Sala de Prensa

24/10/2024

Fue organizado por la Corporación Opción y la Seremi de Justicia y Derechos Humanos

Defensoría Regional de Aysén participó en seminario “Desafíos en materia de justicia juvenil”

El encuentro convocó a los principales actores de la justicia penal adolescente en la región.

Por Valeska Olavarria Gallardo,
periodista Defensoría Regional de Aysén.

Con el objetivo de generar un proceso de diálogo y análisis ante la inminente entrada en vigencia de la Ley N° 21.527 en la zona, recientemente en el auditorio de la Biblioteca Regional en Coyhaique se desarrolló un seminario en el que participaron los principales actores del sistema de justicia penal de la región.

Cabe señalar que esta normativa crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la Ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes (LRPA). Su entrada en vigencia es progresiva en el país, por lo que Aysén estará bajo la nueva normativa a partir de enero de 2025.

De esta manera, en dos paneles temáticos -integrados por Rocío Faúndez, directora nacional del nuevo servicio; Samuel Navarro Castro, seremi de Justicia y Derechos Humanos; Osvaldo Vásquez, coordinador de proyectos de la Corporación Opción; Mauricio Martínez, Defensor Regional (s) de Aysén, y José Moris, fiscal regional (S) de Aysén, se analizaron los desafíos que enfrentará la región cuando empiece el proceso.

AVANCE POSITIVO
Mauricio Martínez calificó como muy positiva la próxima entrada en funciones del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil en la zona y, simultáneamente, la puesta en vigencia de las diversas modificaciones que se hicieron a la ley penal juvenil.

“Tomarnos en serio los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes es la herramienta más eficaz para la prevención de la violencia en el ámbito de la prevención del delito. Desde ese prisma, el fortalecimiento de la defensa resulta ser un deber ineludible”, explicó.

Para el directivo institucional esto implica que se cumpla a cabalidad el nuevo artículo 29 ter de la Ley N° 20.084, que ordena que jueces, fiscales y defensores especializados en materia de RPA deben capacitarse, como mínimo, respecto de esa norma legal y su respectivo reglamento. Martínez señaló también que las leyes penales especiales para los adolescentes no pueden representar, en caso alguno, sólo un sistema criminal atenuado para ellas y ellos.

En vista de la complejidad del panorama, el Defensor Regional (s) destacó que el principal riesgo que deberá enfrentar esta importante reforma legal es evitar que, a partir de enero próximo, "lo que tengamos en la región sea principalmente un cambio de nombres y nomenclaturas, pero no un cambio real, no un profundo cambio de paradigmas, una forma realmente distinta de entender y ejecutar las medidas y sanciones que se decretan en el sistema de justicia penal respecto de niños, niñas y adolescentes (NNA)", sostuvo.

LOS DESAFÍOS
Respecto del riesgo de lograr, tal como lo ordena el artículo 21 de la Ley N° 21.430 sobre garantías y protección integral de la niñez y la adolescencia, un efectivo y fluido trabajo intersectorial al momento de planificar y ejecutar aquellas intervenciones que se estima necesario realizar en el contexto de la ejecución de una medida o sanción de RPA, el abogado explicó que en Aysén, por el limitado número de jóvenes infractores de ley que pasan por el sistema, particularmente con casos más complejos, se ofrece como una de las regiones donde más significativos y positivos resultados pudiese generar un efectivo trabajo intersectorial.

“Confiamos en que el comité operativo regional de Aysén contribuirá de manera muy significativa a importantes logros en estas materias”, dijo.

Finalmente, sobre la posibilidad real de dar respuesta satisfactoria en la región al deber de especialización que se impone a jueces, fiscales y defensores públicos, Martínez sostuvo que este es un desafío mayor, dadas las extremas características geográficas de Aysén y en donde tres de las cinco jurisdicciones de Garantía tienen sólo juez para las materias penales, civiles y de familia.

“Acá sin duda el desafío es mayor, pero debemos agotar todos los esfuerzos para dar, cada una de las instituciones, el debido cumplimiento a la especialización que ordena la ley”, comentó.

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