Sala de Prensa

19/07/2024

Con foco en los procesos de libertad condicional y la atención de otros diversos requerimientos

Antofagasta: defensa penitenciaria desarrolla arduo trabajo para cautelar derechos de personas condenadas

Durante el primer semestre de 2024, las defensoras penitenciarias Camila Leonicio, Francheska Araya y Génesis Espinoza atendieron los requerimientos de 784 personas que cumplen condena en los cinco recintos penitenciarios de la región.

Por Julia Arriagada Márquez,
Defensoría Regional de Antofagasta.

Pese a que la presión mediática y los discursos populistas -entre otros factores- afectan la aplicación de la libertad condicional y reducen cada vez más el número de personas que acceden a este derecho, las defensoras públicas penitenciarias de la región de Antofagasta trabajan permanentemente para llegar hasta las últimas instancias judiciales con los antecedentes de postulantes que cumplen con todos los requisitos y, aun así, son rechazados. Esto implica una gran labor recursiva y, cuando aún no concluye el proceso de abril, ya se asoma el de octubre próximo.

No obstante, esta labor no es la única que desarrolla el equipo penitenciario regional, pues paralelamente trabaja atendiendo los requerimientos de los demás condenados y condenadas y sus familias. Tanto es así, que sólo durante el primer semestre de 2024 las defensoras públicas Camila Leonicio Uribe y Francheska Araya Carvajal en Antofagasta y Taltal, junto a Génesis Espinoza Pizarro en Calama y Tocopilla, suman 784 solicitudes de distinta naturaleza, vinculados a traslados, atenciones médicas, restitución de beneficios intrapenitenciarios, sustitución de penas e, incluso, cambios de sexo registral, entre muchos otros asuntos que requieren multiplicidad de gestiones para llegar a buen puerto.

SUSTITUCION DE PENA
En el caso de Francheska Araya, uno de sus casos más recientes fue la sustitución de pena efectiva por arresto domiciliario total, atendido el estado de salud de su representado. Además de los informes que daban cuenta de su actual condición y de su discapacidad física, en una cautela de garantías la abogada expuso la necesidad de facilitar su acceso a un recinto hospitalario, dado que requiere continuos controles médicos y se desplaza en silla de ruedas.

Durante la audiencia, que dirigió la magistrada Sissy Bertoglio, Francheska Araya explicó que, como consta en el informe emanado de la Unidad de Salud del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Nudo Uribe, el condenado, quien cumplía pena hasta 2027, evolucionaba en muy malas condiciones, con compromiso general a raíz de un extenso compromiso inflamatorio del tejido celular subcutáneo, que comprometía todo el glúteo izquierdo, y un estado general de cuidado.

Con este diagnóstico, el hombre fue trasladado al Hospital Regional, donde fue operado de urgencia y requirió de cuidados que no podían ser garantizados en privación de libertad.

RESTITUCIÓN DE BENEFICIO
La defensora pública Camila Leonicio, en tanto, presentó ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta un recurso de amparo, luego de que el Consejo Técnico de Nudo Uribe revocó beneficios previamente otorgados al amparado, basándose en que habían cometido un error al conceder salida dominical y salida de fin de semana a un condenado.

En efecto, todo ello fue reconocido, pero el tribunal de garantía rechazó la impugnación de la defensora penitenciaria, a pesar de que el usuario cumplió previamente los requisitos del beneficio otorgado.

Según consta en el respectivo fallo de la Corte, la administración penitenciaria no puede fundar la revocación en una circunstancia que existe desde antes del otorgamiento del beneficio, esto es, los informes de postulación desfavorables, que fueron analizados y ponderados en cada sesión del consejo, órgano que decidió, por mayoría, emitir un informe favorable, cuestión que no puede ser desconocida con posterioridad y por una errónea interpretación normativa.

En términos generales, el tribunal de alzada expresó que los mismos antecedentes (informes) no pueden servir para que el mismo órgano, por un lado, otorgue un beneficio y, por otro, lo revoque. En consecuencia, sostuvo que la decisión adoptada por el Consejo Técnico de Gendarmería de Chile es ilegal.

Al respecto, la defensora penitenciaria destacó que ”resulta reconfortante que la corte reconozca que los beneficios se obtuvieron conforme a ley y se ejercieron en el mismo sentido, por lo que es de justicia su reconocimiento y restitución”, indicó.

CORTE SUPREMA
De igual forma, la misma defensora pública logró que la segunda sala de la Corte Suprema diera orden de retorno a un condenado que había sido derivado desde Nudo Uribe hasta la cárcel de Valdivia, provocando su desarraigo y distanciándolo de su familia a pesar de una complicada condición de salud.

La abogada recurrió primero ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, para solicitar que se ordenara el retorno del condenado, pero sus argumentos fueron desestimados. Por ello, presentó una apelación ante el máximo tribunal del país, argumentando -entre otras razones- que el único fundamento del traslado es un plan de descongestión del principal centro penal de la región. También destacó que previo a esto, el amparado mantenía una calificación de conducta muy buena.

En su acción constitucional, la defensora penitenciaria explicó que la red de apoyo del condenado está constituida, principalmente, por su pareja y el hijo de ambos, de 8 años de edad, quien ha sufrido también las repercusiones de no ver a su padre.

“La Corte Suprema da cumplimiento a una norma que la administración penitenciaria recurrentemente soslaya cuando genera los traslados, que es la necesidad de cumplir condena en un lugar preferentemente cercano al lugar donde se encuentra su red de apoyo, pues son precisamente quienes apoyan y colaboran en la reinserción social. Así, se releva la importancia de ponderar este aspecto antes de decidir los traslados y el deber de justificar las decisiones sobre lo mismo”, indicó Camila Leonicio, tras lo cual la Corte Suprema dio orden de retornar al condenado a cualquier centro penal de la región de Antofagasta y, por tanto, preservar el contacto con su familia.

Estos casos son sólo una muestra de los más de 780 requerimientos que las defensoras penitenciarias han debido tramitar durante el primer semestre, todos los cuales buscan garantizar los derechos de las personas privadas de libertad que cumplen condena en los centros penales de la región.

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