Sala de Prensa

04/07/2024

En charla sobre delitos funcionarios

Defensora Regional de Magallanes abordó la responsabilidad penal de los funcionarios públicos

Cerca de un centenar de profesionales de diversas reparticiones estatales conocieron de manera didáctica las normas penales que rigen la función pública.

Por Héctor Martínez Díaz,
Defensoría Regional de Magallanes y Antártica Chilena.

Con el fin de difundir la labor de la Defensoría Penal Pública e instruir a funcionarias y funcionarios del sector público, la Defensora Regional de Magallanes, Verónica Reyes Cea, y el jefe regional de Estudios de la institución, Rodrigo Lillo Vera, explicaron la responsabilidad penal de las y los funcionarios públicos, en una charla de capacitación sobre delitos funcionarios que ofrecieron en el auditorio de la Contraloría Regional de Magallanes.

La actividad, organizada en conjunto por las Secretarías Regionales Ministeriales (Seremis) del Trabajo y de Justicia y Derechos Humanos, logró una gran convocatoria y permitió a cerca de un centenar de funcionarias y funcionarios de distintos servicios y reparticiones públicas actualizar sus conocimientos sobre esta fundamental temática dentro de la administración del Estado.

Las exposiciones fueron seguidas con mucho interés por las y los asistentes, quienes formularon diversas consultas porque, tal como señaló Verónica Reyes, “los delitos funcionarios son un tema que, en la actualidad, está muy presente en la agenda mediática, por lo que intentamos explicar de una manera didáctica las normas que rigen a los funcionarios públicos”.

FALTAS DE PROBIDAD
En su presentación, la Defensora Regional se refirió a diversos delitos que suponen faltas de probidad, como la malversación de caudales públicos o el fraude al fisco, cuyas figuras penales tienen como sujetos activos a las y los funcionario públicos, entre otros temas.

Del mismo modo, la abogada hizo alusión a la naturaleza y extensión de las penas, a la obligación de denunciar y a los conceptos de responsabilidad penal y responsabilidad administrativa, respectivamente.

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