Sala de Prensa

13/06/2024

El balance anual se realizó en el auditorio del Centro de Educación Continua de la Universidad Austral de Chile

Defensor Regional de Los Ríos rindió cuenta pública de la gestión institucional 2023 en la zona

Con el Defensor Nacional, Carlos Mora Jano, presente en la ceremonia, el Defensor Regional, Luis Soto Pozo, dio a conocer las principales estadísticas en cobertura de defensa y distintas iniciativas para mejorar la calidad del servicio en la región.

Por Malú Rodríguez Sepúlveda,
periodista Defensoría Regional de Los Ríos.

Con la presencia del Defensor Nacional, Carlos Mora Jano; del gobernador regional, Luis Cuvertino Gómez; del presidente de la Corte de Apelaciones de Valdivia, José Ignacio Correa Rosado, y de autoridades civiles y militares, representantes de la sociedad civil y del mundo académico, este martes 11 el Defensor Regional de Los Ríos, Luis Soto Pozo, rindió cuenta pública de la gestión 2023 de su equipo, en una ceremonia realizada en el auditorio del Centro de Educación Continua de la Universidad Austral de Chile (UACh), en Valdivia.

Al inicio de su alocución, Soto Pozo expuso una mirada crítica respecto de una suerte de "frenesí legislativo” en materia penal en los últimos años, contexto en que, aseguró, se han tramitado una serie de iniciativas de ”orientación punitivista”.

“Sin negar la constatación de nuevas formas de criminalidad organizada, con expresiones más violentas que las registradas hasta hace poco, a partir de nuestro acervo y labor es también nuestra responsabilidad advertir los riesgos del populismo penal y, por cierto, sobre las variables que se van concatenando para que ese vertiginoso debate inexorablemente concluya en aumento y rigidización de las penas”, aseguró.

El jefe regional de la defensa pública cuestionó, asimismo, el contenido y tratamiento informativo del sistema de medios de comunicación, con profusas noticias policiales, “que modelan percepciones ciudadanas, las que son recogidas por legisladores y se va instalando una falsa dicotomía entre la seguridad pública y el respeto de los derechos humanos”, afirmó.

En la misma perspectiva, Soto Pozo mencionó  el excesivo uso de la prisión preventiva como una práctica que se aleja del espíritu fundante de la reforma procesal penal. Indicó, por ejemplo, que "el año pasado, de las 21 mil 833 personas que estuvieron en prisión preventiva, a sólo el 37,8 por ciento se le impuso finalmente una pena de cárcel y, en  el caso de los adolescentes, de mil 352 jóvenes que estuvieron en internación provisoria, sólo al 27,3 por ciento se le decretó una sanción en régimen cerrado".

Según el directivo, “esta medida cautelar no puede ser utilizada como pena anticipada, porque eso -además de una vulneración de derechos procesales, ha decantado en hacinamiento carcelario y es un escollo para abordar de manera integral la criminalidad”.

CALIDAD DE LA DEFENSA 
En cuanto a la gestión regional, el abogado destacó la permanente capacitación del equipo de defensa pública en la zona, la gestión de conocimiento en las clínicas jurídicas, la diversificación del catálogo de peritajes, el trabajo en red para potenciar la oferta pública en justicia penal y la ejecución del plan anual de calidad de defensa en hitos procesales claves para las y los defensores públicos.

Además, destacó la facilitación de 460 entrevistas por videoconferencia en el complejo penitenciario de Valdivia, para que las y los defensores públicos de distintas regiones pudieran entrevistarse con las personas que representan y que fueron trasladadas a esa unidad penal.

DEFENSAS ESPECIALIZADAS
Respecto de la defensa especializada de adolescentes, Luis Soto Pozo destacó la atención de familiares, mantener constantemente informadas a las y los jóvenes imputados sobre las gestiones de su defensa; la labor recursiva del equipo regional y su empeño por sustituir internaciones provisorias por medidas cautelares en libertad.

En cuanto a la defensa indígena en Panguipulli y Valdivia, el directivo destacó el contacto directo con las distintas comunidades mapuche, una gestión operativa que atiende permanentemente el factor de ruralidad y el uso de pericias antropológicas como prueba idónea.

En relación a la defensa penitenciaria, Soto Pozo destacó el aporte institucional en la 'Comisión de libertad condicional' y las gestiones jurídicas, sociales y administrativas para que internos e internas desarrollen sus procesos de reinserción social y puedan optar, de manera progresiva, a beneficios intrapenitenciarios.

Asimismo, relevó particularmente un recurso de amparo interpuesto en conjunto con la oficina regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), acción que fue acogida por el Tribunal de Garantía de Valdivia, que ordenó restablecer las condiciones de dignidad para 200 internos en la unidad penal de Valdivia en julio del año pasado.

DIFUSIÓN DE DERECHOS  
Bajo los principios de Justicia Abierta y participación ciudadana, el Defensor Regional mencionó que se desarrollaron una serie de actividades de difusión en torno al ejercicio de derechos, desde una perspectiva de educación y reflexión cívica.

Entre otras, mencionó la realización de plazas y diálogos penitenciarios, el ciclo “Diálogos de defensa” en colaboración con la radio de la Universidad Austral de Chile, conversatorios con unidades vecinales, escuelas y liceos, y el ciclo de capacitación en derechos humanos con Carabineros de la región.

SERVICIO DE DEFENSA
Respecto de la tramitación de causas en la Defensoría en Los Ríos, Soto Pozo explicó que durante 2023 ingresaron 8 mil 797 causas, cuyos perfiles correspondieron a mujeres (19 por ciento), adolescentes (5 por ciento), personas extranjeras o migrantes (1,6 por ciento) y personas que declararon pertenecer al pueblo mapuche (11 por ciento).

Los delitos más frecuentes del periodo, en tanto, fueron violencia intrafamiliar (22 por ciento), lesiones (16 por ciento), amenazas simples (14,5 por ciento), conducción en estado de ebriedad (9 por ciento), hurto simple (7,3 por ciento), estafas y otras defraudaciones (6,4  por ciento), microtráfico de drogas (3 por ciento) y tráfico de drogas (1,3 por ciento).

En cuanto a los delitos de mayor connotación social, sostuvo que los robos en lugar habitado representaron el 1 por ciento del total regional, mientras que los robos con violencia sumaron sólo el 0,7 por ciento de los ingresos.

Por último, del total de personas que la Defensoría Regional representó en 2023, 464 estuvieron en prisión preventiva y mil 51 fueron declaradas inocentes o no condenadas.

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