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31/05/2024

Al entregar el balance de gestión regional del periodo 2023

Coquimbo: Defensora Regional criticó incesante aumento de privados de libertad declarados inocentes o no condenados

Inés Rojas dijo que en la región hubo 83 personas en prisión que terminaron sus causas como inocentes o no condenadas, lo que implicó 15 casos más que en 2022. Agregó que las y los defensores públicos representaron a 12 mil 25 personas imputadas el año pasado.

Por Daniel San Martín D.,
Defensoría Regional de Coquimbo.

Una crítica al aumento continuo de personas que son privadas de libertad tras ser acusadas injustamente por un delito y que, finalmente, resultan inocentes o no condenadas, realizó la Defensora Regional de Coquimbo, Inés Rojas, durante la cuenta de la gestión institucional en la región durante 2023.

La abogada explicó que el año pasado, a nivel nacional, esta cifra sumó 2 mil 7 personas, mientras que en la región hubo 83 personas -15 más que en 2022- que vivieron el drama de permanecer improcedentemente presas durante una investigación penal.

“Específicamente, entre 0 a 15 días hubo 57 inculpados, entre 16 días a 6 meses estuvieron 25 personas y por más de seis meses hubo un imputado que fueron absueltos, sobreseídos o la Fiscalía aplicó el principio de oportunidad y que, en definitiva, no recibieron una sanción penal”, aclaró.

Inés Rojas entregó estas y otras cifras relevantes en un acto realizado en el salón "Conferencias" del campus "Gabriela Mistral" de la Universidad de La Serena, que contó con la presencia del Defensor Nacional, Carlos Mora Jano, y altas autoridades regionales.

PRISIÓN PREVENTIVA Y DERECHO A DEFENSA
En su discurso, Rojas aseveró que en el ámbito en que opera la Defensoría existe un complejo escenario de seguridad ciudadana, donde la comunidad reclama y exige acciones concretas ante fenómenos delictivos como ajustes de cuentas, secuestros, extorsiones, crimen organizado, explotación sexual, bandas criminales y narcotráfico.

Añadió que, en medio de ese panorama, la institución no claudica en su rol de que se garantice sin excepciones el acceso a la justicia y el derecho a defensa de cualquier persona, misión en la que, como subrayó, la defensa pública representa mayormente a personas culpables, para quienes se pide aplicar una pena justa, pero también a personas improcedentemente encarceladas que, finalmente, eran inocentes.

“Nuestra reiterada alerta sobre el uso excesivo de la prisión preventiva y vulneración de derechos y garantías significó que en 2023 tuvimos mil 39 personas privadas de libertad con sus causas terminadas, pero sólo a 421 (40,5 por ciento) se le impuso una condena privativa de libertad efectiva. ¿Qué pasó con el 59,5 por ciento restante?”, recalcó.

La Defensora Regional sostuvo también que este abuso de la privación de libertad desencadenó en el actual sobre hacinamiento carcelario y la dificultad de las instituciones para abordar debidamente el fenómeno de la criminalidad.

“A nivel nacional, el año pasado esta medida se decretó en el 9 por ciento de las causas ingresadas: 25 mil casos. En 2021 en el 4,9 por ciento y en 2022 en un 7,7 por ciento. En nuestra región, en 2021 la prisión preventiva se aplicó al 5,8 por ciento de los ingresos, al año siguiente al 7,4 por ciento y, finalmente, en 2023 subió al 7,7 por ciento”, argumentó.

OTRAS CIFRAS
Por otra parte, la jefa regional del servicio especificó que el año pasado las y los defensores públicos representaron a 12 mil 25 personas imputadas en la región, con un incremento de 11,6 por ciento de ingresos respecto de 2022.

“De esos ingresos, el 83,1 por ciento fueron hombres y el 16,9 por ciento mujeres; el 6,7 por ciento (807) correspondió a personas migrantes o extranjeras, el 1,9 por ciento (238) a personas de pueblos originarios y, finalmente, un 3,9 por ciento (475) a jóvenes de entre 14 y 18 años”, indicó.

Agregó que, asimismo, las y los abogados del servicio comparecieron en 33 mil 551 audiencias efectivas, de las cuales 663 fueron juicios orales, en los que lograron un 18 por ciento de sentencias absolutorias.

Inés Rojas también expuso que la Defensoría Regional contabilizó 15 mil 750 delitos durante el año, contexto en que los más frecuentes fueron las lesiones (18,5 por ciento), los delitos contra la libertad e intimidad de las personas (18,1 por ciento) y otros delitos contra la propiedad (10,5 por ciento).

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