Sala de Prensa

23/05/2024

Al evento asistieron el Defensor Nacional y autoridades regionales y locales.

Defensor Regional de Antofagasta rindió cuenta de la gestión 2023

Ignacio Barrientos Pardo destacó el trabajo de defensa intrapenitenciaria y el incremento de la prisión preventiva, entre otros temas. Además, expuso sobre las acciones que la institución emprende a nivel regional para contribuir a la seguridad pública, particularmente en reinserción social.

Por Julia Arriagada Márquez,
Defensoría Regional de Antofagasta.

Más de doce mil personas fueron atendidas por la Defensoría Penal Pública en la región de Antofagasta durante el año 2023, lo que implicó un aumento de 6,4 por ciento respecto de los ingresos registrados en 2022. Sobre las características de estas atenciones y los aspectos más relevantes del quehacer institucional expuso el Defensor Regional, Ignacio Barrientos Pardo, al rendir cuenta pública de la gestión del equipo que lidera, ceremonia en la que estuvo acompañado por el Defensor Nacional, Carlos Mora Jano.

En el evento, que se llevó a cabo en el salón auditorio de la Contraloría Regional y contó con la presencia de altas autoridades regionales y representantes de los órganos intervinientes en la justicia penal en la zona, Barrientos resaltó los avances experimentados por la institución en materia de reinserción, particularmente a través del exitoso trabajo desarrollado junto al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) y a Chilevalora, que culminó durante el año en curso con la certificación de 118 personas privadas de libertad en distintas especialidades.

Al respecto, el Defensor Regional destacó que “nosotros también trabajamos por la seguridad pública. Porque cuando se realizan esfuerzos serios y honestos por la reinserción social, se hace realidad uno de los fines postergados de la pena: la rehabilitación individual. Cuando se trabaja por la reinserción social, como lo hemos venido haciendo desde hace tantos años, nos constituimos, de verdad, en agentes que apuestan por la seguridad pública”, aseguró.

PRISION PREVENTIVA
Entre las temáticas destacadas por Barrientos en su exposición destacó el incremento de la prisión preventiva como medida cautelar decretada durante 2023 por los tribunales de la región, la cual se incrementó en un 41,4 por ciento respecto de 2022, lo que se visualizó especialmente en la privación de libertad de mujeres, extranjeros y migrantes.

“Hoy las cárceles viven una situación crítica. Las causas de ello son muchas. Existe hoy un aumento de ingresos al sistema de justicia penal, mayor complejidad de los casos, mayor cantidad de prisiones preventivas decretadas, normas legales que propenden a esta medida cautelar y a disminuir espacios de aplicación de penas sustitutivas, entre ellas la pena de expulsión judicial, menor porcentajes de personas condenadas que acceden a libertad condicional, entre otras razones”, comentó.

En este sentido, resaltó que “casi todos los establecimientos penitenciarios de la región están con sobrepoblación o hacinamiento, según sus capacidades de diseño. En este escenario, la preocupación por la sobrepoblación y hacinamiento deviene necesariamente en una inquietud por las condiciones de habitabilidad de los recintos penitenciarios”, advirtió.

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
En su exposición, el Defensor Regional puntualizó que “lo largo de estos años nos hemos encargado con cierta obcecación de relevar la importancia del respeto de las garantías y derechos procesales. Hoy sigue siendo una tarea irrenunciable. Los tiempos que corren demandan una acción consistente y responsable. Por ello, nos seguirán escuchando sobre la necesidad de relevar el debido proceso y la presunción de inocencia siempre, en todo momento”, enfatizó.

Al finalizar su presentación, Ignacio Barrientos manifestó que “para todos quienes trabajamos en el sistema de justicia, el derecho debiera ser siempre una herramienta de racionalidad y legitimidad del poder. Un poder que rehúye de los limites jurídicos tiene altas probabilidades de constituirse en un poder arbitrario, propio de sistemas dictatoriales. El derecho penal y el proceso penal no pueden transformarse en formas de vindicación, ni menos en mecanismos para eludir el pleno respeto de los límites jurídicos y éticos que constituyen el marco normativo del ejercicio del poder. Cualquier poder que se ejerce causando un detrimento no necesario ni justificado para una facultad o derecho subjetivo termina sus días siendo un poder arbitrario”, finalizó.

Noticias relacionadas:


  • subir
  • imprimir
  • volver