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06/06/2024
En el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Chillán
Defensoría de Ñuble difundió derechos a personas con discapacidad y adultos mayores privados de libertad
Según el manual de derechos humanos para la función penitenciaria elaborado por Gendarmería, se recomienda que las cárceles cuenten con programas de salud e integración para adultos mayores, además de velar por el derecho al libre desplazamiento de personas con discapacidad.
Por Claudia Riquelme Soto,
Defensoría Regional de Ñuble.
Un equipo de la Defensoría Regional de Ñuble, liderado por el jefe (s) de Estudios, Humberto Serri, conversaron con todas las personas condenas adultas mayores y con quienes también se encuentran en situación de discapacidad y que están recluidas en el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Chillán.
Esta iniciativa permitió a los profesionales de la institución explicar con mayor detalle los derechos que les asisten como grupo vulnerable, exponiéndoles sobre las medidas contra la discriminación y las normas sobre la igualdad de oportunidades e inclusión social.
Junto con ello, se revisaron sus antecedentes para eventuales postulaciones a beneficios y se resolvieron sus dudas respecto de sus causas penales.
“Sabemos de las necesidades específicas y de la multiplicidad de condiciones que pueden incidir negativamente en el desempeño con autonomía al interior de las cárceles. Por esta razón es que estamos acá, con uno de los equipos de defensa penitenciaria, con el fin de fortalecer nuestros esfuerzos para conocer y visibilizar las diferencias para luego, a partir de la realidad que nos comenten, ver la posibilidad de realizar acciones jurídicas que permitan disminuir esas desigualdades”, explicó el directivo a los usuarios.
ESPECIAL ATENCIÓN
El jefe (s) de Estudios fue acompañado por la defensora penitenciaria Javiera Mellado, quien expuso el trabajo especial que se realiza con las personas adultas mayores y con aquellas que tienen discapacidad física o movilidad reducida.
“Como institución, buscamos entregar un asesoramiento integral, especialmente a aquellas personas privadas de libertad en un recinto penitenciario y que, además, poseen factores adicionales de vulnerabilidad, como la discapacidad o ser adultos mayores. Los equipos de defensa penitenciaria tenemos especial atención con estos grupos, ya que la mayoría de las cárceles de nuestra región no cuentan con una infraestructura acorde a las necesidades de nuestros usuarios con requerimientos particulares”, manifestó la defensora pública.
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