Sala de Prensa

24/10/2024

En la cárcel de Copiapó

Equipo de la Defensoría de Atacama atendió a población penal en plaza de justicia y derechos humanos

La actividad fue organizada por la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, con la participación, además, de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) y el Servicio de Migraciones.

Por Claudia Jiménez C.,
periodista Defensoría Regional de Atacama.

La jefa de la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional de Atacama, Violeta Villalobos, junto al defensor público Eduardo Rojas y a Krishna Cabezas, estudiante de derecho de la Universidad de Atacama que realiza su práctica profesional en la institución, atendieron las consultas de 30 hombre y mujeres que cumplen condenas privativas de libertad en el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Copiapó.

“Las defensas especializadas son nuestra preocupación, como en este caso, porque las y los usuarios tienen la doble calidad de ser migrantes y encontrarse condenados en un recinto penal. Ellos requieren que les respondan las consultas de un modo integral, considerando su situación migratoria y los beneficios intrapenitenciarios a los que pueden acceder, entre otros”, comentó la jefa de Estudios.

Presente en la actividad, el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Tomás Garay, dijo que “el objetivo principal de estas atenciones es acercar la justicia a la población migrante privada de libertad, para que puedan acceder a orientación y recibir información sobre sus condenas y su situación migratoria”, indicó.

PRINCIPALES CONSULTAS
La plaza de justicia, que se extendió por dos horas, fue muy bien aprovechada por las personas que se acercaron a los profesionales de la Defensoría Regional, ocasión en que las materias más consultadas tuvieron que ver con el estado de avance de sus requerimientos penitenciarios, orientación para la tramitación de unificación de penas, traslados y/o expulsión a sus países de origen, revisión de sentencias, entre otras materias de interés.

“Otra de las materias informadas fueron los requisitos que deben cumplir para solicitar el traslado o expulsión a sus países de origen, procesos que se enmarcan en los convenios que ha suscrito Chile con diversos países y que, de acuerdo a tratados internacionales, permiten a las personas extranjeras condenadas por los tribunales de justicia chilenos seguir cumpliendo sus condenas en su nación de origen, con mayores condiciones de arraigo familiar y cultural, fortaleciendo sus procesos de reinserción social”, indicó Villalobos Utreras.

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