Regional de Coquimbo.

Con una masiva asistencia de la comunidad universitaria se desarrolló un seminario sobre la Ley N° 21.675, bajo el título “Marco regulatorio para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres en razón de su género", encuentro en que expuso la Defensora Regional de Coquimbo, Inés Rojas.

La actividad, organizada por la Escuela de Derecho de la Universidad de La Serena para visibilizar la importancia de esta normativa, contó con la asistencia de autoridades regionales y de la casa de estudios, académicos y estudiantes de las carreras de derecho, ingeniería comercial, periodismo, enfermería y pedagogía en historia y geografía, quienes repletaron el salón "Pentágono" del Campus Andrés Bello.

Durante la jornada se desarrollaron diversas ponencias de autoridades y académicos que abordaron problemáticas relacionadas con distintos tipos de coacción ejercidas contra las mujeres, tales como violencia física, psicológica, sexual, simbólica, institucional, política y discriminatoria en contextos laborales, gineco-obstétricos, económicos y judiciales.

DEFENSA DE GÉNERO
En su exposición, la Defensora Regional sostuvo que la Ley N° 21.675 es fundamental para establecer definiciones claras respecto de erradicar la violencia de género, ya que proporciona un marco de referencia que permite identificar y actuar frente a estas situaciones.

Añadió que la Defensoría Penal Pública ha trabajado en diversos ámbitos para superar las desigualdades históricas y estructurales que afectan el acceso a la justicia desde la perspectiva de género y que la institución cuenta hoy con un modelo de defensa especializada en esta área.

“Un grupo significativo son las mujeres privadas de libertad. Su encierro tiene efectos que deben analizarse de manera especial. Ellas sufren abandono social y familiar, dejan de recibir visitas, la mayoría tiene roles de jefas de familia siendo el único sostén económico del hogar y dejan hijos al cuidado de familiares o vecinos”, resaltó.

La abogada sostuvo también que la defensa pública ha trabajado año a año para mejorar el servicio de defensa penal que entrega a grupos discriminados por sexo o género. También comentó que la institución tiene hoy un protocolo con instrumentos de trabajo que regulan la actividad de defensa con perspectiva de género.

“Esas herramientas, por ejemplo, fueron útiles para el caso de Camila, una mujer sin antecedentes penales que dio muerte a su ex conviviente tras una discusión, luego de años de padecer violencia física y psicológica y, pese al grave hecho, cumplió la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno durante la investigación”, concluyó.  

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